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 |  Respuesta: El testimonio clave que undio a Plazas Vega, Donde estan los desaparecidos...
¿Por qué se validó este testimonio?
El testimonio de Villamizar fue el más cuestionado en todo el proceso, sin embargo el juzgado “le brinda total credibilidad en tanto que, una vez acreditada la presencia de la Unidad Militar a la que él pertenecía, Brigada 7 con sede en Villavicencio, en el lugar de los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar por él relacionadas, guardan correspondencia con los elementos de prueba analizados por este despacho”.
Para la Juez, existe un documento que corresponde a la trascripción de un casete que recoge la versión de uniformados al servicio del B-2 del Ejército Nacional que participaron en “la operación de asalto del Palacio de Justicia”.
En ese documento se expone, por parte de los militares, que ellos fueron los encargados de trasladar a un “número de rehenes que eran mantenidos por la subversión dentro de las instalaciones del Palacio” a la Casa Museo del 20 de julio, en donde fueron identificados.
Un número aproximado de doce personas, “entre hombres y mujeres” que no lograron brindar “explicación de cuál era su motivo de presencia en el Palacio de Justicia, fueron conducidos a las instalaciones de la Escuela de caballería del Cantón Norte y de la Brigada de Institutos Militares en el norte de Bogotá”.
Da cuenta el escrito de la clasificación de las mencionadas personas, que fueron trasladadas así:
- “Cuatro hombres de diferentes edades”, algunos hombres, decían que ellos eran los administradores, meseros y cocineros de la cafetería del Palacio.
- “Otros tres, dos individuos más jóvenes y una mujer”, fueron “identificados como terroristas”, “participantes directamente en el asalto al Palacio”.
- “Los otros cuatro se los acusó de haber permitido el ingreso, a través de cajas, de parte del armamento que usó el grupo terrorista M-19”, imputación que no quisieron aceptar, razón por la cual se les brindó el mismo tratamiento “que a los tres guerrilleros comprobados”.
Se reitera que esas personas estuvieron en la Escuela de Caballería y, según se expresa en el documento, se trata de los mismos desaparecidos.
Refiere el documento que “por orden directa” del “Coronel Plazas Vega” se pretendió que los retenidos firmaran una carta en donde se decía “que ellos habían recibido tres millones de pesos” para comprar “material de guerra que usó el M-19 para financiar la operación”.
Se hace alusión a que uno de los individuos, tachado de “subversivo”,
no quiso suministrar su nombre, y en lugar de ello “respondió con un madrazo”, por lo que fue torturado y “ahogado en los bebederos (...) que quedan en todo el centro de las caballerizas, que son las mismas celdas que utilizamos en la Escuela de Caballería para mantener a los detenidos” luego de lo cual yació muerto.
Respecto de otra persona tildada también de “terrorista”, se dice que fue el que “suministró la dirección de la calle sexta sur con carrera octava en el barrio Calvo Sur donde habían preparado la operación” de toma del Palacio por parte del M-19.
Dice la juez que en ese documento castrense “se impartió la orden” de acabar con la vida de los detenidos con el fin de que “no quedara ni un solo testigo que diera cuenta de las macabras atrocidades que llevaba a cabo el Ejército Nacional”.
La acusación de haber permitido el ingreso de armamento al Palacio de Justicia recayó en “David Celis”, “Jaime Beltrán”, “Hernando Hernández” y “Carlos Rodríguez”. Así mismo, luego de algunas pesquisas, se logró averiguar “que habían otras tres mujeres detenidas en otra instalación militar que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz María Puerta, Hohora Esguerra y Rosa o Margarita Castilblanco”.
Menciona el escrito que el día miércoles, cuando se preparaba el operativo de respuesta al ataque del grupo M-19, el Coronel Plazas Vega, les manifestó a los “efectivos del B-2” que tenían que estar dispuestos “a cobrar las vidas que el terrorismo había sacrificado en el cerro de comunicaciones del Cable de Bogotá y el Batallón Cisneros en Manizales”.
Resaltan los militares: “nosotros admiramos a mi coronel Plazas en grado sumo porque es (...) un estratega militar y un táctico militar de alta calificación, son cualidades que no tiene cualquier militar colombiano, la forma como se desarrolló el operativo fue exitosa, pero desconocíamos (...) este aspecto que el Coronel Plazas tiene con los métodos de interrogación a los terroristas, nosotros lo admiramos mucho pero en eso estamos en desacuerdo (...)”.
Con base en estos documentos, y sobre todo en estas pruebas, la juez tercera penal del circuito especializado aseguró que “resulta innegable que el coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega, como comandante de la Escuela de Caballería, debió conocer los censurables actos perpetrados por personal militar en contra de varios sobrevivientes, entre ellos los once desaparecidos en dependencias militares a su cargo, lo cual demuestra la coincidencia de la antijuricidad que acompañó al acriminado durante el desarrollo de los sucesos que ocupan nuestra atención”.
Aunque la Juez hizo la salvedad de que en el proceso no hay pruebas que determinen que Plazas vega, como comandante de la Escuela de Caballería, fue quien directamente desapareció algunas personas, sí asegura que el coronel en retiro “tuvo el dominio del hecho a través de la fuerza que comandaba, lo que le aseguró la consumación del punible a través de la fungibilidad de los ejecutores responsables, quienes resultaron ser piezas esenciales de un engranaje completo orientado al crimen”. 
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