El desprestigio de la emergencia social, el reversazo en el aval a diálogo con bandas, las nuevas esquirlas de AIS, y otros dolores de cabeza para el gobierno, llegan en el peor momento para el Presidente.
Justo cuando comienza la última etapa de la carrera por las curules en el Congreso y por ocupar el solio de Bolívar, el Gobierno no las tiene todas consigo y, por el contrario, da pasos en falso, a la vez que no atina a formular propuestas de solución a los problemas.
La pregunta que se abre es si el efecto “teflón” permitirá que el Presidente Uribe sobreagüe este momento difícil, para permitirle mantenerse arriba en las encuestas, justo en el momento en que más necesita de ellas (y no menos sus huestes) a las puertas de las elecciones para Congreso y cuando es inminente la decisión de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista.
Estos son siete reveses que el gobierno de Uribe ha sufrido en los últimos días, algunos por cuenta de la improvisación, y otros, fruto de la falta de resultados.
1-Decretos de emergencia social
Los decretos emitidos por el Ministerio de la Protección Social parecen improvisados. La salida en falso más protuberante del Gobierno fue la emisión de un decreto para castigar a quienes ordenaran medicinas y tratamientos que no estuvieran incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.
El hecho fue interpretado como un ataque a la autonomía de los médicos y provocó el rechazo generalizado a los decretos de emergencia social, por cuenta de médicos, asociaciones de pacientes, opositores del gobierno, usuarios de la salud, e incluso de algunos uribistas.
Las denuncias no han parado. Esta semana el candidato de Cambo Radical, Germán Vargas Lleras, dijo que las medidas del Gobierno fueron asesoradas por funcionarios de las EPS, quienes son las finales beneficiarias de la emergencia. El ministro de Protección social rechazó esas acusaciones.
2 ¿Aprueba o no aprueba diálogos con bandas?
Esta semana comenzó con una noticia buena, pero al mismo tiempo inusitada. En un día en Medellín no hubo homicidios. ¿La razón? Más que la actuación de las autoridades, parece ser el acuerdo entre las bandas dirigidas por alias ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’.
El acuerdo fue auspiciado por una comisión integrada por Jorge Gaviria, Jorge Ignacio Castaño, Jaime Jaramillo Panesso, Francisco Galán y Monseñor Alberto Giraldo. Aunque en principio el Gobierno conoció de los acercamientos y los apoyó, esta semana el Presidente Álvaro Uribe se echó para atrás y dijo que no aprobaba ningún acuerdo. El Comisionado de paz, Frank Pearl, anunció que este viernes termina el permiso para que la comisión dialogue con las bandas.
Los representantes de la iglesia Católica, así como los miembros de la comisión respondieron que para la búsqueda de la paz no se necesita permiso del Gobierno.
3- Estudiantes, informantes a sueldo
A finales de enero, en una de las visitas de Uribe a Medellín, el Presidente anunció que el Gobierno pagaría 100 mil pesos mensuales a los estudiantes que sirvieran de informantes de la fuerza pública. El objetivo: desvertebrar las bandas de los barrios de esa ciudad.
La política de delación estimulada con el pago de dinero a los estudiantes generó un rechazo unánime de sectores de la sociedad civil, educadores, integrantes de la oposición e incluso en personalidades cercanas al Gobierno. Días después, el propio Uribe tuvo que corregir la propuesta, dijo que las recompensas eran para toda la ciudadanía y no solo para ese grupo específico de la sociedad.
4-Agro Ingreso Seguro
El escándalo por la entrega de subsidios y créditos del programa AIS a familias adineradas y cercanas al Gobierno, no ha parado. Esta semana hubo un nuevo capítulo: la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral le abrieron investigaciones preliminares al precandidato conservador Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y uno de los favoritos de Uribe para que reciba sus banderas. ¿La razón?: El columnista Daniel Coronell denunció que la campaña de Arias había recibido dineros de beneficiarios del programa.
5- El informe de Human Rights Watch
La ONG presentó a principios de este mes el informe “Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia”. El documento revela la amenaza que representan los sucesores de los paramilitares, pero lo que es más grave, que el Gobierno no ha hecho lo suficiente por solucionar el problema.
El Gobierno dijo que el informe es sesgado. El ministro de Defensa, Gabriel Silva Lujan, descartó reunirse con José Miguel Vivanco, director de la organización, porque en su criterio, la HRW tiene intenciones políticas. En una de las entrevistas que concedió dijo que “hay qué perderle el miedo a HRW” desestimando la tarea de la organización. El desprecio por esa organización se compara al que el presidente Hugo Chávez ha expresado tras los duros informes de HRW sobre Venezuela.
6- ¿Se acoge o no a la Ley de Garantías?
Para poder ser un candidato, en caso de que la Corte Constitucional apruebe el referendo reeleccionista, Uribe decidió “acogerse a la Ley de Garantías” el pasado 19 de enero, aunque esta norma no lo cobija. Anunció la suspensión de la trasmisión de consejos comunitarios de los sábados en el Canal Institucional. Sin embargo, ha acudido a otros medios de comunicación, nacionales y locales, para que lo entrevisten, lo que ha dado más visibilidad que otros candidatos.
Pero, la mayor evidencia de que se “acogió a la Ley de Garantías” de cuerpo, pero no de corazón, fue que ante la avalancha de críticas a los decretos de emergencia social le consultó al Procurador, Alejandro Ordóñez, si podía hacer un pronunciamiento en el Canal Institucional para explicarlos. El hecho le mereció críticas de varios candidatos que anunciaron que pedirían el derecho a réplica, en caso de que se le concediera el permiso. El Procurador le dijo al Jefe de Estado que no podía utilizar dicho canal.
7- El TLC con EE.UU
Hace más de tres años, desde que Colombia suscribió el TLC con Estados Unidos, el Gobierno espera que este país lo firme. Sin embargo, la situación de los derechos humanos en Colombia ha entorpecido su aprobación en el Congreso de Estados Unidos.
Pese al apoyo de la iniciativa de algunos congresistas del país norteamericano, y de que el propio presidente Barack Obama dijo a Business Week que presionará el acuerdo comercial con Colombia, lo que está por demostrarse es si la imagen del país ha mejorado en el el seno del Congreso, que es en definitiva el que tiene la última palabra.
Y es que no pasan inadvertidas cifras reveladas por la Fiscalía, hace unos días, según las cuales las víctimas de ejecuciones extrajudiciales asciende a 2.221 (hasta 14 de enero de 2010) y son 3.170 los casos de personas denunciadas como relacionadas con los llamados “falsos positivos”.
Por la coyuntura política que vive el país, para el Gobierno es angustiosa, más que nunca, la aprobación inmediata del TLC. Si bien no es un revés, sí es una urgencia manifiesta, un todo o nada.