Andrés Felipe Arias será interrogado por un fiscal anticorrupción en pocos días 'No existe responsabilidad mía' Por: Redacción Judicial El Espectador presenta algunas de las declaraciones que el ex ministro dio en versión libre en la Procuraduría hace unos meses. Arias sostuvo su inocencia y señaló que AIS es un programa que se salva de la politiquería. 
Foto: David Campuzano Arias aseguró que nunca tuvo conocimiento de quiénes resultaron beneficiados con AIS.
“No puede existir responsabilidad mía en la ejecución, implementación operativa y falta de control del modus operandi del fraccionamiento de tierras y simulación de contratos de arrendamiento que condujo a una concentración anómala de recursos de riesgo de Agro Ingreso Seguro (AIS) en manos de algunas personas”. La defensa es del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Sus razones se las entregó a la Procuraduría el 24 de marzo pasado, en el marco del escándalo por el favorecimiento de tradicionales dinastías políticas de la Costa y hasta ex reinas de belleza que recibieron millonarios subsidios del Estado, aparentemente de manera irregular.
Explicaciones que deberá refrendar en la Fiscalía luego de que esta semana se formalizara su llamado a interrogatorio, por orden del fiscal general, Guillermo Mendoza. Por eso cobra relevancia la versión libre que le entregó Arias a la Procuraduría, consignada en un extenso documento de 61 páginas conocido por El Espectador. Lo primero que dijo fue que en otras administraciones, sin aludir a nombres precisos, se asignaban recursos a dedo y eran las ‘roscas’ y los padrinazgos los que prevalecían sobre las decisiones públicas, “un desastre derivado de la politiquería”. Y a renglón seguido concluyó que “este debate se ha tornado político y algunos han osado decir que AIS es un programa pro-rico”, cuando, según él, se observa todo lo contrario “si las cifras se analizan sin sesgo político y sin pasión”.
Una frase que ha venido repitiendo el ex ministro desde hace un año, cuando la revista Cambio reveló que familias como la Dávila, Vives, Lacouture, Dangond, Tribín, Fernández de Castro, entre otras, muchas de ellas aportantes al cuestionado referendo reeleccionista que buscaba un tercer mandato consecutivo de Álvaro Uribe Vélez, habían sido beneficiarios de dineros de AIS, un programa diseñado por el Gobierno para paliar los impactos del TLC con Estados Unidos en el campo y dirigido, en teoría, a pequeños y medianos productores del agro. Sin embargo, el país se escandalizó cuando también quedó en evidencia que poderosos ingenieros azucareros del Valle, como Mayagüez y Manuelita, coincidencialmente aportaron al referendo y recibieron subsidios por $1.365 millones.
Otras perlas detectadas por los medios de comunicación dieron cuenta, como lo denunció el senador del
Polo Democrático Jorge Robledo, que un grupo de 45 empresas que entregaron unos $550 millones para financiar la campaña a la Presidencia de Álvaro Uribe en 2002, terminaron recibiendo subsidios por un valor superior a los $33.000 millones del programa de AIS. Y lo que es más grave, el periodista Daniel Coronell, director de Noticias Uno, demostró que beneficiarios de Agro Ingreso resultaron dando aportes económicos a la campaña de Andrés Felipe Arias como precandidato conservador el año pasado. No obstante, Arias le dijo a la Procuraduría que AIS era un programa que se otorgaba “en igualdad de condiciones, sin importar el color político, región de origen, apellido y su afecto o desafecto por el Gobierno”.
Para poner en funcionamiento este proyecto gubernamental, el Ministerio de Agricultura acudió a un organismo adscrito a la OEA que contaba —en palabras de Arias— con la experiencia, trayectoria, capital humano y capacidad científica para apoyar el programa de riego y drenaje: el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Y entre 2007 y 2009 se firmaron cuatro convenios por cerca de $500 mil millones para que el IICA adelantara toda la operación de convocatoria, selección de propuestas, contratación, ejecución y seguimiento del programa de riego y drenaje de AIS. Dicho de otro modo, el IICA estaba encargado de revisar la letra menuda de los beneficiarios y junto con el Ministerio debía desarrollar filtros para evitar que avivatos se adueñaran de subsidios, como ocurrió en este caso y así reconoció el propio Arias.
Según explicó, es normal que en el campo una familia parcele su finca entre sus hijos y que éstos, a su vez, lo hagan con otros familiares. En ese contexto, AIS permitía que todos accedieran de manera individual a los incentivos que se ofrecían, “pues cada parcela termina siendo una explotación independiente”. Arias tampoco vio anormal que muchos campesinos fueran arrendatarios de terrenos que también pudieron favorecerse de AIS, pues “de otro modo el programa sería discriminatorio”. Pero —admitió— “simular una parcelación pocos días antes de una convocatoria, con arrendamientos artificiales a terceras personas y por debajo del verdadero valor del mercado, con el fin de concentrar más recursos de riego que lo que la norma permite en manos de un solo dueño, o concentrar el incentivo de varios proyectos en un predio es, en el mejor de los casos, un abuso contra el programa”.
En su defensa, resaltó que jamás concibió “dicho modus operandi”; que no era el espíritu del proyecto inducir o permitir esta concentración de dineros en un solo predio, aún más si se violaban los topes establecidos en cada convocatoria; que él daba los lineamientos para cada convocatoria, pero que “nunca podía llegar hasta la parte operativa y menos hasta el detalle técnico de adjudicación de los proyectos”, por lo que su responsabilidad no era la ejecución de los convenios, sino el diseño de la política de agro allí plasmada. “Era imposible para mí haber detectado o denunciado cualquier anomalía, menos cuando no se reportaba fraccionamiento de predios o simulación de contratos”. Y para decirlo en palabras castizas, si de errores o colados se trata, Arias responsabilizó a funcionarios técnicos del Ministerio y del IICA. Cualquiera menos él.