Hombre de 208 kilos de peso se aferra a una tutela para poder vivir
María Adela Novoa, abuela de Carlos Alberto, es la única que lo puede ayudar, desde bañarlo hasta moverle las piernas para acomodarlo.
Teme que los nuevos decretos de la emergencia social dejen por el piso el fallo de tutela que ordena hacerle un 'bypass' gástrico.
Cada día que pasa es más doloroso para Carlos Alberto Novoa, un hombre de 31 años y 208 kilos de peso que desde hace dos años está postrado en su casa, pues una falla en la glándula tiroides le hizo subir de peso hasta tener lo que los médicos llaman "obesidad mórbida con alto riesgo cardiovascular".
"No puedo caminar a ninguna parte porque me canso. Si salgo soy objeto de burlas y tampoco llevo una vida sentimental. En un cine no hay sillas donde sentarme. Es mi abuela la que debe cuidarme. No le produzco nada a la sociedad y eso me frustra mucho", afirma Novoa.
Hasta hace seis años se desempeñaba como un muy buen chef de cocina y era reconocido por su calidad en varios restaurantes de Villavicencio. Sin embargo, cuando empezó a engordar tuvo que irse alejando de todo el mundo al punto que ya no recuerda muy bien cuándo fue la última vez que salió a una reunión.
Los amigos desaparecieron. No los volvió a ver. Debido a que su mamá, con 147 kilos también tiene obesidad mórbida, no está en facultad de cuidarlo.
Por su estado, Carlos debe dormir en el piso, pero la humedad de la casa le ha provocado manchas en la piel. Al intentar caminar, la piel de las piernas no resiste y se le abren llagas.
"Tengo un problema de ansiedad, si tengo algún problema debo comer y para dormir también debo sentirme lleno", comenta.
Ese estilo de vida y la negativa de las entidades de salud a atenderlo, lo obligaron a entablar una acción de tutela que fue fallada el pasado 27 de enero por el Juzgado Primero Penal.
Los exámenes especializados que le han practicado, entre otros con nutricionistas y hasta psiquiatras, recomiendan que es urgente una operación de by pass gástrico para devolverle una vida digna a Carlos Alberto.
Sin embargo, la intervención, que también tiene un riesgo sobre la vida del paciente, cuesta unos 90 millones de pesos en la clínica Simón Bolívar de Bogotá.
"Sé que es una operación peligrosa, pero prefiero correr los riesgos y tener la esperanza de poder tener una vida digna. Es la única posibilidad que tengo para volver a ser alguien para la sociedad", sostiene Novoa.
El fallo de tutela obliga a Caprecom EPS a que en un plazo de 48 horas someta a Carlos Alberto a una valoración y que autorice realizar la intervención quirúrgica durante el mes siguiente.
Adicionalmente le ordena a la Secretaría de Salud del Meta garantizarle el tratamiento integral que requiera para su padecimiento.
Sin embargo, Carlos teme que a la luz de los decretos de emergencia social del Gobierno nacional las entidades de salud quieran evadir el fallo de tutela.
"No deben hacerlo porque es un fallo constitucional que está por encima de cualquier ley o decreto. Deben cumplirlo", dijo Claudia Castillo, abogada de la Defensoría del Pueblo que ayudó a instaurar la tutela.
El Ministerio de Protección, en una circular del miércoles, afirmó que las prestadoras de salud "no pueden negar, dilatar o interrumpir tratamientos autorizados por los comités técnico-científicos u ordenados por fallos de tutela".