'Resulta difícil entender que impunidad surja amparada por vencimiento de términos', dijo comunicado oficial.
La principal preocupación del Gobierno radica en que internacionalmente esta decisión judicial afecta al Estado colombiano, en el sentido de que esto puede ser visto como un sinónimo de impunidad en el país, lo que igualmente genera falta de credibilidad.
Un juez tomó esa decisión por vencimiento de términos a 17 militares investigados por estos hechos.
Permanecerán concentrados
Los 17 militares acusados por los 'falsos positivos' de Soacha, y que salieron libres por vencimiento de términos, permanecerán concentrados en un batallón de Bogotá por orden del Comando de las Fuerzas Militares hasta que sea resuelta su situación jurídica.
Ayer, los tres suboficiales y 14 soldados del Ejército procesados por su presunta responsabilidad en los homicidios de Jader Palacio, Diego Tamayo y Víctor Gómez en agosto del 2008, debieron presentarse en las instalaciones del batallón de infantería 13 Landazábal Reyes, señalaron en un comunicado conjunto el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León; y el ministro de Defensa, Gabriel Silva.
Estas personas permanecerán en esa unidad del Ejército "y no serán asignados a ninguna misión táctica ni operativa", dice la comunicación. No obstante, no están privados de su libertad, aclararon voceros castrenses.
Los militares involucrados en el mayor escándalo de las Fuerzas Militares en los últimos años y que debieron presentarse son: el cabo Richard Jojoa y cuatro soldados que respondían por homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir. También los suboficiales Manuel Zorrilla y Ricardo Coronado, y nueve soldados procesados como cómplices.
Ellos quedaron en libertad el miércoles pasado por un juez de garantías, al no ser citados a juicio en los 90 días siguientes a la acusación.
El 30 de diciembre, por la misma demora en la justicia, fue dejado en libertad el mayor Henry M. Blanco, investigado en este proceso.
Según el abogado Jorge Ramos, uno de los tres defensores de los militares, la medida de las Fuerzas Militares es rutinaria "Al ser liquidadas las unidades a las que estaban adscritos debían ser reasignados", dijo el apoderado.
El abogado Ramos dijo que sus defendidos esperarán en ese lugar a que el Tribunal Superior de Bogotá y un juez de Soacha resuelvan en los próximos días las apelaciones que han presentado en el caso y la reanudación de las audiencias de juzgamiento.
Además advirtió que el martes se llevará a cabo en Soacha otra audiencia de libertad para ocho militares involucrados en los mismos hechos. Entre los militares que podrían quedar libres por cuenta de las demoras en la justicia están el mayor Wilson Quijano y el teniente Aldair Vargas.
El miércoles, hay otra audiencia en la que se solicitó la libertad del coronel Gabriel Rincón, confirmaron sus apoderados.
Un problema por fuera del país
Expertos en derecho internacional advirtieron ayer sobre los inconvenientes que representa para el país la eventualidad de que los casos de los 'falsos positivos' se queden en la impunidad.
"Es muy grave que la comunidad internacional reciba información sobre hechos que de alguna manera respaldan una imagen de impunidad en Colombia, de incapacidad de la justicia colombiana, y de debilidad de las instituciones democráticas", dijo el ex canciller Camilo Reyes.
Para él, es muy delicado "que la comunidad internacional reciba señales de incapacidad de la institucionalidad colombiana".
Dijo que todo esto afecta la imagen del país y que "la posibilidad de que la comunidad internacional llegue a la conclusión de que en Colombia, a través, por ejemplo, de un mecanismo como la Corte Penal Internacional intervenga, se hace evidente en la medida en que la justicia no quiera o no pueda operar".
Juan Manuel Galán, vocero del Partido Liberal en el Senado, advirtió ayer que una condena de la ONU puede recaer sobre Colombia si no hay un proceso jurídico en este caso.
Galán recordó que en marzo del año pasado, el Gobierno Nacional, voluntariamente, presentó a la ONU un examen sobre la situación de derechos humanos y allí le hicieron recomendaciones y adquirió compromisos.
"Colombia se comprometió a que los 'falsos positivos' no quedarían en la impunidad y a que se protegería a las familias de las víctimas", dijo el senador liberal.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa dejó claro en su comunicado de ayer que la decisión tomada hace parte de la política de esa cartera y de las Fuerzas Militares para proteger los derechos humanos y garantizar la aplicación del DIH, de manera que este tipo de hechos no quede en la impunidad.
Niegan libertad a militares en Cali
El Juez 13 Penal Municipal de Cali negó la solicitud de libertad a siete militares, entre ellos un mayor y un capitán, investigados por la muerte de un campesino en marzo de 2006, en zona rural de Cali, en otro caso de 'falsos positivos'. Sus abogados pidieron la libertad porque los 90 días para el inicio del juicio se habían vencido. Pero el juez dijo que hubo actos dilatorios de la defensa.