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Superjuez Baltasar Garzón, de perseguidor a perseguido en España



Los que lo acusan, lo condenan por investigar crímenes del franquismo que estaban superados por una aministía. Para los que lo defienden, los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Hace siete años, cuando murió su abuela, Héctor Carda Navarro pudo mirar a los ojos a su abuelo Ismael. Lo encontró en una gaveta perdida y desconocida, donde ella guardaba sus recuerdos más secretos. Allí estaban refundidos los únicos retratos de su familia: un hombre de ojos apagados, cejas gruesas y rasgos finos que fue fusilado en una cuneta por los franquistas en 1939, en Burriana (España).
Los retratos abrieron la senda a una investigación propia que terminó cinco años después en una página de Internet (www.fusilados.org) hecha para Ismael, para recordarlo, para compartir un homenaje tardío a su abuelo materno. La simple idea de recorrer los pasos de Ismael, para saber quién era y qué había hecho para merecer la peor de las suertes, dejó perpleja a su madre. "Cuidado con lo que escribes que si viene otra guerra vendrán por tí", le dijo.
Héctor, de 32 años, insiste en que, más de 30 años después de la muerte de Francisco Franco, las heridas de la dictadura aún siguen abiertas.
En esto coinciden decenas de familias que tienen a sus familiares aún enterrados en fosas o están desaparecidos desde aquella época y que, esta semana, siguieron con indignación la noticia sobre el inminente juicio que tendrá que afrontar el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón por abrir, en el 2008, una investigación contra los crímenes de la Guerra Civil española (1936-1939) y de la posterior dictadura (hasta 1975), que suman más de 114.000 desaparecidos y 1.400 cadáveres. De ser hallado culpable, el famoso juez puede dar por terminada su carrera.
La derecha española ha terminado por acorralar al magistrado o al superjuez, como es conocido porque ha llevado, desde su despacho en Madrid, casos de gran impacto, como el juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Los grupos de ultraderecha Falange Española de las JONS, Libertad e Identidad y Sindicato Manos Limpias se querellaron el año pasado contra el magistrado por "pasar por encima" de la Ley de Amnistía de 1977, en la que todos los delitos de orientación política cometidos antes de 1976 quedaban amnistiados.
El pasado miércoles, el juez Luciano Varela, del Tribunal Supremo, abrió la puerta al juicio oral contra Garzón al considerar, en un auto, que tiene fuertes indicios de que el juez prevaricó al abrir dicha causa, un delito que le puede costar entre 12 y 20 años de inhabilidad. También desechó los argumentos del juez de la Audiencia, cuya tesis es que los crímenes contra la humanidad no prescriben.
La batalla de la falange
La dura acusación contra Garzón se da en medio de un fuerte remezón político en España. El auto de Varela se conoció un día después de que el Supremo levantó el secreto de sumario del llamado caso Gürtel, una trama de corrupción que salpica a más de una docena de importantes dirigentes del Partido Popular (PP, derecha).
En este proceso Garzón también es protagonista porque inició las investigaciones contra la red corrupta. De hecho, por este caso también está abierto un proceso en su contra por prevaricar al ordenar intervenir algunos teléfonos de abogados de imputados, pruebas que acaban de ser anuladas por el Supremo.
La derecha ya ve como un triunfo el solo hecho de que Garzón se siente en el banquillo y augura su derrota. Miguel Bernard, secretario General de Manos Limpias, le dijo a este diario que la decisión de Varela muestra que "nadie está por encima de la ley" y "se ha caído el mito de Garzón", a quien ya califica incluso de ser un delincuente que siempre actuó con cálculos políticos.
Varela también ha sido acusado de actuar más por ideología que por con principios jurídicos. Antonio García, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, defiende al juez por su impecable trayectoria y pide respeto. Entre tanto, desde la progresista Asociación de Jueces para la Democracia aseguran que la decisión del Supremo es exagerada y coinciden con Garzón sobre la no prescripción de los delitos contra la humanidad. "El magistrado no actuó con dolo, sino en línea con las necesidades de los familiares de las víctimas" de la dictadura, dijo su portavoz, Ignacio Espinosa, a EL TIEMPO.
Entre tanto, el Partido Popular ha criticado al Gobierno socialista y a la Fiscalía por respaldar a Garzón y presionar al Supremo. Y barones del partido, como el ministro del ex presidente José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, afirman que el magistrado es una "anomalía democrática".
'Golpe a los demócratas'
Desde que comenzó el proceso contra Garzón, organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación. El jueves se llevó a cabo a las afueras de la Audiencia Nacional una masiva manifestación para respaldar la gestión del magistrado. "España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez", decían algunas de las pancartas ese día.
Las ONG que defienden los derechos humanos creen que el juicio contra Garzón sienta un antecedente peligroso y hablan de una persecución orquestada. Mauricio Valiente, secretario General del CEAR, que asiste a los inmigrantes en España, calificó de muy preocupante la decisión del Supremo "por el daño colateral que puede significar esto para las organizaciones".
Por su parte, Esteban Ibarra, quien preside el Movimiento contra la Intolerancia y ha llevado a juicio a varios grupos fascistas en el último año, le dijo a este diario que la decisión de Varela ha alegrado a toda la ultraderecha del país. Y agregó: "España tiene una asignatura pendiente con el franquismo y el único juez que ha querido enfrentar eso ha sido golpeado y, de paso, eso nos ha golpeado a todos los demócratas".
Las asociaciones de recuperación de la memoria histórica ahora miran hacia el exterior para buscar el castigo a las desapariciones. La Federación Internacional de Derechos Humanos aseguró en Madrid que buscará la ayuda de Naciones Unidas, mientras que algunas agremiaciones que reúnen a víctimas le dijeron a EL TIEMPO que interpondrán la próxima semana recursos en tribunales internacionales, como en Argentina.
Mientras tanto, el 22 de abril el Consejo General del Poder Judicial decidirá, como se da por sentado, si suspende de manera cautelar a Garzón. Ese día empezará el vía crucis del superjuez, esta vez sentado en el banquillo de los acusados.

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