El Gobierno, a través del Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, radicó un proyecto de reforma constitucional, mediante el cual el Presidente de la República designaría al Fiscal General de la Nación.
La propuesta, según Valencia Cossio, recoge una iniciativa que hizo pública el presidente electo, Juan Manuel Santos, para que la Fiscalía sea parte del poder ejecutivo.
La reforma propuesta por Valencia, expresa que el Fiscal General de la Nación sea elegido por el presidente de la República para un periodo de cuatro años, no reelegible y que toda la institución de la Fiscalía no sea parte del poder judicial,como hoy ocurre, sino del Ejecutivo.
Para mantener el sistema de pesos y contrapesos en los poderes públicos, la enmienda constitucional propuesta por el gobierno incluye una "unidad de investigación y acusación para aforados constitucionales" que a través de nueve agentes acusadores investigarán y elevarán acusación ante la Corte Suprema de Justicia los casos relacionados con el presidente y vicepresidente de la República, los magistrados de las Cortes, al Fiscal, al Procurador, al Contralor, a los congresistas y a los ministros, entre otros.
Esta unidad de investigación, adscrita al poder judicial, tendrá un periodo de cuatro años, será compuesta por nueve investigadores elegidos de ternas presentadas por el presidente, por el Congreso en pleno y por las altas cortes.
Dicha unidad, según la propuesta tendría tres ternas elaboradas por el Presidente, para que escoja el Congreso en pleno; otras tres ternas elaboradas por el Congreso, de las cuales elige las altas cortes. Y la última terna es elaborada por las altas cortes para que elija el Presidente.
Según Valencia, dicha unidad, que es judicial, investigará y denunciará por hechos punibles ante la Corte Suprema de Justicia a los altos dignatarios, que tendrán derecho a la doble instancia. La primera, compuesta por tres magistrados de la Sala Penal del más alto tribunal, y la segunda por los demás integrantes de la misma sala.
La Comsiión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dejará de tener, según el proyecto, las facultades de investigar a los mismos funcionarios por hechos penales. Solo podrá hacerlo en materias disciplinarias y de indignidad en el ejercicio del cargo.