El Congreso constitucional del llamado Movimiento Continental Bolivariano, MCB, que reemplazó la Coordinadora Continental Bolivariana surgida del Foro de Sao Paulo, terminó con la elección de Alfonso Cano, el cabecilla de las Farc, como su Presidente y con declaraciones que sin lugar a dudas señalan que el nuevo movimiento acoge la combinación de las formas de lucha, armada y política, como medio para la imposición del bolivarianismo en la región.
Yul Jabour, diputado del parlamento latinoamericano y miembro del Partido Comunista Venezolano, dijo a la prensa que los representantes de decenas de organizaciones políticas y sociales "acordamos crear un instrumento de lucha por la liberación de nuestra América. Hoy hemos sembrado una semilla, dado un paso fundamental para las luchas populares de nuestros pueblos". Jabour comentó que el MBC "no discrimina la forma de lucha y en consecuencia acoge a "cualquier movimiento insurgente, incluyendo la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”.
Ya no es Lina Ron, la líder chavista que dirige las agresiones contra los medios de comunicación y los opositores a Chávez, no son miembros de base del PSUV, son dirigentes del gobierno venezolano con representación internacional quienes hacen tales afirmaciones, retomando el reconocimiento que Hugo Chávez hizo de las Farc en marzo de 2008 y pedirle a otros países que actuaran en consecuencia.
En el año 2006 la ONU señalaba: Demasiado a menudo se nos recuerda que el terrorismo sigue causando dolor y sufrimiento a personas en todo el mundo. Prácticamente no pasa ninguna semana sin que en alguna parte del mundo se produzca un acto de terrorismo que afecte de forma indiscriminada a personas inocentes por el simple hecho de encontrarse en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. Todas las naciones desean acabar con esta lacra, por lo que esta cuestión lleva décadas en la agenda de las Naciones Unidas, para ello, en el marco del sistema de las Naciones Unidas se han elaborado dieciséis instrumentos internacionales (trece instrumentos y tres enmiendas) contra el terrorismo internacional y referido a actividades terroristas específicas.
El gobierno de Venezuela, como los vinculados a la ALBA, MERCOSUR, UNASUR y los otros instrumentos del hegemonismo socialista, son miembros plenos de esos acuerdos y resoluciones de la ONU y están obligados a su acatamiento. Ningún país signatario puede unilateralmente desconocerlos sin incurrir en su violación, ninguna justificación ideológica puede argüirse para desestimar el mandato de la comunidad de naciones para acabar con la lacra terrorista.
El gobierno venezolano está obligado a cumplir todas las resoluciones de la Asamblea General sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, incluida la resolución 46/51, de 9 de diciembre de 1991, y las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo,
Así mismo se comprometió a observar y aplicar el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, en el que los dirigentes de todo el mundo reafirmaron su determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a preservar la igualdad soberana de todos los Estados, respetar su integridad territorial e independencia política, abstenerse, en sus relaciones internacionales, de la amenaza o el uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, apoyar la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el derecho a la libre determinación de los pueblos que siguen bajo dominación colonial u ocupación extranjera, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto de la igualdad de derechos de todas las personas sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas en virtud de la Carta.
De tal manera que además de iniciar en el país las acciones judiciales tendientes a investigar y sancionar, especialmente la participación y colaboración de nacionales con el MCB y los grupos que lo apoyan, es deber del gobierno colombiano iniciar las acciones tendientes a que el Consejo de Seguridad tome conciencia de la necesidad de investigar y sancionar la violación de esas normas internacionales por parte de uno o varios de sus estados miembros en cuanto hace al apoyo político y logístico que se le da a organizaciones calificadas internacionalmente como terroristas como son las Farc y Eln; la denuncia de estos hechos no puede quedarse en un mero acto protocolario.
La ecuánime actitud del gobierno colombiano ante la permanente provocación del gobierno venezolano, no puede ser apreciada como muestra de cobardía o desinterés en el asunto; la colaboración de algunos nacionales a ese proyecto hegemónico no puede ser vista como mera actividad política en cuanto ya involucra aspectos de la seguridad nacional expresamente señalados en la Constitución y la ley y la sociedad colombiana debe responder con fortaleza a quienes pretendiendo hacer oposición al gobierno sirven como quintacolumna a la acción terrorista ahora internacionalizada como se prueba con las conclusiones de la constitución del MCB.
En manera alguna puede pensarse que lo señalado por el señor Yul Jabour es un ejercicio lícito de la actividad política del bolivarianismo como lo pretende hacer creer en Colombia la senadora Piedad Córdoba y que cualquier denuncia contra el MCB es una persecución política al ideal bolivariano. El Congreso de la República está en mora de pedirle a esta señora explicaciones públicas de sus actividades, sobre todo cuando ellas se relacionan con la pretensión de legitimar la actividad criminal de las Farc como se desprende de la afirmación de que el MCB es un instrumento de lucha por la liberación de nuestra América. Hoy hemos sembrado una semilla, dado un paso fundamental para las luchas populares de nuestros pueblos, que no discrimina la forma de lucha y en consecuencia acoge a cualquier movimiento insurgente, incluyendo la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Ahora no puede decir la señora Córdoba Ruíz que la sacan de contexto como cuando invitaba a los universitarios a unirse a la rebelión y la subversión. Lo que está haciendo es una clara y evidente apología de actividades criminales expresamente tipificadas en nuestro ordenamiento penal y no existe excusa alguna para que los jueces colombianos se inhiban nuevamente para conocer de estas conductas.
Las históricas concesiones y mimos a la irracional oposición armada o política que es afín a ella han producido dolorosos resultados para la sociedad colombiana; basta recordar lo actuado por Alfonso López Michelsen cuando ordenó cesar la acción militar contra el derrotado ELN en los años 70, Operación Anorí, y con ello auspiciar el resurgimiento de la organización terrorista aún activa. Hay que superar ese miedo escénico al qué dirá la comunidad internacional si Colombia ejerce, como debe hacerlo, su derecho a la defensa de la sociedad y las instituciones, reprimiendo todas esas expresiones que convalidad el actuar de las organizaciones narcoterroristas.
Debe recordarse que fue precisamente la inactividad del Estado frente al enemigo la que permitió inicialmente el surgimiento de respuestas tan monstruosas como las acciones de las narcoguerrillas, por parte de una sociedad civil que se sintió abandonada por su gobierno. Esta página de horror no puede volverse a abrir en la nación.