Hace un año escribí aquí mismo una columna diciendo que el procurador Alejandro Ordóñez no tenía por qué meter las narices en la fiesta de los toros en tanto que Procurador General de la Nación, así su concepto fuera, como lo fue, favorable. Lo mismo digo ahora con respecto a la intervención de la Corte Constitucional, hasta donde llegó ya el trámite de la demanda sobre la prohibición de las corridas. Las fiestas, por su naturaleza misma, deberían ser dejadas en paz, y no sometidas a la voracidad legiferadora. Pero se trata por lo visto de algo inevitable: es nuestra herencia de España.
Nuestra herencia española no son solo los toros: un beneficio que, personalmente, agradezco. Se lo debemos a los conquistadores y los curas del siglo XVI, que los trajeron desde el otro lado del mar, y a los virreyes que importaron la tradición de correrlos en las fiestas. A los libertadores del siglo XIX no se les ocurrió que una de sus misiones emancipadoras consistiera en abolir las corridas con el pretexto de que eran herencia de la metrópoli colonial expulsada. Por el contrario: celebraron la independencia con corridas de toros. No sucedió como en Cuba, donde la mucho más tardía separación de España conllevó la desaparición de las corridas: ordenada por el Senado de los Estados Unidos. (Cabe añadir que su lugar en la pasión popular fue ocupado inmediatamente por el béisbol).
Pero la herencia española trae también una maldición: la vesania jurídica. De los curas justicieros del siglo XVI que defendían los derechos de los indios, y de paso sacrificaban los de los negros -Las Casas, Montesinos, Vitoria-, y de los oidores y visitadores del XVII y el XVIII nos quedó en Colombia el vicio de mirarlo todo a través del prisma reductor de lo jurídico, incluyendo la fiesta. Es por eso que, ante la demanda interpuesta por un ciudadano que lleva en su torrente sanguíneo ese gen leguleyo, se puso en marcha la maquinaria de la Procuraduría General de la Nación y está ahora el tema de prohibir o no prohibir las fiestas de toros y las riñas de gallos en manos de los magistrados de la Corte Constitucional.
Prohibir o no prohibir. Ahí está el tercer elemento de la herencia que recibimos de España: la pasión de prohibir.
Una pasión profundamente hispánica, que paradójicamente acaba de hacer metástasis entre los nacionalistas catalanes. El Parlamento de Cataluña, por razones de identidad nacionalista y para diferenciarse de los españoles, escapando al imperialismo castellano, acaba de prohibir las corridas de toros. Al ceder ellos también a la pasión de prohibir, los diputados catalanes acaban de abandonar la tradicional tolerancia de su región y de consagrarse como verdaderos españoles: en cuanto tienen autoridad, la usan para prohibir algo. No lo hubiera hecho más castizamente ni siquiera el rey Felipe II.
Según entiendo, la fiesta de los toros en Colombia no corre verdadero peligro. Por lo visto la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto se inclina en el mismo sentido que el concepto del Procurador de hace un año: mantenerla, en contra de la intolerancia que quisiera prohibirla. Espero que así sea. No solo por el bien de la fiesta más profunda y compleja y cargada de sentidos que existe en el mundo -el rito, el sacrificio, el combate, la estética, la ética del valor- sino por el bien de la tolerancia.