| Denunciante Constante
 |  Respuesta: Presidente uribe, !cuidado con el elefante..!
Algo sumamente grave está sucediendo en Colombia
Uno podría esperar que los intereses por terminar con la Justicia Penal Militar y arrodillar a las Fuerzas Armadas, provinieran de círculos izquierdistas, de asociaciones de estudiantes y maestros, de sindicatos y demás. Pero no, las más contundentes acciones en contra de la moral del ejército vienen del interior del mismo gobierno. Vienen del mismo ejército y del Ministerio de la Defensa Nacional que parece estar más interesado en exterminar las fuerzas armadas que en fortalecerlas.
El 14 de junio de 2006, Camilo Ospina y Mario Iguarán, a la sazón ministro de Defensa y Fiscal General de la Nación, profirieron un acto administrativo que llamaron: “Apoyo a la Justicia Penal Militar” cuyo objetivo no era apoyarla sino aplastarla completamente.
Este acto administrativo viola flagrantemente la Constitución y la normatividad legal vigente al quitarle la competencia a los tribunales militares sobre sus miembros activos, y entregársela a la Justicia Ordinaria. Algo tremendamente peligroso para la seguridad nacional, como ya vimos.
Desde la firma de este acto administrativo entre Iguarán y Ospina, el ejército está siendo combatido no en el campo de batalla sino desde los tribunales. Toda la gestión de Iguarán al frente de la Fiscalía General de la Nación estuvo orientada a dar golpes contundentes al honor y la moral de la tropa, asuntos vitales para estos hombres.
El caso más aberrante de esta conspiración contra el país, ha sido el de los mal llamados “falsos positivos” de Soacha, un rosario interminable y monstruoso de crímenes contra la justicia y el debido proceso donde sobresalen la compra de testigos por parte de la Fiscalía, los falsos testimonios, las amenazas a las familias de los soldados inculpados, los sobornos y muchas cosas más que completan el cuadro vergonzoso para la historia de nuestra jurisprudencia.
Lo más vergonzante de todo esto es que el complot para derrotar al ejército sin tener que enfrentarlo militarmente, nace del contubernio de un general de la República y un guerrillero amnistiado que entregan un informe al presidente donde aseguran que soldados y oficiales probos no son más que delincuentes barriobajeros cómplices de sicarios y expendedores barriales de droga.
Carlos Franco... guerrillero amnistiado del M-19, hoy director de DDHH.
Una vez firmado el decreto de marras, el general Carlos Suárez Bustamante y el guerrillero amnistiado Carlos Franco logran convencer al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos de que 27 oficiales y suboficiales eran unos pillos matarifes que habían asesinado a inocentes civiles que sacaron de Soacha. Pero no es cierto ni lo uno ni lo otro… Ni los oficiales los asesinaron, ni los muertos eran ciudadanos ejemplares, sino miembros de siniestras bandas de asesinos y delincuentes. Pero esa demostración queda para después, se los prometo.
El entonces ministro Santos recibe el informe y lo entrega al presidente. El ministro confía en el general Suárez. Y el presidente confía en el ministro Santos. De ahí sale la decisión del presidente de retirar del servicio a 27 militares, en un acto televisado donde los humilla como a delincuentes. Luego, el presidente le dice a Santos: “Espero que no esté cometiendo yo un grave error”. Pero el daño ya estaba hecho. El drama de los soldados y sus familias ha sido terrible desde entonces. Los hijos de los sindicados son humillados en colegios y vecindarios, los antes amigos ahora evitan dar su saludo a las esposas de los militares. Son aislados y tratados como escoria. El drama hay que haberlo vivido para entenderlo. Entretanto, mientras estos héroes son tratados como basura, los verdaderos criminales son entrevistados por los medios, son congresistas, gobernadores, asesores de paz. ¡Qué mierda de justicia..!
El asunto aquí es que Mario Iguarán y Camilo Ospina firman un acto administrativo para entregar a la Fiscalía a soldados fieles y leales, únicamente incómodos para narcos y guerrilleros. Luego, el general Suárez Bustamante y el guerrillero amnistiado Carlos Franco elaboran y suscriben un insulso documento donde acusan de asesinos a 27 oficiales y suboficiales del ejército. Entonces, en virtud del loco documento firmado por Ospina e Iguarán, estos valientes soldados quedan en manos de la Fiscalía que está infiltrada por sus enemigos naturales: la guerrilla de las FARC.
Con lo que no contaba la Fiscalía, era que los soldados serían defendidos por una valiente y brillante abogada, Lorena Leal, quien se entregó con alma y vida a defender a quienes nadie quería siquiera tratar. Lo primero que hizo Lorena fue redactar una demanda de nulidad del Acto Administrativo “Apoyo a la Justicia Penal Militar” por inconstitucional. Al mismo tiempo, se dedicó a derrumbar todas las argumentaciones de la Fiscalía evidenciando la compra de testigos y otras barbaridades. La Fiscalía, sin ninguna herramienta para demostrar la culpabilidad de los soldados, dejó que el proceso abortara por “vencimiento de términos”. Este “vencimiento de términos” no demuestra la inocencia de los soldados (que son inocentes, claro que sí), sino que transmite a la opinión pública la idea de que los soldados quedan impunes por un fallo de procedimiento. Nunca estuve de acuerdo con la libertad de los militares bajo esos términos y dije que era mucho mejor que la inocencia se demostrara fuera de toda duda. Pero es muy fácil decir esto cuando uno está en libertad y no sujeto a los vejámenes de esta “justicia” colombiana.
Entre tanto, la magistrada del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, admite la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Lorena Leal, y declara nulo el Acto administrativo firmado por Iguarán y Ospina. Esto sucedió el 14 de diciembre de 2009.
Increíblemente, el 28 de enero de 2009, el Ministerio de Defensa, en poder de la Dra. Sandra Marcela Parada Aceros, interpone un Recurso de Reposición para que el fallo del Consejo de Estado sea reversado.
|