CIDH condena al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas




Junio 23 de 2010 | 11:06 AM. | Noticias
Por primera vez, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el crimen de uno de los principales líderes de la Unión Patriótica, ocurrido el 9 de agosto de 1994, y ordena como medida de reparación que el presidente Álvaro Uribe reconozca y pida perdón a los familiares por la estigmatización a este movimiento político.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó indemnizar a los familiares de la víctima, investigar a fondo los hechos y castigar a los responsables.

En otros apartes de la sentencia, el tribunal internacional señala que “la ejecución del senador Cepeda fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, entre las cuales destaca la falta de investigación adecuada de las amenazas en el marco de un alegado plan de exterminio de dirigentes de la UP.

Igualmente señala en su fallo que no es cierto que el exterminio de ese movimiento político fuera llevado a cabo por mafias del narcotráfico como lo ha sostenido el Estado Colombiano, sino que hubo una alianza entre paramilitares y Ejército, lo que se constituyó en un caso de violencia sistemática.

En su resolución, con fecha del 26 de mayo y publicada en su página de internet, la Corte señala que Colombia violó los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, a la honra, dignidad, libertad de pensamiento y de expresión, libre asociación y derechos políticos de Cepeda.

"La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales", indica el fallo.

Los jueces agregan que esto "constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales".

"El planeamiento y ejecución extrajudicial del senador Cepeda, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP", agregó.

La Corte determinó que los agentes estatales "no sólo faltaron gravemente a sus deberes", sino que utilizaron su investidura oficial y recursos del Estado "para cometer las violaciones".

Además, afirmó que en lugar de que el Estado funcionara como garantía de protección a la víctima "se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar".

Ante esto, la Corte ordenó al Estado colombiano conducir "eficazmente las investigaciones internas en curso y, de ser el caso, las que llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Cepeda".

También le ordenó protección y atención médica y psicológica a los familiares de Cepeda, así como prevenir que se desplacen o salgan del país a consecuencia de amenazas, hostigamiento o persecución.

El Estado también debe hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar y difundir una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador Cepeda.

La Corte también ordenó el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial que en total suman 380.000 dólares en favor de los familiares del senador.

La audiencia ante la Corte por este caso se llevó a cabo el pasado 27 de enero en su sede en Costa Rica, donde la parte demandante afirmó que el asesinato de Cepeda se enmarcó dentro de un plan para eliminar a la UP, que también incluyó la ejecución de "miles" de miembros y seguidores de la agrupación.

Ese día los representantes del Estado pidieron perdón a las víctimas por los hechos y reconocieron la responsabilidad internacional, pero negaron que el crimen haya sido parte de una política de Estado.

Las resoluciones de la CorteIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) son inapelables y de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo continental.

Caracol