Denunciante Avanzado 
|  Seguridad democrática: ‘camisa de once varas’
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5,00
 | POLITICA Y GOBIERNO
Lunes, 02 de Agosto de 2010 01:39
Los resultados de la Seguridad Democrática dejan mucho qué desear. Un proyecto con más énfasis en lo político que en lo militar habría sido más efectivo, con costos racionales y menor número de víctimas.
Las FARC como columna vertebral
A partir de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, en 2002, la Política de Seguridad Democrática (PSD) –bandera de sus promesas y de su programa de gobierno– se construyó sobre la marcha. En el transcurso de su administración se presentaron numerosos cambios e improvisaciones según la coyuntura.
Aunque la columna vertebral de la PSD fue la arremetida contra las FARC, sus resultados dejan mucho qué desear. La importante y necesaria reforma militar que indujo Washington durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), gracias a la cual se crearon y reorganizaron unidades para la guerra irregular, se desaprovechó en su esencia al menos hasta 2006. El gobierno disimuló su escasa capacidad estratégica gracias a la inversión de ingentes recursos y al acoso militar de la guerrilla, lo que ciertamente produjo una reducción significativa de sus acciones, aunque todavía cuenta con el apoyo de milicianos urbanos, respaldos rurales en sus zonas de influencia y solidaridad de grupos de cocaleros.
Pero la calentura no está en las sábanas. Con una estrategia de verdad, el resultado obtenido se habría logrado con una menor inversión tanto en presupuesto como en recursos humanos, lo cual hubiera favorecido en primer término al país y en segundo lugar a las Fuerzas Militares.
En los últimos ocho años hemos vivido inmersos en el mundo del lenguaje. En sus inicios se cambió el término militar de ‘plan de guerra’ de la PSD por el eufemismo de ‘Plan Patriota’. Y en 2006 se siguió con el disimulo dándole una nueva identidad a la PSD, que pasó a llamarse “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática”, PCSD, en gran parte para disimular sus pobres resultados. Sin embargo, el cambio no fue sólo de maquillaje.
Más allá del maquillaje
Aparte de algunas modificaciones de fondo, como redistribuir la concentración de tropas en el sur del país para ‘cazar’ al Secretariado de las FARC y aumentar la movilidad de unidades, hubo cambios precisos y efectivos:
- Se hizo énfasis en inversión en materia de inteligencia técnica y humana, con asesoría externa del más alto nivel;
- Se procuró tener una cooperación eficaz entre las Fuerzas Militares y entre éstas y la Policía Nacional;
- Se redistribuyeron recursos;
- Se le dio mayor importancia a capturas y deserciones frente a las ‘bajas enemigas’, y
- Se pagaron mayores recompensas por información.
Lo que no cambió para nada fue el énfasis en lo militar y la pobreza en lo político.
La danza de los millones
Según el Ministerio de Defensa, la inversión en defensa y seguridad, el porcentaje del PIB (depurado y no depurado), y el número de efectivos en armas tuvo la siguiente evolución en los ocho años del gobierno Uribe (pesos corrientes):
De la última cifra de efectivos, para marzo del 2010, en la que se incluye el personal civil, 286.031 pertenecen a las Fuerzas Militares y 162.838 a la Policía Nacional.
Sacando pecho
Los cambios señalados en la PCSD comenzaron a dar resultados en 2007, pero llegaron a su cenit en 2008, con la “Operación Jaque”.
Si bien las FARC ganaron terreno militar durante el ‘despeje’ y las conversaciones del Caguán, su arrogancia las llevó a creer que eran ya un ejército capaz de enfrentar a las fuerzas regulares del Estado y que por lo tanto estaban ad portas de no necesitar apoyarse en los principios de la guerra de guerrillas.
Por eso, además de golpes menores, con menos significación relativa que los sufridos por la Fuerza Pública, mal dirigida y desgastada por la malaria, la leishmaniasis, las minas antipersona y los francotiradores, las FARC recurrieron a la ‘hibernación’, a la que los medios de comunicación llamaron ‘repliegue estratégico’. Con los cambios de la PCSD no se preocuparon por variar su estrategia de ‘repliegue pasivo’ con el fin de recuperar la iniciativa. En consecuencia, en corto tiempo fueron despertadas a la realidad por esos cambios, sin que se percataran pronto de que seguían siendo sólo guerrillas, además acosadas militarmente.
Por encima de la ética
La ventaja que tuvieron las FARC al dispersarse en frentes a lo largo y ancho del territorio nacional se trocó en desventaja cuando la Fuerza Pública puso en funcionamiento un sofisticado equipo de comunicaciones. La interceptación de sus mensajes fue definitiva para que recibieran golpes certeros. Sólo después de la ‘Operación Jaque’ se convencieron de que enfrentaban una nueva situación y se plegaron a usar el olvidado principio de adaptarse a las circunstancias. Además, en este proceso entraron a jugar las deserciones y la delación, alentados por el énfasis que se dio a las recompensas y los beneficios a desertores y criminales, pasando por alto normas y haciendo caso omiso de escrúpulos éticos.
A partir de allí, pese a que han tenido numerosos reveses, algunos de ellos significativos, lograron recuperar cierta iniciativa y responderle a la Fuerza Pública. Sin embargo, aunque el Estado las ha mantenido a raya, esa situación no implica que su derrota vaya a darse en un tiempo predecible.
El que no está conmigo…
La persistencia en el uso de medios militares y la limitación en el empleo de recursos políticos han llevado a que se estanquen los cambios estratégicos en la Fuerza Pública. Por lo pronto, no se vislumbran ideas importantes que incorporen medidas políticas novedosas. Estas serían necesarias para frenar el aumento desmedido del presupuesto militar y de seguridad en los últimos años, aumento que de seguir así terminará por llevarnos a serios problemas fiscales.
En el plano político, la preocupación del gobierno ha sido acabar con el espacio nacional e internacional ganado por las FARC, al principio buscando de manera insistente −aunque utópica− internacionalizar el conflicto armado para recibir apoyos externos. No es aventurado decir que ese objetivo fracasó, pero no puede negarse que tuvo un buen resultado en el país. La multitudinaria marcha en contra del secuestro, en febrero de 2008, alentada por el odio contra la guerrilla, es muestra significativa de ese aserto.
Sin embargo, ha sido equivocado que con base en los crímenes de la guerrilla se haya alimentado la polarización política de la opinión a favor del gobierno, identificando cualquier crítica en su contra con condescendencia o alianza con las FARC y el terrorismo.
¿Dónde está la política?
La pobreza en el uso de recursos políticos oficiales en el enfrentamiento con las FARC abrió el camino para que diversos estamentos de la sociedad propusieran iniciativas tendientes a la liberación de secuestrados. Aunque fueron criticadas por el gobierno tuvieron éxito en un principio gracias al estatus político de las víctimas y a la conveniencia de la guerrilla. La liberación de figuras políticas frenó la forzada condescendencia oficial con las mediaciones, aunque a mediados de 2009, y también por razones políticas, el gobierno volvió a discutir el tema. Por ello, en 2010 fueron liberados un par de miembros de la Fuerza Pública.
A pesar de este eje de la PSD en su arremetida contra las FARC, que se muestra como consistente, se ha incurrido en manejos equívocos:
- Improvisaciones con graves consecuencias, como el hecho de que el presidente Uribe haya permitido en 2007 el protagonismo del presidente Chávez en la liberación de secuestrados para luego desautorizarlo públicamente
- Decisiones que a la postre resultaron costosas, entre ellas la incursión armada sobre el territorio ecuatoriano para eliminar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC, lo que provocó la ruptura de relaciones con Colombia por parte de ese país
- E inconsistencias, ensayos y errores en el resto de las líneas de acción de esa política.
La oportunidad perdida
Veamos ahora lo que ocurre con el ELN y con los paramilitares.
Frente a la serie de equivocaciones con las FARC, tal vez sea el tratamiento que el gobierno le dio al ELN el que tuvo menor número de inconsistencias.
El gobierno buscó desde un comienzo un acuerdo de desmovilización y negociación con ese grupo guerrillero, en gran parte para mostrar que su condescendencia con los paramilitares no era favorable sólo a organizaciones armadas de derecha. Pero la miopía política del ELN lo llevó a desaprovechar oportunidades favorables para salir con dignidad de su crítica situación. Desde 2009, al gobierno no volvió a interesarse en esos contactos.
Paramilitares, la improvisación vuelve y juega
Acabado de posesionarse el gobierno abrió espacios para una negociación con los paramilitares. A finales de 2002, con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se comprometieron a no atentar contra la población civil. A partir de esa promesa, los altibajos y las improvisaciones fueron la regla común: acuerdos y desacuerdos a granel, nuevos crímenes y sobre todo largas discusiones políticas de sucesivos proyectos de ley, criticados dentro y fuera del país, ante la posibilidad de que los criminales quedaran impunes. Finalmente, a mediados de 2005, una tibia ley de Justicia y Paz (Ley 975) le puso punto final a ese prolongado episodio. Esta ley fue corregida en varias de sus debilidades por un fallo de la Corte Constitucional.
La desmovilización de los grupos comenzó a finales de 2004 y se prolongó hasta 2006, con cuentagotas y con una enorme publicidad bien orquestada. Esas entregas fueron un reflejo claro del afán oficial de mostrar su misión pacificadora. Parte del proceso fue la contabilización de más del doble de desmovilizados ‘paras’, que a comienzos del gobierno sólo se calculaban en 15 mil. Poner en cintura a poderosos jefes de mafias articuladas con el narcotráfico implicó seguramente promesas oficiales ‘secretas’, que terminaron siendo incumplidas[1].
El gato encerrado…
El argumento del gobierno para demostrar su éxito como pacificador fue el de señalar que por primera vez habían sido sometidas fuerzas irregulares no derrotadas. Pero lo que ocurrió fue distinto. En efecto, el proyecto antisubversivo que en 1997 alimentó la unificación paramilitar con la creación de las AUC perdió su dinámica a medida que surgió el afán −y el logro− de un enriquecimiento depredador de los jefes ‘paras’, y su ambición de poder político regional con proyección nacional.
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