Bogotá, 11 de febrero.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, denuncia la existencia de zonas liberadas en Urabá, donde las FARC actúan con impunidad, con el apoyo de la denominada Comisión Intereclesial Justicia y Paz, y la complicidad de ciertos organismos internacionales.

Esa fue la conclusión de la delegación de UnoAmérica -compuesta por Jorge Mones Ruíz (Argentina), Jaime Arturo Restrepo (Colombia), Miguel Fierro Pinto (Colombia) y Alejandro Peña Esclusa (Venezuela)- que hizo una visita in loco durante los días 7, 8, 9 y 10 de febrero del año en curso.

Dentro del marco de la investigación sobre los asesinatos de los líderes negros Manuel Moya y Graciano Blandón a manos de las FARC, perpetrados el 17 de diciembre de 2009, la delegación de UnoAmérica visitó Apartadó, Curbaradó, y San José de Apartadó, pudiendo constatar la existencia de “comunidades de paz” y “zonas humanitarias” que, pese a su denominación, en realidad sirven de centros de acopio, suministro y protección para los milicianos de las FARC.

UnoAmérica recabó las declaraciones de numerosos habitantes de la zona, así como los testimonios de guerrilleros desmovilizados del 5to. Frente de las FARC, entre ellos, Daniel Sierra Martínez, alias ‘Samir’, llegando a las siguientes conclusiones:

1. Las comunidades de paz y las zonas humanitarias protegen y amparan a milicianos de las FARC.

2. Los testimonios recogidos por UnoAmérica durante su visita -los cuales fueron videograbados- señalan una clara connivencia entre los representantes de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que dirige el cura Javier Giraldo, y las FARC.

3. Los millonarios aportes internacionales para estas zonas supuestamente humanitarias no han beneficiado a sus habitantes, puesto que viven en la más absoluta miseria, sino que, por el contrario, se han usado para fines desconocidos.

4. Se observan violaciones a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades de paz y las zonas humanitarias, puesto que se les niega, de manera forzosa, los beneficios que les ofrece el Estado, y se les obliga a vivir bajo un régimen contrario a la dignidad inherente a todos los seres humanos.

5. Estas zonas están regidas bajo un orden jurídico contrario a los preceptos establecidos en la Constitución de Colombia, por ser violatorio de la soberanía que debe ejercer el Estado sobre todo el territorio nacional.

6. Según los testimonios recabados, Moya y Blandón fueron asesinados por denunciar ante la comunidad nacional, así como ante la internacional, las irregularidades existentes en las comunidades de paz, así como el comportamiento indebido de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.

7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos actuó con negligencia, al negar las medidas cautelares que solicitaron oportunamente Moya y Blandón. Según los testimonios, particularmente responsable es el comisionado Víctor Abramovich (Argentina), por su actuación irresponsable y parcializada.

Dentro de diez días UnoAmérica presentará públicamente un informe preliminar sobre su investigación en Urabá; y posteriormente un documento final sobre el tema.