Un juez tumbó las pruebas con que la Fiscalía encarceló al universitario que supuestamente amenazó al hijo del Presidente desde Internet. Jerónimo Uribe se retiró del caso.
Como en un dominó, una tras otra se fueron cayendo las fichas que jugó la Fiscalía en uno de los casos más sonados de los últimos meses: el proceso contra el joven universitario Nicolás Castro, a quien acusó de instigar desde Facebook el asesinato de Jerónimo Uribe, hijo del Presidente de la República.
El duro revés de la Fiscalía ocurrió el miércoles en la audiencia de preparación al juicio. El juez tercero especializado de Bogotá, Óscar Herrera, tras escuchar los argumentos del abogado defensor, Ramón Ballesteros, decidió dejar sin validez las pruebas esenciales con que contaba la Fiscalía. La razón: están viciadas y se obtuvieron sin garantizar derechos fundamentales del procesado.
El caso arrancó a mediados del año pasado cuando se conoció que en Facebook existía un grupo llamado 'Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe', al cual estaban suscritos 16 seguidores. De inmediato las autoridades empezaron las pesquisas para determinar quién era el creador del grupo y judicializarlo, bajo el supuesto de que se estaba incurriendo en instigación al delito. Tras varias pesquisas, que incluyeron allanamientos y consultas a la sede de Facebook en Estados Unidos, un grupo de agentes de la Dijín capturó el 2 de diciembre a Castro, un universitario de 23 años, al que señalaron de ser el creador del grupo. Desde entonces, Castro está detenido en La Picota.
La prueba reina de los investigadores era un chat hallado en uno de los computadores que incautaron en la casa del estudiante en Chía, municipio vecino de Bogotá. La conversación aparentemente no dejaba lugar a dudas de que Castro era el autor del polémico grupo. Pero esa prueba y las restantes fueron anuladas de tajo por el juez.
La credibilidad del chat se vino al piso porque los expertos informáticos de la Dijín no tomaron una copia fiel del mismo. Como es sabido este sistema registra la identidad o el nickname de los interlocutores y la hora exacta de la conversación, lo curioso es que nada de ello aparece en la prueba consignada en el expediente. Lo que hay es una transcripción en formato Word donde no es posible identificar a los participantes. El abogado Ballesteros sostiene que la conversación fue manipulada y se pregunta por qué la Fiscalía descubre sólo un chat. "En ese computador existen más de 300 conversaciones que nos permitirían ilustrar suficientemente quién es Nicolás Castro", asegura.
También quedó sin validez el material obtenido en el allanamiento hecho el 15 de julio a NGC Aviónica (empresa de la familia Castro) pues la Policía estaba autorizada para inspeccionar un lugar en concreto: el puesto de trabajo de la madre de Castro. Sin embargo, fueron allanadas otras zonas sin contar con la autorización para ello.
Otra pieza clave para la Fiscalía era un documento obtenido con la colaboración de un agente del FBI, agregado en la embajada de Estados Unidos en Colombia, que supuestamente certifica que Castro es el creador del grupo en Facebook. El juez rechazó ese documento porque se obtuvo sin respetar los protocolos binacionales que hay para esos trámites y porque el contenido no certifica que Castro sea quien creó el grupo. Lo propio ocurrió con varias inspecciones hechas en bases de datos de Telefónica, ETB y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde estudia Castro. Algunas de esas inspecciones se presentaron como actos urgentes a pesar de que la investigación había arrancado hacía meses, y otras se legalizaron semanas después de practicarse a pesar de que la norma señala que se debe hacer máximo en las 24 horas siguientes.
El abogado Camilo Andrés Sepúlveda, representante de Jerónimo Uribe, rechazó la determinación del juez y apeló. "No se pueden descartar pruebas tan importantes con argumentos verbales, hay que demostrar que son inválidas", sostuvo. Sin embargo, al concluir la audiencia y luego de reunirse con Jerónimo Uribe declinó la apelación "por orden y solicitud expresa de Jerónimo, que quiere que Nicolás recobre su libertad y su vida normal lo más pronto posible. Nos retiramos del caso".
De esta forma, la libertad del universitario es cosa de días pues la medida de aseguramiento se fundamenta en las pruebas que naufragaron. No obstante el proceso continuará aunque la Fiscalía se haya quedado sin dientes. En un par de semanas se abrirá la audiencia de juicio oral y entonces se sabrá si la Fiscalía dará una pelea perdida o si pide la preclusión del proceso.
Todo apunta a que el país observó, no el afán legítimo por una sanción ejemplarizante en las nuevas realidades de Internet, sino una versión virtual de un 'falso positivo'.