 Respuesta: La reforma del gobierno empeora el desastre de la salud para salvar a unos cuantos negoci
El decreto 131 de la cuestionada Emergencia Social sanciona con multas a los trabajadores de la salud que se aparten de los estándares adoptados por el Organismo Técnico Científico, órgano controlado por el gobierno nacional. Esta nueva disposición persigue a los profesionales que se atrevan a prestar o autorizar servicios excluidos del restringido Plan Obligatorio de Salud, el cual quedó reducido simplemente a la atención de baja complejidad, la medicina y odontología general.
La sanción también se aplica a quienes autoricen servicios incluidos en el POS, pero se aparten del manual diseñado por el Organismo Técnico Científico.
Como una aberración que atenta contra la autonomía médica, la ética y el juramento hipocrático, calificó el senador Jorge Enrique Robledo esta medida y afirmó que el gobierno prácticamente criminalizó a los profesionales que se atrevan a cumplir con su deber de prestar los servicios que necesitan los pacientes.
Robledo explicó que los médicos y demás profesionales de la salud han sido unas de las principales víctimas de la Ley 100. “Durante los últimos años, los trabajadores de la salud han estado sometidos a despidos masivos, pésimas condiciones laborales y constantes presiones de las EPS”. Recordó que en un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2007) se demostró que las EPS coaccionan a los médicos, restringiéndoles su autonomía con la única finalidad de ahorrar costos. “Ante esta deplorable situación, el gobierno le dio la estocada final a la autonomía profesional y ahora va a perseguir a quienes, en cumplimiento de su deber, hacen lo correcto para atender a los enfermos”.
El senador del Polo se solidarizó con los gremios de trabajadores de la salud e hizo un llamado a todos los colombianos para echar atrás las medidas que profundizan el desastre de la salud.
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