Una nueva estructura gubernamental para controlar el flujo informativo a discreción, forma parte de la más reciente ofensiva del gobierno del presidente Hugo Chávez para restringir aún más la libertad de información en Venezuela, una medida que está generando críticas y preocupaciones en sectores independientes y de la oposición.
El gobierno venezolano anunció el pasado 2 de junio la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), con el objetivo de clasificar como secreta o restringida información cuya divulgación puede causar efectos negativos para la estabilidad o la seguridad nacional, si el gobierno así lo considera.
De acuerdo con el artículo 9 del decreto oficial 7454, el Cesna podrá declarar "el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento''.
El polémico centro podría estar violando artículos de la Constitución bolivariana, que expresamente prohíben la censura y la restricción al acceso a la información, incluso durante estados de excepción, expresaron expertos consultados por El Nuevo Herald.
Para Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización independiente que monitorea la libertad de expresión en Venezuela, el Cesna "puede convertirse en una herramienta que legitime la práctica que ya viene ocurriendo relacionado con que los funcionarios públicos nieguen información, lo cual viola la Constitución''.
El experto afirmó que uno de los principales problemas que se enfrentan con esta medida es quién va a determinar cuales documentos pueden ser considerados confidenciales y cuál es el criterio a usar.
"En el fondo se trata de una medida que reduce el derecho de la sociedad de hacer escrutinio sobre lo público. Porque una persona será quien determine si una información sobre un acto de corrupción o una epidemia es confidencial, con lo cual se puede reducir los espacios de libertad de la sociedad para vigilar lo público'', indicó el experto.