El Ministerio Público mantiene tesis de complot de miembros del Ejército con mafia y 'paras' para asesinar al candidato presidencial y a políticos de izquierda.
La supuesta participación del ex jefe de Inteligencia del DAS Alberto Romero no es el único elemento en común que, según la Procuraduría, hay entre los crímenes de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, que están a punto de completar 20 años en la impunidad.

En la misma decisión en la que le pide a la Fiscalía que llame a indagatoria a Romero por el asesinato de Jaramillo, que era candidato de la Unión Patriótica, el Ministerio Público insiste en una tesis que ya había planteado hace un mes, cuando pidió vincularlo al proceso por la muerte de Pizarro: que miembros del DAS hicieron parte de un complot criminal, junto con otros organismos de seguridad, con la mafia y el naciente paramilitarismo de Córdoba y Urabá.

La Procuraduría dice que mandos militares de esas regiones y del Magdalena Medio deben dar explicaciones juramentadas sobre sus actuaciones y las de sus hombres a finales de los 80 y comienzos de los 90.

En esa lista incluye al general (r) Harold Bedoya Pizarro, ex comandante de las FF.MM., por indicios de "la colaboración aparente de algunos militares de la IV Brigada con narcotraficantes de Antioquia y Córdoba y la ayuda que prestaron a grupos paramilitares del Magdalena Medio". Bedoya, que para la época era el jefe de esa unidad, le dijo a EL TIEMPO que sus tropas persiguieron por igual a todos los generadores de violencia en la zona.

"Nunca tuvimos reportes de personal de la Brigada con esos supuestos vínculos. Incluso la Procuraduría de la época investigó, a mi solicitud. Todo lo que hicimos fue enfrentar a Pablo Escobar y su gente -afirmó el general-. Yo no tenía jurisdicción sobre el Magdalena Medio ni Córdoba".

La Procuraduría dice que hay que ubicar a un mayor (r.) del Ejército que, asegura, conoció "los orígenes del paramilitarismo, la identidad de sus promotores, de los agentes que colaboraron con ellos y, especialmente , la planificación del atentado criminal contra el doctor Jaramillo Ossa y los fallidos planes anteriores para acabar con su vida". Tras revisar los dos procesos, el agente del Ministerio Público dice que hay claros indicios de que "había una política sistemática de los paramilitares para eliminar a los políticos de izquierda contando para ello con la ayuda del DAS" y otros organismos del Estado.

Sobre Romero, que por casi 20 años de los 38 que estuvo en el DAS fue el hombre fuerte de Inteligencia, la Procuraduría dice que se debe establecer si "hizo el puente entre los grupos ilegales y esa central, recibiendo como contraprestación el pago de grandes sumas". Esa es la versión que acaba de entregar en el proceso alias 'Popeye', jefe de sicarios de Pablo Escobar.

Al respecto, Romero ha dicho que recibió algunas llamadas de Carlos Castaño, pero que solo se enteró de quién era su interlocutor al final de esos contactos y que en todo caso el informante, que se hacía llamar 'Alekos', dio datos que permitieron impedir atentados terroristas del cartel de Medellín.

Entre los generales que la Procuraduría pide llamar a declarar bajo juramento está Óscar Peláez Carmona, que era jefe de la Dijín, el organismo que en teoría, debía investigar los magnicidios de 1989 y 1990. Dice que el DAS asumió los casos y que esa situación se prestó para desviar las investigaciones.

En el último medio año, el DAS ha salido salpicado por la reactivación de las investigaciones de los grandes crímenes que sacudieron al país hace dos décadas.

El ex director Miguel Maza Márquez está detenido desde agosto del 2009. por el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán.
REDACCIÓN JUSTICIA


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