Más tarde se vería que este último objetivo había sido iniciativa de gamonales regionales, que encontraron en él una forma adecuada para ejercer su poder omnímodo. Como es obvio, paramilitares y narcotraficantes lo acogieron por mutua conveniencia. Con el declinar de su proyecto antisubversivo, a los paramilitares les era rentable cederle el costo de sus ejércitos al Estado, que asumió la incorporación de desmovilizados a la vida civil en un proceso lleno de improvisaciones y falencias, que siguen sin resolver luego de varios años.
…y la olla podrida
La olla podrida de esta política se destapó cuando el gobierno intervino de manera arbitraria para evitar judicializaciones y condenas de los integrantes de su bancada en el Congreso. Esos políticos, clientelistas y corruptos, fueron quienes le sirvieron de comodines a los gamonales para presentar sus iniciativas de paz con los paramilitares.
De ahí el incumplimiento de promesas oficiales hechas a los jefes ‘paras’ durante el proceso de desmovilización y con posterioridad a él, conducta que se hizo evidente con la extradición al unísono de 14 de los más connotados cabecillas en 2008. Antes esas medidas se habían tomado con cuentagotas. El costo institucional de esta actitud de respaldo a políticos corruptos fue alto, como que implicó el enfrentamiento entre diversas ramas del poder público, pero sobre todo entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.
Además, para las incontables víctimas del paramilitarismo la ausencia de sus verdugos acarreó dificultades insalvables en el propósito de conocer la verdad y obtener la reparación a que tienen derecho. Y eso, sin contar con la falta de voluntad oficial para lograr estos efectos.
Mala yerba nunca muere
La improvisación del proceso de incorporación de los paramilitares desmovilizados a la vida civil se convirtió en un factor favorable para la formación de nuevas bandas, lo que se suma a otros factores propios de la dinámica de reproducción sostenida del difícil conflicto armado colombiano.
El panorama de las llamadas BACRIM (‘Bandas Criminales’) es complejo. Entre ellas hay:
- Bandas que no se desmovilizaron
- Bandas que cometen acciones antisubversivas propias de paramilitares
- Bandas que se dedican al narcotráfico
- Bandas que tienen entronques con ‘parapolíticos’
- Bandas que forman parte de la delincuencia organizada.
De acuerdo con la Policía Nacional, hay seis ‘Bandas Criminales’ principales:
- ‘Ejército Revolucionario Popular’, que opera en los Llanos Orientales
- ‘Los Rastrojos’, en el Valle, Antioquia, Cesar y Nariño
- ‘Urabá’, que tiene su centro de actividades en la Costa Atlántica
- ‘Renacer’, ubicada en el departamento del Chocó
- ‘Los Machos’, del Valle del Cauca, y
- ‘Los Paisas’, en Antioquia, Bolívar, Sucre y la Guajira[2].
Esta capacidad de reproducción de la delincuencia organizada contrarresta los logros alcanzados previamente en materia de seguridad y agrava la atención a las víctimas, que de por sí han sido tratadas en forma marginal y desgreñada por la PSD. Las víctimas se cuentan por millones en un amplio abanico de casos, que cubren desplazados, dolientes de cientos de masacres y miles de asesinatos y secuestros.
¿Justicia? ¿Paz?
La norma más visible de las que pretenden prestar atención a las víctimas del conflicto es la Ley de Justicia y Paz. Los proyectos que desembocaron en ella se preocuparon más por suavizar los castigos a los verdugos, que por proteger a las víctimas. Luego de cinco años de expedida la ley han sido condenados sólo dos entre los miles de victimarios, aunque hay que reconocer que ha servido para buscar alguna parte de la verdad en las tragedias ocurridas.
Los bienes incautados a paramilitares y narcotraficantes son irrisorios frente a los que éstos acumularon y ‘legalizaron’, en su mayoría a través de testaferros. Además, son muchas las tierras usurpadas que están en poder de conocidos ‘propietarios’ de dudosa reputación, varias de ellas ocupadas con aquiescencia del gobierno. En las entidades encargadas de administrar tales bienes ha primado la improvisación, la incapacidad y la corrupción. Y mientras tanto, alrededor de cuatro millones de desplazados deambulan en la miseria absoluta por pueblos y ciudades, en tanto que quienes se han atrevido a reclamar sus derechos o a volver a las fincas o parcelas asignadas por el gobierno, han sido asesinados y diezmados por sicarios.
El eterno problema de las drogas
Existen otras políticas oficiales dispersas que se refieren a los objetivos formales de la Seguridad Democrática. La de mayor audiencia internacional es la de las drogas, que ha sido un caballito de batalla en ascenso desde hace tres décadas, y que en el año 2000 pasó a primer plano, tras la aprobación del Plan Colombia por el Congreso de Estados Unidos, luego de que el gobierno de ese país le pusiera cifras a la etérea idea de un ‘Plan Marshall para Colombia’, que se agitó en el período de Andrés Pastrana.
Desde 2001 hasta ahora, Estados Unidos ha gastado unos 6 mil millones de dólares, que se suman a una cifra todavía mayor del presupuesto nacional para erradicación de cultivos ilícitos y otros menesteres afines[3].
Pese al optimismo según el cual en el año 2009 se presentaron las cifras más bajas de cultivos de coca desde 1998, equivalentes a 68.025 hectáreas[4], esta política estratégica de la Seguridad Democrática ha sido su mayor fracaso y ha causado graves problemas como el desplazamiento de poblaciones enteras, la depredación de la naturaleza y crímenes a diestra y siniestra. Las razones que se han expuesto con frecuencia para ayudar en la búsqueda de un comienzo de solución han chocado con la invariable terquedad del gobierno.
Carreteras e informantes
Otras políticas sueltas rindieron también importantes frutos al gobierno. La principal de ellas fue la llamada ‘Viva Colombia, viaja por ella’. Se trató de recuperar la movilidad en las carreteras, afectada por el temor generalizado ante los secuestros, los ‘falsos retenes’ y las ‘pescas milagrosas’ de la guerrilla. Caravanas de escoltas de la fuerza pública y constantes patrullajes centrados en las vías principales tomaron fuerza desde el comienzo del gobierno. Su efecto favorable fue inmediato, sobre todo en la percepción de seguridad de sectores medios y altos de la población. Esta libertad de movilización fue tal vez la que más dividendos políticos inmediatos le dio al gobierno, dividendos que se han mantenido.
La recuperación de las cabeceras municipales de zonas controladas por las guerrillas fue un proceso difícil, lento e improvisado. Los ‘soldados campesinos’, luego llamados ‘soldados de mi pueblo’, asumieron funciones de policía que no les correspondían: mantener territorios. Por otra parte, en los primeros años del gobierno Uribe la estigmatización oficial de la población de esas zonas se reflejó en la creación de amplias redes de informantes, improvisados y sin evaluación, y en redadas masivas llenas de arbitrariedades, que terminaron con la libertad de la mayoría de detenidos, judicializaciones sin fundamento y hasta asesinatos de personas inocentes. A diferencia de las ciudades, donde la fuerza pública ha alcanzado niveles de aceptación sin precedentes, en esas zonas aún prima la desconfianza frente al Estado, ya que no han terminado las arbitrariedades.
Recuperación social del territorio
Como parte de la PCSD hay una iniciativa importante, la ‘recuperación social del territorio’, que se inició en 2008 con el propósito de aprovechar los planes de obras públicas y la erradicación manual de cultivos de coca en el área de La Macarena (municipios de Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico y La Macarena, cuatro de ellos parte de la ‘zona de despeje’ en el proceso de conversaciones con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana). Para adelantar ese ‘primer proyecto de consolidación de la PSD’, se diseñó un plan híbrido, dependiente del Ministerio de Defensa y de la Vicepresidencia de la República, con cooperación internacional, y protegido por la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, ubicada en el área.
El primer ensayo ha tenido éxitos dado el vacío de políticas sociales en la PSD. Sin embargo, la titulación de tierras, fundamento de la estabilización de los campesinos, fue frenada por el anterior ministro de Agricultura con el argumento de que estos últimos eran “auxiliadores de la guerrilla”. En medio de la línea represiva de la PSD, esta política comenzó a repetirse en Montes de María.
Inequidad e iniquidad
La gran capacidad de reproducción del conflicto es el factor clave para entender que la vía militar a ultranza –sobre todo en el caso de la inacabada arremetida contra las FARC− no tiene cabida si se quiere llegar a una paz sostenible y duradera. Si no hay un tratamiento político sistemático, no será posible que comience un proceso viable que logre el final del conflicto.
La persistente y profunda exclusión social, unida al agresivo contraste en las mismas zonas geográficas entre la pobreza y miseria de la mayoría frente a la opulencia de unos pocos, son estímulos permanentes de la violencia. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. El eterno y cada vez más grave problema de las tierras con su:
- Concentración de la propiedad,
- Sobre-representación política de terratenientes,
- Incapacidad para el cobro oficial de un impuesto predial rural y municipal equilibrado,
- Despojo,
- Desplazamiento forzado y
- Ausencia de titulación a los campesinos…