Denunciante Constante
 |  Los decretos de la emergencia
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 | 9 de febrero de 2010
En un nuevo intento por reducir los costos de la salud pública en Colombia, hacerla sostenible cerrándole espacios a la corrupción, e ir eliminando la brecha entre el régimen subsidiado y el contributivo, el gobierno nacional ha declarado la emergencia social y expedido una serie de decretos con fuerza de ley, que sistematizan el sector reduciendo la discrecionalidad individual del médico (detectada junto a las tutelas, como un importante foco de corrupción) que pasa ahora a una junta de funcionarios médicos pagados por el Estado.
El equivalente –digo yo- a las comisiones de regulación que existen en otros renglones de una economía de mercado.
Sistematizar y centralizar, no hay duda, mejora la eficiencia: permite hacer análisis científicos y de costos, y planear, pero deshumaniza el servicio produciendo casos, puntuales si, pero aberrantes. Un ejemplo -tan sensible como el de la salud- se puede observar en el sector financiero, donde ya “nadie” decide nada, todo está en manos de las computadoras y los cerebros –administradores, economista e ingenieros- que las programan.
No obstante, leyendo los decretos, y conociendo la realidad de primera mano, no se le puede negar al gobierno la buena intención; el deseo de acertar y de poner un buen arquero que evite los goles de la corrupción, al tiempo que se buscan nuevos recursos para financiar la salud, mejorarla y hacerla universal.
Casos específicos que se escuchan en la calle cuentan de “comisiones” pagadas por los laboratorios de medicamentos, y los receptores de casos de salud (IPS y especialistas), a quienes tienen y abusan de la discrecionalidad en el manejo de los pacientes originando costos innecesarios que tienen en crisis al sector.
Es de no creer; la salud pública manejada por los agentes, como si fuera un mercado de bienes materiales (carros o apartamentos), en el que quien más casos remite, más dinero gana. A eso hay que ponerle freno, y confiamos en que las recientes medidas del gobierno lo logren, sin afectar la oferta de servicios de salud, ni la remuneración de quienes laboran en el sector.
Muchos se habrán sorprendido, por ejemplo, al conocer –porque el gobierno lo elevó al 14%- que el IVA a la cerveza estuviera en el 3%. Se necesitó –al igual que en la industria del tabaco- que fuera vendida a inversionistas extranjeros, y que el Estado le metiera la mano a la financiación de las campañas políticas, para que el tributo fuera ajustado. Como también molesta saber que en los juegos de azar, otro de los que aportan recursos a la salud, hubiera tanta corrupción.
Tales decretos, han sido no obstante, fuertemente criticados por los gremios de la salud. Vaya a saber si pensando “genuinamente” en la población objetivo, o en sus intereses gremiales.
Paralelo a la higiene, tan necesaria en el sector, y a la búsqueda de nuevos recursos, el Estado tiene que diseñar políticas públicas de salud: buena alimentación, medio ambiente sano, prevención, inmunización, promoción de la capacidad auto curativa del cuerpo, desestímulos de acceso al sistema con campañas educativas y cuotas de acceso. Y buscar por todos los medios, abaratar los procedimientos, especialmente incrementando la oferta de servicios y de personal especializado.
Por Miguel Yances Peña, columnista de El Universal de Cartagena.
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