Por A.G.R Esap.

La constitución política colombiana creada en 1991, busco garantizar un sistema político que formara escenarios participativos para todo el país, que posteriormente sembrara credibilidad y confianza del colectivo nacional hacia el sistema político colombiano; Adopto la democracia participativa como respuesta a la práctica restrictiva de la participación de los ciudadanos colombianos.

Se precisaron mecanismos que permiten al conglomerado promover iniciativas constitucionales y legales, y ser participes de las decisiones por medio de referendos o plebiscitos, además de otorgar la posibilidad de revocatoria del mandato a los funcionarios de elección popular. En Colombia, sin necesidad de ir muy lejos, haciendo memoria de las pasadas elecciones al senado, cámara de representantes y parlamento andino de 2010, se evidencia gran desinterés de los nacionales que poseen calidad de ciudadano, de ejercer la herramienta común de una democracia representativa (herramienta presente en nuestra democracia participativa), eje de nuestro sistema político anterior. Claramente notamos que sumada a la gran abstención de los colombianos a procesos de votación, se suma el común resultado del voto anulado por mal diligenciamiento, debido a la escasa divulgación y enseñanza de la práctica correcta de la elección popular.

Como afirma Jorge Orlando Melo “... es evidente que en el caso colombiano la baja participación constituye, en muchos casos, expresión de una generalizada desconfianza o incredulidad de lo que se percibe como un mundo de corrupción y privilegio, o una protesta contra un Estado que se identifica únicamente con sus formas mas agresivas de orden represivo o con la arbitrariedad de los funcionarios”. Los colombianos con calidad de ciudadanos no poseen una identidad política que les permita sentirse parte útil del Estado y su sistema político, y por tanto tienden a renunciar al uso de las herramientas participativas y a resignarse a las decisiones que tomen los que para ellos si son útiles por que poseen un conocimiento y cohesión con el sistema y se cree que buscan el bienestar de todo el colectivo y no el bienestar personal o el favor hacia grupos o sectores minoritarios.

Mecanismo como el referéndum, los plebiscitos, iniciativas populares y demás herramientas, son impulsadas por los pocos ciudadanos que tienen una formación política y un interés en la dirección de la sociedad colombiana. Aquellos esfuerzos se ven impedidos debido a la falta de cultura política de los “ciudadanos”, y los requisitos que coloca la misma constitución para que aquellos procesos de participación logren dar frutos. Referendos, iniciativas, plebiscitos, revocatorias de mandatos, entro otras muestras de participación, se van a pique y terminan siendo archivadas y usadas como pruebas de la participación real de los ciudadanos en los procesos de decisión del Estado. La gran mayoría de los colombianos reconocidos como ciudadanos carecen de una preparación y desconocimiento de las estructuras, instituciones y mecanismos que conforman y permiten la interacción del Estado y los ciudadanos. (Administradores y Administrados).


En mi lectura del panorama político colombiano, aquella falta de cultura política de los que son conocidos como ciudadanos, no solamente ha afectado las iniciativas de los ciudadanos comunes que tienen un conocimiento de las herramientas y mecanismos de participación, sino además, mandatarios como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, que ven, como se hunden sus propuestas de consulta popular. No es mi objetivo entrar a discutir, si los puntos del referéndum eran viables o no para el país, pero si es de mi interés analizar por que no surtió frutos. Aquella consulta popular, celebrada en octubre de 2003, aprobó convocar un numero mínimo de votos validos en todos lo puntos, excepto en el punto de la muerte política para quienes defrauden al Estado. Aquel, era el punto numero 1 del referéndum, el cual obtuvo un 90 % de votación a favor del si. De forma curiosa el resto de los puntos que exigen un 25 % del censo electoral publicado, no cruzo las barreras estipuladas por la ley. A mi modo de ver el hecho de que el punto numero 1 del referéndum sacara tanta ventaja con respecto a los otros, se debía a que la gran mayoría de los ciudadanos desconocían, que en aquel referéndum, se podía marcar una repuesta por cada pregunta y no una respuesta a una única pregunta. Es claro que los mecanismos de participación ciudadana en Colombia existen, pero en nuestro caso, gracias a la poca importancia y exigencia que se le da al status de ciudadano, muchos de los llamados erróneamente ciudadanos en mi concepto, hacen un mal uso de sus herramientas de participación. El status de ciudadano en Colombia se alcanza simplemente con la mayoría de edad, y no se exige un conocimiento previo de nuestro rumbo, estructuras, instituciones, mecanismos de participación, y organización política en general. ¿Es acaso lógico, que un gran número de colombianos llamados ciudadanos, participen de la creación de un interés colectivo cuando desconocen totalmente el sistema, y no pueden tener intereses que trasciendan más allá de los intereses propios, como tejas, tamales y cerveza?

La constitución establece las herramientas de participación política y promueve su aplicación y defensa, pero la misma constitución a través de todo el movimiento jurídico hace que las herramientas terminen por perder toda acción efectiva, limitándolas a intentos fallidos de participación, que solo producen una acción legitimadora del régimen político colombiano que convierte dichos intentos en prueba del uso por parte del conglomerado y su “verdadero” funcionamiento.

Así, la participación política en Colombia, se reduce a simples mecanismos de decisión, debido a que los mecanismos de iniciativa, de participación y de consulta se ven entorpecidos por los requerimientos establecidos en la constitución y la carencia de educación y cultura política del conglomerado nacional, que desconoce la función y las formas de aplicar sus herramientas participativas.

En mi análisis la democracia colombiana solo busca crear instituciones y mecanismos de interacción entre los ciudadanos y el Estado que permitan al sistema político la presunción, de que las decisiones políticas vitales cuentan con el consenso de todos los afectados, que participan sin restricciones en la creación de una voluntad colectiva producto de una comunidad de dialogo.