Para Wilson Rivera, su abogado, cargo de rebelión formulado por la Fiscalía justifica pedido de asilo político. Managua también otorgó estatus de asilada a Mercedes Aranda, esposa de Rodrigo Granda.
Rubén Darío Granda, hermano de Rodrigo Granda, el 'canciller' de las Farc, se unió a la lista de procesados bajo cargos de nexos con esa guerrilla que recibe asilo del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega.
"Nicaragua oficializa la aceptación del asilo político en el caso de los colombianos de la familia Granda", dijo el canciller Samuel Santos. Managua pidió "un salvoconducto para que viajen en seguridad" a ese país.
Este viernes en la noche, el Gobierno colombiano preparaba un documento que enviará a Ortega para que reconsidere de la decisión de concederle estatus de perseguido político a Granda, quien hace dos meses, después de haber sido detenido por la Policía, fue liberado por orden de un juez.
Granda sostiene que su delito es ser hermano del hombre fuerte del 'frente Internacional' de las Farc y asegura además que su vida y la de su familia corren peligro en el país. A su vez, el Gobierno y la Fiscalía dicen que tiene plenas garantías en Colombia para enfrentar las sindicaciones por delitos ordinarios.
El lunes, después de una audiencia en la que la Fiscalía pidió su recaptura bajo cargos de financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, Granda y su familia llegaron hasta la sede de la delegación nicaragüense en Bogotá y desde entonces permanecen allí. Managua también le otorgó el estatus de asilada a Mercedes Aranda, esposa de Granda.
La decisión del gobierno de Ortega no sorprendió en Bogotá, pues ya esta semana, según había informado la prensa de ese país, el canciller Santos había confirmado que se estudiaba la solicitud de asilo del "amigo Granda".
Hace dos años, Ortega había recibido en Managua a la mexicana Lucía Morett y a tres guerrilleras colombianas que sobrevivieron al ataque contra el campamento de 'Raúl Reyes' en Ecuador. Ellas son Nubia Calderón (alias 'Esperanza', esposa del ecuatoriano Franklin Aisalla, muerto en el bombardeo), Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez.
Con Morett, todas iban a ser procesadas en Ecuador pero lograron salir de ese país rumbo a Nicaragua, que luego se negó a los requerimientos de la justicia ecuatoriana, que las pedía para interrogarlas.
La posición de Colombia es que, a la luz del Derecho Internacional, la financiación del terrorismo no es considerada como delito político.
Por su parte el abogado Wilson Rivera, defensor de Granda, afirmó que el cargo de rebelión que pesa sobre su cliente justifica el asilo.
La posibilidad de que Granda argumente que no hay garantías en Colombia no cabe, pues de hecho un juez se negó a dejarlo detenido y la decisión fue plenamente acatada.