Qué tan proporcionada fue la respuesta del Ejército
“Infortunadamente, el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible las potestades que la Constitución y las leyes le conferían, en su objetivo esencial de dominación rápida, se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacila la Comisión en calificar la acción de ilegítima, desproporcionada y copartícipe del Holocausto”, dice el informe preliminar de la Comisión, citado en el texto definitivo.
Además de desconocer las órdenes del presidente Betancur - como una aparente orden del cese del fuego y el envío de un mediador al Palacio - y de desinformar al Gobierno, el Ejército no informó sobre un emisario que había sido liberado por el M-19 específicamente para pedir un cese al fuego. Se trataba del consejero de Estado Reynaldo Arciniegas.
“En el camino, Arciniegas le comentó [al coronel Herrera Miranda] que lo habían liberado para que hablara con el Presidente para que ‘cese el fuego’. En la casa del Florero [Herrera] le dio un tinto y le dijo que llamara a alguien, llamó al Ministerio de Defensa y habló con el General Vega, Secretario General, quien era el oficial más antiguo. Herrera le dijo que llamara a su casa antes de ir a Palacio. Le preguntó por su hijo, que tenía seis años y le dijo que fuera primero a su casa a abrazar a su hijo y a cambiarse de ropa porque estaba ‘mal vestido’ y después fuera a Palacio. Un carro del Ejército lo llevó a su casa. Nunca fue al Palacio de Nariño ni entregó mensaje alguno, ni personal ni telefónicamente”.
La Comisión también hace un énfasis sobre el arsenal de guerra que desplegó la fuerza pública sobre el Palacio de Justicia, en especial el que tenía la capacidad de mayor destrucción.
“El Ejército también empleó cargas explosivas de demolición con componente de trinitrotolueno o TNT, para abrir brecha en las paredes y muros del Palacio de Justicia; también fue empleado el C-4, explosivo plástico rompiente de uso militar, utilizado durante la segunda guerra mundial, el cual tiene más capacidad explosiva que el trinitrotolueno TNT”.
Una vez concluida la retoma, la fuerza pública manipuló de manera sistemática la escena del crimen, lo que dificultó el reconocimiento de cadáveres y la reconstrucción de los hechos.
Quién ocasionó el incendio que acabó con el Palacio
“Las declaraciones, peritajes y documentos militares de planeación estratégica y táctica, sugieren que el Ejército pudo tener responsabilidad en el tercer incendio del Palacio de Justicia, el devastador, por la falta de previsión durante la operación militar sobre los efectos del armamento utilizado, así como por la persistencia en el uso de ciertas armas, a pesar de la evidencia del efecto nefasto que produjo la conflagración en la edificación”, dice la Comisión.
Sobre los dos primeros incendios, la Comisión no es concluyente. El primero se dio en los sótanos, al parecer por cuenta de explosivos del M-19, la entrada del Ejército y la quema de vehículos particulares. Éste no se propagó.
El segundo tuvo lugar hacia las cinco o seis de la tarde del 6 de noviembre, cuando la fuerza pública tenía control del primer piso. El origen de éste no es claro. “Algunos testigos manifestaron a la Comisión que desde los pisos altos los guerrilleros arrojaban expedientes en llamas para tratar de encender los tanques que les hacían tanto daño; otros señalan que vieron cómo aparentemente desde el primer piso lanzaban bolas de fuego”.
El tercer incendio se dio en el cuarto piso. La Comisión cita el testimonio del sargento segundo Carlos Julio Rubio, según el cual el incendio fue el resultado de un ataque del Ejército contra la sala de conferencias de ese piso, donde se atrincheraban 15 guerrilleros, el presidente de la Corte Suprema, ocho colegas y alrededor de 20 rehenes más.
Esta versión concuerda con lo afirmado por Ana Carrigan en su libro ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’, que incluye apartes de declaraciones dadas a la propia Comisión. No obstante, Carrigan añade otros detalles.
El Ejército había tratado infructuosamente de llegar a esa zona del cuarto piso, pero era repelido por la ametralladora de la guerrilla, lo que había causado bajas y heridos de gravedad de la fuerza pública. Así que el Ejército disparó varios cohetes al cuarto piso y, posteriormente, voló con explosivos el techo, desde la azotea. En se momento se inició el incendio más grande que consumió el Palacio de Justicia.
Cómo murieron los rehenes y los guerrilleros
Alrededor de 60 personas murieron calcinadas y con heridas de armas de fuego en la zona del cuarto piso. Según la Comisión, “no fue posible saber con certeza” ni cuántos murieron ni cómo. La mayoría quedaron calcinados y mutilados, al parecer por efecto de las explosiones.
“Por lo menos tres de los magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”, añade la Comisión.
Además de este grupo de víctimas y guerrilleros, otros murieron en el baño que quedaba entre el tercer y cuarto piso, el segundo día de la toma. Este fue el último reducto de Andrés Almarales y los demás guerrilleros a su cargo, donde tenían a 70 rehenes. Se trataba de un espacio de 20 metros cuadrados.
El Ejército puso una carga explosiva en la pared del baño. La explosión mató a algunos de los rehenes y otros más murieron cuando el Ejército empezó a disparar a través del boquete que había abierto.
“La Comisión de la Verdad, después de haber escuchado los testimonios de numerosos sobrevivientes de los hechos del baño considera que, en ese momento, como producto de la violenta e inesperada explosión en la pared oriental del baño, acompañada de ráfagas de disparos desde el exterior, se produjo una inmediata reacción de los guerrilleros que dispararon sus armas contra algunos rehenes que se encontraban en el baño”.
La Comisión también afirma que fue en ese momento cuando la guerrilla asesinó al magistrado Manuel Gaona. Después de analizar algunos testimonios concluye: “Los disparos que en ese preciso momento impactaron sus cuerpos produciendo la muerte instantánea de Gaona (…) no pudieron provenir de las armas oficiales sino de las de los guerrilleros que eran los únicos que las portaban y usaban en ese entorno".
Por otro lado, para la Comisión el abogado Carlos Urán salió vivo del Palacio de Justicia, pero posteriormente su cuerpo sin vida apareció adentro, con un disparo en la cabeza a quemarropa e indicios de torturas. También con heridas de armas de fuego encontraron los cuerpos de los magistrados Ricardo Medina, Eduardo Gnecco y Alfonso Reyes, presidente de la Corte. Todos con proyectiles de balas que, según la Comisión, no usó la guerrilla. En el caso de Reyes, además, se encontraron indicios de que su cuerpo trató de ser incinerado después de muerto.
Frente a los guerrilleros muertos, la Comisión encontró que al menos ocho de ellos fueron ejecutados sumariamente: “Respecto al análisis de los protocolos de necropsia relativos a los guerrilleros, se ha podido establecer que en ocho de los casos analizados, se presenta una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, y en siete de ellas con frotis positivo para pólvora y con características de las lesiones que sugieren haber sido a contacto [a quemarropa]”.
Sobre el asesinato de Manuel Gaona, la periodista Ana Carrigan – en su libro ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’ – incluye un testimonio de un sobreviviente, que no aparecer en el informe: “Yo no vi que mataran [los guerrilleros] a Manuel Gaona. Es que yo no vi que los guerrilleros mataran a nadie dentro del baño (…) Lo que estoy diciendo y lo que ya dije a la Comisión de la Verdad y la Fiscalía, es la verdad histórica”.
Qué pasó con los rehenes que salieron vivos
“Para la Comisión de la Verdad no existe duda alguna de que, en el marco de los hechos del Palacio de Justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. Todos ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y, hasta el momento, veinticuatro años después, se desconoce su paradero”.
Se trató de la totalidad de los empleados de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, Ana Rosa Castiblanco, Héctor Jaime Beltrán, Cristina Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes Celis y Luz Mary Portela; las visitantes ocasionales Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo de Arias y Norma Constanza, quienes para la Comisión no eran guerrilleros, como al parecer supuso la fuerza pública. Adicionalmente, la guerrillera Irma Franco, que al parecer también salió con vida y desapareció después.
La Comisión entra a analizar el ‘modus operandi’ que puede explicar esas desapariciones. “Cabe recordar, como se señaló anteriormente, que varias personas que salieron del Palacio hacia la Casa del Florero fueron conducidas al Cantón Norte o al Batallón Charry Solano14 (…) En no pocos casos, además de la detención arbitraria fueron sometidas a malos tratos e incluso a torturas, antes de ser puestas en libertad, generalmente por la mediación de alguien conocido y con influencia que logró interceder en su favor ante las autoridades militares”.
Con esta conclusión la Comisión contradijo una de las conclusiones del Tribunal Especial que investigó los hechos del Palacio poco después de ocurridos (varias de las afirmaciones de este tribunal son fundamentales en la defensa del coronel Plazas Vega). Según el Tribunal, había prueba suficiente de que esas personas habían muerto, "a donde fueron conducidas como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”. Claramente, eso nunca sucedió.