Por: Francisco Valderrama Mutis, Bogotá, febrero 16 de 2010
Las ejecuciones extrajudiciales, llamadas “falsos positivos”, se convirtieron en una tragedia anunciada desde que el 17 de noviembre de 2005 el Ministro de Defensa de entonces, Camilo Ospina, hoy aspirante al cargo de Fiscal General con el apoyo incondicional de Uribe, expidiera la Directiva Nº 29 orientada a establecer una tabla de incentivos y recompensas “por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley...”. La Directiva privilegiaba el método del “body count” o conteo de bajas, abandonado por los norteamericanos para medir los avances en la guerra después de la estruendosa derrota de Vietnam, donde produjo múltiples masacres y genocidios contra la población civil por la necesidad de mostrar “positivos” donde sólo había engaño.
El Personero de Soacha denunció hace ya dos años que la desaparición de unos muchachos en ese municipio y su posterior aparición en Ocaña muertos y presentados como integrantes de un grupo guerrilero era un engaño para conseguir premios e incentivos por parte de los militares. Desde entonces la suma total de estos “falsos positivos” se acerca a los 1.800 casos, configurándose un verdadero genocidio contra la población civil. El mecanismo utilizado es de por sí macabro: aprovechan la desesperación de los muchachos para conseguir trabajo con el fin de trasladarlos y luego asesinarlos montando la escena como si hubieran sido dados de baja en un combate.
Preocupados por responder rápidamente las primeras denuncias, las autoridades militares y el gobierno de Uribe destituyeron como una medida efectista a 27 oficiales, pero pasaron rápidamente a una actitud de defensa, unas veces soterrada, otras desembozada, de los militares implicados. Uribe ha sostenido en discursos ante las fuerzas militares que se trata de “falsas denuncias”, la cúpula militar no solo ha respaldado esta interpretación sino que incentivó la conformación de una organización de apoyo jurídico a los militares implicados, que supuestamente son víctimas de una “guerra jurídica” desatada por los simpatizantes y amigos de los guerrileros. La estrategia de los abogados ha sido la de dilatar los procesos para sacar a sus defendidos por vencimiento de términos, ya que no pueden probar su inocencia.
Los padres de familia de las víctimas y sus defensores han sido aislados, perseguidos y amenazados, sin que sus reclamos de protección por parte del Estado haya sido escuchados. Pero a los victimarios concentrados en un batallón en Bogotá la cúpula militar les organizó en días pasados fiesta con sus familiares. El rechazo nacional e internacional contra la posición del gobierno y las liberaciones de los incriminados ha tenido tanta resonancia que los funcionarios de Estados Unidos se han visto obligados a reclamarle en público al gobierno de Uribe por los crímenes cometidos y por su vergonzosa liberación. 53 parlamentarios demócratas en enero se quejaron ante el gobierno de Obama por la continuación del apoyo al gobierno de Uribe y la financiación del Plan Colombia a pesar de las graves acusaciones contra las fuerzas militares por violaciones a los derechos humanos y la ausencia de una posición enérgica del gobierno. Este es otro palo que Uribe atraviesa en el camino de la aprobación del TLC en el congreso estadounidense.
Por la necesidad de darle contentillo a los gringos y porque tiene urgencia de asegurar su reelección, propia o en cuerpo ajeno, Uribe decidió recibir el viernes pasado a las madres de las víctimas de Soacha, asegurando de labios para afuera y para los medios de comunicación que pedía que se aceleraran las investigaciones en la fiscalía y que se garantice que el acerbo probatorio va a impedir que salgan por vencimiento de términos.
Sin embargo, lo notorio del día de la cita lo protagonizaron algunas de las madres que fueron a manifestar su inconformidad al Palacio de Nariño. Se negaron a entrar porque dicen que Uribe las quiere utilizar: "Nosotros radicamos una carta recién que sucedieron estos hechos, y no nos atendió, entonces, ¿por qué ahora, que se está haciendo lo de la reelección, lo de las elecciones, por qué nos quiere utilizar en estos momentos?" precisó Luz Marina Beltrán Porras, según lo registró El Espectador del 13 de febrero. Lo que las madres de las víctimas necesitan es que se haga justicia y no sainetes reeleccionistas para los medios de comunicación.