Prensa Latina, Semana
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) afirmó este miércoles que son inciertas las cifras entregadas por el gobierno colombiano en su más reciente informe sobre los desplazados internos en el país.
El director de esa ONG, Jorge Rojas, sostuvo que el gobierno presenta estadísticas parciales a fin de minimizar la problemática, con un alto impacto en la sociedad.
Según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), los casos de desplazamiento forzado en Colombia disminuyeron en el 2009 en un 56%, lo que equivale a que 40.713 familias menos que en el año anterior.
La base de datos de la entidad registró que el año pasado 71.815 hogares fueron expulsados violentamente de sus lugares de residencia, mientras que en 2009 fueron reportados 31.102, informó Diego Andrés Molano, director de Acción Social.
Sin embargo, hay profundas diferencias entre estos datos y los que maneja Codhes, una ONG que tradicionalmente se ha ocupado de informar sobre el desplazamiento en el país. Su director, Jorge Rojas, asegura que estos cálculos son parciales y que están sujetos a incremento, tal y como ocurrió en 2008.
El año anterior, dice Rojas, se registraron 380.000 personas desplazadas, mientras que el Gobierno colombiano indicaba que ese año habían sido sólo 180.000. "Un año después, Acción Social reconoce que en 2008 hubo al menos 280.000 personas desplazadas y el Gobierno pasa de agache, en una evidente manipulación de las cifras”, aseguró.
Rojas señaló, citado por una radioemisora local, que aunque el informe del gobierno muestra la gravedad del fenómeno al entregar cifras de 31 mil familias desplazadas en 2009, la misma es mucho mayor al adolecer de una gran subregistro.
Es una cifra parcial con la cual el Ejecutivo pretende demostrar resultados de su "política de seguridad" que inciertas en muchas regiones del país, subrayó.
Asimismo, Rojas indicó que sólo en 2008 más 400 mil personas fueron desplazadas en zonas como Nariño, Putumayo Arauca, Norte de Santander y Antioquia. Éste último departamento, dijo, muestra una tendencia permanente de expulsión de población desplazada que copan gran parte de las ciudades del norte colombiano y la capital.
A su vez, el director de CODHES apuntó que el gobierno debe atender el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional ante la problemática del desplazamiento forzoso interno.
Según Marco Romero, director de CODHES, la ONG le solicitará al Ministerio Público que investigue por qué las cifras que presenta el gobierno registran un desfase de hasta 100 mil desplazados que no son tenidos en cuenta. “Queremos que la Procuraduría General de la Nación se encargue de examinar qué pasa con los casos de declaración y las cifras que entrega el gobierno nacional porque usualmente quedan más de cien mil desplazados por fuera del registro oficial”.
Además denunció que en varias zonas del país no se reciben las denuncias sobre casos de desplazamiento. “En las regiones la población desplazada se queja de que donde hay bandas criminales no los registran porque el gobierno dice que estas organizaciones ya no son paramilitares, o que en zonas de fumigación no registran a todas las personas, que no se registra el desplazamiento intra urbano”.