Álvaro Uribe, el presidente saliente
El 7 de agosto Álvaro Uribe dejará de ser presidente de Colombia.
Su historia pública se remonta a 1977, cuando tras ser funcionario público y ocupar diversos cargos en su provincia de Antioquia, es nombrado secretario del Ministerio de Trabajo con el presidente Alfonso López Michelsen, y director del Departamento de Aeronáutica Civil entre 1980-1982, bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala.
Ya en el Departamento de Aeronáutica Civil (Aerocivil), aparecen las primeras vinculaciones de Uribe con el narcotráfico. El 1981, Uribe le concede una licencia a Jaime Cardona con el fin que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. De igual manera, otorgó licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi y Urrao, y en la hacienda "El 90", en Caucasia, propiedad, otra vez, de Jaime Cardona.
Un año después de que Uribe dejará su responsabilidad en la Aerocivil, el Consejo Nacional de Estupefacientes, ordenó a la esta institución "suspender los vuelos de naves de narcotraficantes" y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente. El 8 de septiembre de 1983, el diario El Tiempo informaba sobre la medida: "El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas de propiedad de Pablo Escobar y Carlos Lehder".
El padre de Álvaro Uribe, Alberto Uribe, estuvo vinculado a Fabio Escobar –padre de Pablo Escobar- y Fabián Ochoa. Alberto Uribe falleció en un enfrentamiento con las FARC, en su finca de Guacharacas. En ese enfrentamiento fue herido Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, al que se intentó transladar al hospital de Medellín en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar, y para el cual el permiso de vuelo fue otorgado previa petición del aun actual presidente colombiano.
Elegido alcalde de Medellín en 1982, concejal en 1984 y 1988, ejerció como senador de 1986 a 1994 y fue vocero del sector del PL más inclinado al empleo de la fuerza para acabar con la guerrilla. En su época como gobernador de Antioquia (1995-1997), quedan documentados contactos con paramilitares que combatían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con su proyecto de "Estado comunitario", defendió una estrategia de rearme e implicación de los civiles en la lucha antisubversiva. Promovió a las asociaciones privadas de seguridad, agrupadas en el programa Convivir, que cometieron innumerables violaciones de los derechos humanos antes de ser proscritas.
Posteriormente se sumó a la campaña del candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, pero discrepó en cuanto a la estrategia antiguerrillera, rompiendo con el partido y presentando su candidatura a las elecciones como independiente.
Con un discurso enérgico y prometiendo una lucha implacable contra el terror, su proyecto de "seguridad democrática" y resistencia civil se impuso en la campaña electoral de 2002.
Su creciente popularidad se fraguó en el descrédito a cualquier intento de una solución política o negociada del conflicto y al dualismo tradicional y oligárquico de liberales y conservadores. Uribe se forjó una imagen de firmeza, insistiendo en la necesidad de restablecer la autoridad del Estado, y se distanció de los otros candidatos al no oponerse a la llegada de tropas extranjeras para combatir el narcotráfico, como corolario del multimillonario Plan Colombia y al permiso para la utilización de al menos siete bases militares en territorio colombiano por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
A pesar de los vínculos de Uribe con el narcotráfico, a pesar de los escándalos como los más de dos mil casos de "falsos positivos", las decenas de denuncias presentadas por violación de derechos humanos, los más de medio centenar de parlamentarios uribistas en la cárcel o procesados por la parapolítica, el espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana), la compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución, la adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario y la "Yildis-política", entre otros, el actual presidente colombiano llega al final de su mandado con el 70% de apoyo popular.
El futuro de Uribe, tras abandonar la presidencia de Colombia está por ver, pero la perdida de inmunidad, así como las diversas acusaciones que se vierten sobre él, tanto en el ámbito de sus relaciones con el paramilitarismo y la parapolítica, así como en lo referente a violaciones de Derechos Humanos, pueden hacer de este personaje un nuevo Noriega a la colombiana.