El domingo pasado 10 de enero El Tiempo publicó una denuncia que por sus connotaciones debería ser un escándalo mayúsculo, pero que por desgracia y por fuerza de repetición, es algo normal en Colombia, pues fuera de unas cartas al foro del lector, nadie dijo nada mas.
Ni la radio, ni los noticieros de televisión, ni los programas de opinión abordaron el tema.
La explicación es sencilla y los hechos abundan. Pese a que la corrupción vulnera los derechos y limita el desarrollo integral de los colombianos, Foncolpuertos, Chambacú,Transmilenio, el puente de la 92 en Bogotá, la Hidroeléctrica del Guavio, el caso de la mona Haller, el robo de Roberto Soto Prieto, el robo al departamento de Caldas, el desfalco de un contralor de Bogotá que en menos de tres años incrementó su capital personal en más de tres mil millones de pesos y un personero de la mimsa ciudad investigado por enriquecimiento ilícito, los cuestionados contratos de restaurantes escolares y los contratos de la Secretaria de Educación del Distrito, miles de millonesde peos invertidos en inservibles equipos de comunicación para la policía en Bogotá y muchos casos más, son monumentos a la corrupción que nos hicieron perder la capacidad de asombro.
En ese orden de ideas, en entrevista con Yamid Amat el Zar Anticorrupción Oscar Ortiz denunció que tras rigurosos seguimientos e investigaciones, su oficina determinó que en promedio cada soborno para acceder a la contratación pública equivale al del 12,9 por ciento, es decir que si se aplica ese porcentaje al Presupuesto de Inversión de la Nación durante el año 2009, totalizado en 30 billones de pesos, significa que 3,9 billones de pesos, de los impuestos que pagamos los colombianos, terminaron en los bolsillos de hampones de cuello blanco incrustados en todos los niveles de la administración pública.
Las cifras indican que con esos se dineros se hubieran podido construir 2.000 alcantarillados y 1.800 acueductos; se hubiera costeado la educación de 325 mil niños; 347 mil familias de estratos bajos hubieran podido acceder al subsidio de vivienda individual de 11,5 millones de pesos cada uno.
O visto de otra forma, la suma total de los sobornos equivale a un año de inversión extranjera directa que en el 2007 fue de 3,7 billones de pesos. Calculan los analistas del Zar Ortiz, que el 17 por ciento de los proponentes vinculados a la contratación ofrece sobornos y el 32 por ciento son solicitados por los servidores públicos.
Lo grave es que hay muy pocas denuncias: El 28 por ciento de empresarios conoce hechos de corrupción pero solamente el 8 por ciento los denuncia. El Zar Ortiz fue al grano. En primera instancia denunció un aberrante hecho de corrupción que enloda a una de las altas cortes. Es el caso de la licitación del Ministerio del Interior y de la Justicia para la seguridad tecnológica en las cárceles, en la cual se presentaron tres propuestas. Dos de los oferentes se pusieron de acuerdo para inhabilitar al tercero.
Descubierta la trama, el Zar anticorrupción, la Procuraduría y la Fiscalía, incidieron para que el Ministerio revocara la adjudicación antes de la firma del contrato. Pero una extraña acción de tutela fallada por el Consejo Superior de la Judicatura, obligó al Gobierno Nacional a firmar el contrato.
La situación es grave y sintomática. El Consejo de la Judicatura conocía el proceso y, a pesar de las evidentes triquiñuelas urdidas por los corruptos, aprobó la tutela con unas aclaraciones (que para la oficina anticorrupción son poco convincentes), y ordenó suscribir el contrato de 53.500 millones de pesos, el cual está en proceso de ejecución.
De resultar cierta la sindicación que una de las tres más altas instancias del poder jurisdiccional esté salpicada de corruptos, quiere decir que se dañó la sal, y que Colombia se quedó sin credibilidad en las altas cortes, pues otra de este mismo nivel, está inmersa en política partidista y constituye un partido de oposición, que hace mandados a los padrinos políticos de algunos de los magistrados.
Al parecer, han ocurrido otras extrañas maniobras en el seno de la Judicatura. Dentro del sesgado proceso contra el coronel Plazas Vega, este instauró una tutela contra unos magistrados por presuntas irregularidades en su contra. La tutela fue entregada al mismo Consejo de la Judicatura para que se auto investigara y por obvias razones el fallo fue a favor de los denunciados. Como dice Plazas Vega: "De manera increíble los magistrados de la Judicatura, en este caso fueron juez y parte. Soy su víctima"