cojamos un punto la seguridad

Mockus
La protección de la vida es el propósito fundamental de nuestra política de seguridad. Esta tendrá un enfoque integral, preventivo, participativo y de responsabilidad conjunta de la sociedad y el Estado. Se recuperará el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. La justicia por mano propia será institucionalmente perseguida y socialmente rechazada. Se tendrán como guías la Constitución y las leyes, en especial el respeto por los derechos humanos. Reforzaremos la presencia del Estado en todo el territorio nacional, no sólo con la Fuerza Pública, sino con un sistema de justicia que cuente con fiscales y jueces idóneos e insobornables, reconocidos y respaldados por la comunidad, con el propósito de crear un ambiente de seguridad y bienestar que permita generar desarrollo y abrir las puertas a las oportunidades legítimas. Promoveremos dar más poder a los ciudadanos para tramitar y resolver sus conflictos por mecanismos legales. Dos colombianos cualesquiera se reconocerán unidos por el deber de acogerse a la misma Constitución.

• Legalidad democrática: Promoveremos la consolidación en Colombia del rechazo social a la ilegalidad, que motive a los ciudadanos y a las autoridades a actuar dentro del respeto a la ley y las normas. Lucharemos contra la impunidad y contrala tolerancia moral y cultural del incumplimiento de la ley.
• Dirigiremos los esfuerzos del Estado hacia la reducción de los cuatro problemas fundamentales de la justicia en Colombia: acceso, impunidad, congestión y falta de confianza. En lugar de responder a intereses particulares, la justicia debe acoger al ciudadano bajo criterios de igualdad.
• Continuaremos la ofensiva sostenida contra los grupos al margen de la ley. Reforzaremos en especial las labores de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de tal manera que se minimicen los costos humanos y financieros y se maximicen los resultados.
• Ninguna negociación es posible con grupos vinculados al narcotráfico o que usen el lenguaje del secuestro, la extorsión y la tortura. En nuestro gobierno no habrá zonas de despeje. Tampoco habrá discusión de problemas nacionales o regionales con grupos armados ilegales. Sin un pleno reconocimiento de la Constitución colombiana es imposible abrir las puertas del diálogo. Apoyaremos el desarme voluntario y el reintegro a la sociedad de los integrantes de los grupos armados, sin debilitar las obligaciones de justicia, verdad y reparación. Facilitaremos las acciones humanitarias para la liberación de secuestrados, sin contraprestaciones de parte del Estado.
• Afianzaremos el compromiso del gobierno, el sector privado y la ciudadanía de trabajar de forma mancomunada consolidar la seguridad y la convivencia en el país.
• Fortaleceremos la seguridad y la convivencia urbana. La policía será el eje para garantizar la seguridad ciudadana mediante un proyecto nacional que haga énfasis en la prevención. Impulsaremos un programa nacional de educación ciudadana para la convivencia.
• Reforzaremos la administración eficiente de la justicia y el desarrollo de sistemas adecuados de información, que permitan evaluar en forma adecuada la impunidad y la eficacia de los diversos organismos del sistema.
• Estimularemos el uso de sistemas de información sobre la violencia y el delito, para mejorar la toma de decisiones, planear la acción pública y promover conductas de prevención y rechazo de la violencia entre la población. El gobierno apoyará especialmente a los municipios con altas tasas de violencia para que desarrollen sistemas de información epidemiológica de violencia para mejorar sus programas y políticas.
• Haremos más vigorosa la acción judicial en el campo de los derechos humanos, de modo que se asegure la acción penal efectiva contra quienes los violan.
• Velaremos por una formación profesional a todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y buscaremos la imposición de sanciones ejemplares para quienes los violen.
• Haremos efectiva la presencia judicial del Estado por medio de sus agentes en todos los lugares del país. Fortaleceremos la acción de la justicia cerca al ciudadano. Impulsaremos las casas de justicia, los jueces de paz y los mecanismos alternativos de conciliación. Promoveremos la solución pacífica de los conflictos, dando poder a los ciudadanos para tramitarlos mediante mecanismos legales, sin perjuicio de la actividad legítima del Estado de garantizar la seguridad y la estabilidad de la nación.
• Propiciaremos acciones pacíficas como la resistencia civil, la presión social y el debate público contra la violencia y las diversas formas de ilegalidad. Promoveremos el encuentro de ciudadanos en el espacio público para fortalecer la confianza, el sentido de pertenencia y el goce de derechos.
• Fortaleceremos los procesos de extinción de dominio de bienes adquiridos con recursos producto de actividades ilegales y la usurpación violenta.
• Construiremos confianza ciudadana y credibilidad institucional, a partir de nuestro proyecto de gobierno y del apoyo y el respaldo decidido que brindaremos a los alcaldes y gobernadores en sus políticas de seguridad ciudadana.
• Sostendremos el pie de fuerza con soldados profesionales en zonas estratégicas de orden público o que representen alto riesgo para la seguridad de la nación y de las personas, incluidas las fronteras internacionales.
• Impulsaremos el desarme ciudadano. Las armas son del Estado.
• Consolidaremos una política integral de protección, la atención y la reparación de las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado y buscaremos la rehabilitación de los victimarios.
• Desarrollaremos la justicia transicional para que se restituya y se repare debida y oportunamente a las víctimas del conflicto y el desplazamiento forzado y se logre la reconciliación nacional.
• Fortaleceremos la lucha contra la producción, almacenamiento, distribución y venta de sustancias psicoactivas y aumentaremos el esfuerzo para prevenir su consumo. El narcotráfico es el motor del conflicto armado colombiano. Impulsaremos opciones de desarrollo integral para las regiones en las que existen cultivos ilícitos, con el propósito de reducirlos de manera sostenible y eficaz.
• Adelantaremos una profunda revisión del sistema penitenciario y carcelario.

Vargas

• En el campo de la seguridad democrática, se propone:
  • Fortalecer la seguridad democrática, insistiendo en la lucha contra los grupos guerrilleros, las bandas emergentes y las organizaciones criminales.
  • Fortalecer a la fuerza pública en el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
  • Continuar el proceso de reforma y modernización militar.
  • Implementar estrategias en las fronteras que permitan articular la periferia con el centro del país, aumentando la institucionalidad y ofreciendo una capacidad productiva real a las comunidades de frontera.
  • Crear un servicio nacional de fronteras bajo el mando de la Policía Nacional que haga presencia permanente y desarrolle funciones de vigilancia en los lugares más apartados del país.
  • Desplegar un dispositivo militar de defensa externa en toda la franja fronteriza, adecuando las unidades a las necesidades de cada sector escogido por el Gobierno Nacional como de alta vulnerabilidad o interés estratégico.
  • Aumentar a 120.000 el número de Soldados Profesionales.
  • Consolidar la presencia de los Soldados de Mi Pueblo en no menos de 900 municipios.

• En el campo de la presencia del Estado en todo el territorio nacional, se propone:
  • Emplear la fuerza pública como un instrumento para llevar la gobernabilidad civil y democrática a todo el territorio nacional.
  • Fortalecer la inversión social en educación, salud y saneamiento básico en las zonas recuperadas.
  • Dar trámite a la ley de víctimas, la cual debe contemplar un procedimiento automático y expedito para el regreso de los desplazados.
  • Restituir un equilibrio sano y productivo a la posesión de la tierra colombiana.
  • Crear una jurisdicción especial de extinción de dominio de bienes de origen ilegal para evacuar de manera sumaria y expedita estos procesos.
  • Promover la defensa de los derechos humanos, garantizando que el ministerio de Defensa tendrá la primera responsabilidad política cuando se trate de responder por acciones internas, rechazando cualquier acto violatorio de la dignidad e integridad de los colombianos y castigando de manera ejemplarizante a los responsables de los falsos positivos.

• En el campo de la seguridad urbana, se propone:
  • Implementar una política de seguridad ciudadana que busque fortalecer y mejorar la eficiencia de la Policía Nacional.
  • Mejorar la credibilidad de la Policía Nacional frente a los ciudadanos.
  • Especializar a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana.
  • Crear comandos municipales.
  • Aumentar el pie de fuerza de la Policía Nacional, garantizando un incremento neto de 10.000 efectivos por año durante el periodo 2010 – 2015.
  • Mejorar la dotación de la Policía Nacional.
  • Fortalecer los Fondos Locales de Seguridad.
  • Fortalecer los vínculos institucionales entre la Policía y el Ministerio de Defensa.
  • Reinstaurar el Ministerio de Justicia.
  • Crear comandos municipales de policía en las ciudades intermedias.
  • Fortalecer los vínculos de la Policía Nacional con la comunidad.
  • Implementar un programa de resocialización efectivo para los desplazados por el conflicto y excombatientes desmovilizados de los grupos armados.

Son dos maneras de ver las cosas y de lograr objetivos, por supuesto son subjetividades a algunos nos gusta uno y a otros otro, no veo cual es el problema