Rápidamente se ha olvidado el Informe de la "Comisión de la Verdad" sobre los hechos del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985. Aparte de los interesados en dicho informe, parece que nadie tiene paciencia para leerlo, y vale la pena prestar atención a lo que dice, porque se trata de un importante episodio del "conflicto", de la guerra que enfrenta en Colombia a la mayoría de los ciudadanos contra la secta totalitaria, también enquistada en la Administración de Justicia.


La comisión de la mentira
La mentira, decía Ortega y Gasset, es la esencia de la política, y esto por cuanto en la política se intenta a toda costa encontrar una verdad útil, lo cual falsea la búsqueda y el resultado. El caso de la "Comisión de la Verdad" que redactó el famoso informe es extremo: se pretende imponer una versión de los hechos que es abiertamente parcial, y en lugar de convocar a los diversos sectores interesados, la comisión la nombra el mismo organismo que ejerce de partido de oposición, toda vez que el rechazo al gobierno no obtiene suficientes votos para presentar una verdadera resistencia en el plano político. La Comisión de la Verdad peruana estaba integrada por un buen número de personas de diversos sectores de la sociedad y fue nombrada por el presidente Valentín Paniagua. Similar trámite siguieron las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y Chile. En pocas palabras, esas comisiones fueron nombradas para aclarar hechos pasados mientras que la que nombró la CSJ pretende tener un papel en la guerra jurídica actual. ¿Cuándo se entenderá que esa guerra jurídica es parte de la que llevan a cabo las guerrillas?


¡Que cese el fuego!
La introducción del Informe es elocuente: se pretende equiparar la respuesta militar de entonces a la política de Seguridad Democrática, con el nada oculto interés de descalificarla y presentar una de las más gastadas y despreciables falacias de la propaganda del entorno terrorista: la equiparación de las bandas de asesinos con las instituciones democráticas:

Como ayer, Colombia sigue debatiéndose entre el pedido moral de cesar el fuego y la lógica implacable de las armas, en una dicotomía que los clásicos padres del derecho ya habían identificado con sobriedad. ¿Es cierto que cuando habla la espada, la ley calla? ¿Estamos forzados a ignorar la voz de nuestros hermanos que exigen diálogo, inteligencia y compasión? ¿Es que la ley y nuestro derecho a vivir en paz no son más que rehenes de la violencia?

Para mí es un misterio insondable la reacción de la gente en Colombia ante semejante retórica, abierta búsqueda de legitimación de las bandas terroristas: ¿será que nadie lo lee o que nadie se da cuenta de que el novedoso "derecho a vivir en paz" constituye una abierta deslegitimación de cualquier esfuerzo que se haga para aplicar las leyes? La introducción concluye con estas perlas:

hoy al igual que hace 24 años, cuando el llamado a que cesara el fuego hecho por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia fue sistemáticamente desatendido, se hacen imperiosos el diálogo, la reconciliación y el perdón.

Del ahogado el sombrero
La mayoría de los comentarios que aparecieron en la prensa al impresionante informe se centraban en la novedad de que se reconociera la financiación por parte de Pablo Escobar de la acción del M-19. Es lo que se pretendía, que la gente se fijara en eso y no en el sentido obvio del informe y de la comisión, que no es otro que justificar la persecución judicial contra los militares que participaron en la recuperación del palacio. Claro que antes abundaban en la prensa los escritos en que se negaba tal financiación, pero tal vez dichos escritos, pues en Colombia se desconoce la vergüenza, servían para que el reconocimiento por la "Comisión de la Verdad" pareciera una gran concesión. Nadie se fijó siquiera en la proliferación de adjetivos ("desproporcionada", "exorbitante", etc.) que se aplican a la acción militar, ni en la manifiesta afinidad del Informe con la propaganda de los partidarios del M-19 y las bandas que persisten.

El Plan B
El lector es víctima de un atraco y tiene la opción de entregar la cartera y los números secretos de las tarjetas, o de resistirse. En el segundo caso será protagonista de una pelea, y la policía lo detendrá y lo forzará a pagar un soborno aún más oneroso so pena de terminar en la cárcel. Es lo que ocurre cuando la policía está conchabada con los atracadores. Es también exactamente lo que pasa con el asalto al Palacio de Justicia: esperaban tomar el poder al forzar a la autoridad presidencial a rendirse para salvar a los importantes rehenes. Pero si eso no funcionaba, siempre quedaría el recurso de acusar a las fuerzas del orden de extralimitarse, de cometer asesinatos, de la muerte de los magistrados, etc. El Informe es la realización de ese Plan B, que todo lector de la prensa colombiana conoce. Y no es que los hampones que lo redactaron se esfuercen mucho en ser sutiles:

El Magistrado Eduardo López Villegas, al instalar los eventos públicos de la Comisión de la Verdad en noviembre de 2008, expresó, sobre el sentido del trabajo de la Comisión, que “sería ya bastante el establecimiento del derecho de las víctimas a la verdad porque se les restituye en la dignidad ultrajada por el engaño urdido por sus verdugos, y la afrentosa jactancia por falsas proezas.”

Y agregó que “es esa la verdad que ha de pregonar la historia, la que han de re-escribir los que la han contado como una audacia subversiva o una práctica castrense, y en su lugar hablarle a las nuevas generaciones de que allí en el Palacio de Justicia tuvo ocurrencia la más grave laceración que rama del poder alguna ha recibido en nuestra historia civilizada e incivilizada, con la inmolación de Magistrados, funcionarios y empleados al servicio de la justicia, la que fue abandonada, a merced de victimarios sin escrúpulos”.

Es en serio. "Alfonso Cano" habría tenido más pudor. Y lo terrible es que los militares acusados de presuntos crímenes relacionados con esa atrocidad están en manos de criminales de tal calaña. Pero ¿los militares? La sociedad colombiana está sometida a esos personajes porque, precisamente, la inmolación de los magistrados y la posterior Constitución que pactó César Gaviria con la banda que ejecutó la acción terrorista, con evidente respaldo, de nuevo, de Pablo Escobar, dio lugar a dicho dominio.

Derecho e historia
Aparte de ecuánimes, los miembros de la espeluznante comisión pretenden darse a valoraciones históricas, políticas, éticas y hasta filosóficas. Cuando describen el contexto histórico previo a la toma del Palacio, no le hacen ascos a proclamas como ésta, aludiendo al gobierno de Turbay:

Y fueron numerosos los allanamientos ilegales, torturas, desapariciones y no faltaron las ejecuciones extrajudiciales. Era precisamente por la utilización de estos mecanismos, que la legitimidad del Gobierno estaba en tela de juicio.

La prueba que exponen de dichas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones es un libro del ex guerrillero Darío Villamizar. ¿Realmente estuvo en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Turbay? La respuesta está flotando en el viento: respecto al historial del M-19 el lector se entera de que "había realizado algunas acciones que le granjearon simpatía en ciertos sectores", y...

Otra de las acciones más intrépidas consistió en la toma de la Embajada de República Dominicana, cuando el grupo guerrillero solicitó amnistía para 314 de sus miembros, a cambio de la liberación de los rehenes.

Ya lo ven: la legitimidad del gobierno estaba en tela de juicio, pero la guerrilla se metía a una embajada y tomaba unos rehenes, a cambio de la amnistía para sus miembros, acción que no resulta "desproporcionada" ni "exorbitante" sino "intrépida". Acerca del dinero que obtuvieron no se dice nada. ¿No habrá despertado la toma de la embajada simpatía en ciertos sectores? Seguro que sí. También la toma del Palacio, e incluso el asesinato de José Raquel Mercado.

Origen del testimonio
Algo que llama la atención poderosamente en la divertida disertación histórica es el origen de los textos que se citan, aun cuando se trata de hechos que cualquier periódico registraría: la mayor parte de las referencias provienen de personajes como el ex guerrillero citado, la escritora Laura Restrepo, manifiestamente afín al M-19, o la académica Socorro Ramírez, alguna vez candidata presidencial de una secta trotskista. La comisión hace suyo un resumen de la relación del gobierno de Turbay con el M-19 que copia del libro que la señora Ramírez escribió con Luis Alberto Restrepo:

“Tanto las amnistías ofrecidas por el Gobierno, como el rechazo que de ellas hizo la guerrilla, demostraban claramente que ninguna de las dos partes del conflicto se sentía derrotada o sustancialmente debilitada. El Gobierno y los militares podían argüir, como triunfo suyo, la detención de la mayor parte de los dirigentes del M-19. Éstos, en cambio, tenían en su haber, una notable popularidad. La batalla entre el M-19 y el Gobierno de Turbay por la conquista de legitimidad política, sin asumir los costos de la paz, había concluido”.

Y no hay la menor objeción al hecho de que una banda de asesinos resulte tan legítima como las instituciones, ni que la supuesta "popularidad" del M-19 no se tuviera que traducir en votos: para los autores del libro y para los magistrados la legitimidad es lo que ellos quieran entender, y las urnas son un fastidio. Ahora ya el M-19, incluso como grupo político poderoso y riquísimo gracias a su alianza con Escobar y Gaviria, va menguando. Pero lo reemplaza la CSJ. Ante el retroceso que el comunismo experimenta en Colombia desde comienzos de siglo, la cúpula judicial se va quedando como un remanente siniestro. La campaña de persecución de las instituciones armadas es la forma de guerra que ponen en práctica desde una fortaleza sólida, y cuentan con la suma de indigencia y pereza intelectual de las víctimas y de quienes quisieran orientar a Colombia en el sentido de las democracias modernas.
(Sigue la próxima semana)