Denunciante Ultra
 |  Hacia un gobierno legítimo
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 | Por: Helena Villamizar García-Herreros, El Nuevo Siglo, Bogotá, 7 de marzo de 2010 El fallo de la Corte Constitucional confirmó lo ya conocido por millones de colombianos: que los innumerables vicios del referendo reeleccionista constituían una cadena de violaciones insalvables a la Constitución. Esta inexequibilidad impide al gobernante ilegítimo, cuyo mandato nació del cohecho, perpetuarse en el poder. Corresponderá ahora a los electores, en una lucha en extremo desigual, impedir que sus herederos ideológicos mantengan sus políticas contrarias al interés nacional. El mandato Uribe será recordado no sólo por las innumerables violaciones a la Constitución y a los derechos humanos; lo será igualmente por las graves secuelas sociales y económicas y graves escándalos de corrupción, cada vez más difíciles de ocultar.
Este gobierno despojó a los colombianos de su más valioso patrimonio público. Empresas altamente rentables fueron privatizadas en perjuicio de generaciones futuras de colombianos y aún de las actuales, como revela el déficit fiscal previsto para este año de 4, 5% del PIB. Las predicadas mejoras fiscales escondían graves privatizaciones de riqueza pública. En el último año del gran ministro privatizador, Alberto Carrasquilla, las privatizaciones alcanzaron 1,61% del PIB (www.banrep.gov.co). Estas privatizaciones, así como otras políticas oficiales, han coadyuvado a la revaluación del peso tan nociva al empleo y la producción nacional, dejando a Colombia, como alguna vez afirmó Javier Fernández, “con los pantalones cambiarios en los tobillos”, frase de sorprendente actualidad.
Otra gran transformación estructural del mandato Uribe fue el ostensible aumento de participación de las rentas del capital en contra de las del trabajo, al pasar de 28,9% al 33,7 % del valor agregado nacional entre 2002-2007. En el sector financiero, excluido el Banco Central, dicha redistribución del ingreso a favor del capital fue abismal: 10 puntos del PIB, de 48,2% a 58,4%, en solo cinco años. A este “logro” contribuyeron tanto la Reforma Laboral como las políticas de “confianza inversionista”, de múltiples gabelas y regalos a los más ricos y al gran capital, los cuales más allá de políticas equivocadas han mostrado una escandalosa corrupción.
La Reforma Laboral arrojó resultados diametralmente opuestos a los pregonados. Colombia se convirtió en subcampeona latinoamericana en desempleo aún bajo coyunturas de elevado crecimiento; y lejos de contribuir a preservar el empleo en épocas de crisis, al reducir las rentas del trabajo dicha reforma exacerbó aún más el desempleo, el cual alcanzó 14,6% en enero, al tiempo que el 52,1% de la población ocupada estaba en la informalidad en diciembre pasado, develando así el verdadero fin de dicha reforma de ampliar las rentas del capital en contra del trabajo. Además de tan nefastos resultados distributivos internamente, la política de “confianza inversionista” derivó en el grave empobrecimiento de los colombianos frente al mundo, medido como la diferencia entre activos y pasivos con el exterior o “posición de inversión internacional neta”, cuyo déficit más que se duplicó entre diciembre de 2002 y septiembre de 2009, de US $-27.008,1 millones a – US$58.138,9 millones.
En política exterior los costos son inmensos y perdurables. En contravía del mandato constitucional de profundizar la integración latinoamericana, Uribe sepultó la Comunidad Andina de Naciones al firmar un tratado leonino con Estados Unidos, así como otros tratados profundamente contrarios al interés nacional. Algún día los colombianos tendremos que impugnar estos tratados firmados por un gobierno ilegitimo y bendecidos por un Congreso de mayorías igualmente ilegitimas, “antes de ir a la cárcel”, e impuestas por actores armados.
Es muy larga la lista de desmanes y de violaciones a la Constitución y los derechos humanos, entre ellas “los falsos positivos” y crímenes a sindicalistas. Basta señalar que el 49% del desplazamiento forzado en los últimos 25 años ocurrió bajo este mandato; la indiferencia frente a estas víctimas como frente a los secuestrados compite en crueldad con la de los propios verdugos, al haber impedido la liberación de los cabos Moncayo y Calvo ofrecida hace ya un año por sus secuestradores.
¡Y qué decir de la burla a las instituciones y a la Justicia! Seguimientos y “chuzadas” a opositores, periodistas y persecución a la valiente y proba Corte Suprema de Justicia. Bajo el mandato Uribe la calumnia oficial u oficiosa por parte de sus amigos prosperó.
De ella fueron objeto el magistrado Velásquez y Rafael Pardo, a quien Juan Manuel Santos trató de vincular con las FARC en la pasada campaña presidencial, práctica que hoy el Procurador aplica al senador Jorge Enrique Robledo. Bajo el rompimiento de la división de poderes, que la anterior Corte Constitucional no quiso ver en la primera reelección, el Procurador Ordoñez, -elegido por las mayorías presidenciales en el Congreso-, llamado “Gran Absolvedor” por Ramiro Bejarano por tantos delitos graves e inconstitucionalidades que escapan a su conciencia jurídica, decidió abrir investigación a un senador honesto, estudioso y defensor de los derechos de los colombianos, de la educación publica y en general del trabajo y el progreso de Colombia, líder de la lucha contra el lesivo TLC y denunciante en el Congreso de grandes actos de corrupción como los negocios de los hijos del presidente y de AIS y de gravísimas violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional como la entrega de bases militares a Estados Unidos. A este congresista, Ordoñez le abrió investigación disciplinaria por “presuntos vínculos con las FARC”, actuación que el periodista Daniel Samper denominó “Una aberración, una venganza”1/. Por fortuna “La Silla Vacía”2/ develó el infame montaje del Procurador para tratar de manchar a este valioso senador, por quien no vacilaré en votar el próximo domingo, no sólo por su meritorio desempeño en el Senado, sino como protesta ante la calumnia y los métodos siniestros que el gobierno ilegítimo y sus amigos utilizan para torcer el proceso democrático, como lo demostraron igualmente los numeroso vicios del referendo reeleccionista, que determinaron la declaratoria de su inexequibilidad.
Notas: 1/ http://www.eltiempo.com/opinion/col... 2/ http://www.lasillavacia.com/histori... citada por Samper
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