Denunciante Popular
 |  Los mitos de la toma del Palacio de Justicia
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 | El informe de la Comisión de la Verdad Después de cuatro años de labores, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia entregó su informe final a la Corte Suprema. El texto, de más de 300 páginas, hace una reconstrucción histórica de lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Como un fantasma, esa verdad regresó para cuestionar la actuación del gobierno del presidente Belisario Betancur, la respuesta del Ejército y, por supuesto, la demencial toma del M-19. Las primeras conclusiones empiezan a golpear políticamente a Noemí Sanín y Gustavo Petro, ambos candidatos presidenciales en orillas distintas en la época de la toma. Sanín como ministra de Comunicaciones y Petro como militante del grupo guerrillero, a pesar de no haber participado en la toma.
En cuanto se conoció el informe, los medios de comunicación se apresuraron a poner en titulares las afirmaciones de Nilson Pinilla, uno de los integrantes de la Comisión. No obstante, algunas de las cosas que se han dicho, o no están en el informe o se plantean apenas como hipótesis.
La Silla Vacía toma los grandes mitos alrededor del Palacio de Justicia y la respuesta que dio la Comisión a cada uno de ellos. En algunos casos, respuestas que aclaran esos mitos. En otros, respuestas que aún generan dudas.
Qué tan previsible era la toma del Palacio de Justicia
Un mes antes de la toma, el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe manifestó en la Cámara de Representantes que las fuerzas militares habían recibido el siguiente anónimo: "El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre, cuando los magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo”.
Este mensaje fue incluido en un memorando del Comando General de las Fuerzas Militares enviado a varias de sus unidades y divisiones.
Por otro lado, según el informe, “dos o tres semanas antes [de la toma], el doctor Reyes Echandía reunió a los periodistas más allegados a él en su oficina y les contó que habían encontrado un plan para tomarse el Palacio”.
La Comisión concluye que la toma la conocía el Gobierno, el Ejército e, incluso, la opinión pública. Por cuenta de los indicios y de las amenazas que tenían varios magistrados, la seguridad del Palacio fue reforzada. Pero de manera intempestiva, se suspendió el 5 de noviembre.
Para la Comisión, la hipótesis más probable sobre el retiro de esa protección fue la “ratonera”: la fuerza pública le tendió una trampa al M-19, y deliberadamente retiró la seguridad para después tener a su merced a los guerrilleros.
La Comisión se refiere también a cómo para esa época la Rama Judicial había expresado reservas sobre figuras como el estado de sitio o la justicia penal militar. Esto mereció que se la acusara de ejercer una “dictadura judicial”.
Sobre este tema, la periodista Ana Carrigan – en su libro ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’ – se refiere a procesos judiciales que se estaban promoviendo contra integrantes de la fuerza pública, tanto por posibles violaciones de los derechos humanos como vínculos con grupos paramilitares.
“Los problemas de los magistrados con los militares se remontaban a una serie de investigaciones judiciales enfocadas en su brutalidad (…) otros casos más recientes estaban relacionados con actividades de la guerra sucia”, dice la periodista.
Esta arista no fue explorada por la Comisión en su informe.
Quién dio la orden de la retoma
Los militares no se molestaron en consultar con el Presidente cómo debía ser la respuesta a la toma. De hecho, según la Comisión, el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe sólo se presentó en la Casa de Nariño a las cuatro de la tarde del 6 de noviembre, casi cinco horas después de que se inició la toma del Palacio.
Para entonces, los tanques del coronel Plazas Vega ya habían derrumbado las puertas de bronce del Palacio e ingresado.
“No ordené el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia”, dijo el ex presidente Betancur a la Comisión. Este desdén del poder militar hacia el Ejecutivo, traducido en desinformación e incumplimiento de órdenes, se mantuvo durante todo el episodio.
La Comisión explica a qué se debió este quiebre: “Las relaciones entre el presidente Betancur y las Fuerzas Militares distaban de ser fluidas y existía una mutua desconfianza, generada a partir del proceso de paz y del cambio de orientación en el manejo del orden público en el país”. Esta conclusión del informe la ratificó el propio ex presidente Belisario Betancur, al declarar ante la Comisión: “sí, había tenido dificultades [con los militares] desde el comienzo del gobierno”.
Después de Julio César Turbay, un presidente de línea dura y con un enfoque militarista – no exento de desmanes y abusos –, el enfoque pacifista de Betancur no les cayó en gracia a los militares. Para ellos, además del cambio de lenguaje y mentalidad, el proceso de paz se había adelantado sin consultarlos.
Cuál fue el papel del Gobierno
“Nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes”, afirma la Comisión. Considera que en definitiva no hubo un intento real de diálogo, ni tampoco una verdadera planificación de una operación de rescate.
Si bien esto se debió en parte a la desinformación a que sometió el Ejército al Gobierno, también fue una actitud deliberada, que a medida que avanzaba la toma fue respaldada por todos los ministros, salvo algunas excepciones, en especial la inconformidad que en algunos momentos manifestó el ministro de Justicia Enrique Parejo.
El presidente Betancur pidió consejos de ex presidentes e incluso de Gabriel García Márquez.
“Mientras el Presidente del Congreso, doctor Álvaro Villegas, y el Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes, llamaban insistente e infructuosamente al primer mandatario para solicitar el cese al fuego, el presidente Betancur y sus ministros realizaron personalmente unas pocas llamadas a otros rehenes para tranquilizarlos y anunciarles que pronto se resolvería satisfactoriamente la crítica situación por la que atravesaban”, concluye la Comisión.
El único intento que hizo el Gobierno de negociar con la guerrilla, a instancias de Parejo, fue el segundo día de la toma. La idea era enviar un mensaje del Gobierno a Andrés Almarales, comandante del M-19 que estaba en el Palacio. Esto se haría mediante un delegado de la Cruz Roja.
“El mensaje enviado a través de Carlos Martínez Sáenz, salió aproximadamente a las 10:00 a.m., y no pudo entrar [al Palacio de Justicia] sino después de medio día. Enrique Parejo le oyó decir que no lo habían dejado pasar y que el Ejército le había dicho que no era prudente que entrara porque en ese momento había un tiroteo entre la guerrilla y la Fuerza Pública”, dice la Comisión. Cuando finalmente el Ejército dejó entrar a Martínez “ya no había nada que hacer”.
Lo que sí hizo el Gobierno, fue silenciar a los medios de comunicación, lo cual resultó paradójico para la Comisión: “al tiempo que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la televisión, la Ministra [Noemí Sanín] tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero (…) y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas”.
Los medios de comunicación trataron de negarse a hacerlo, pero la orden fue perentoria. Más de 20 años después, Yamid Amat le dijo a la Comisión: “La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. (…) Los medios de comunicación eran en ese momento los ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el Gobierno, cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando”.
Cuál fue la relación entre el Cartel de Medellín y el M-19 en la toma
“Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, afirma la Comisión. No obstante, no concluye de manera precisa en qué nivel se dio el apoyo de Pablo Escobar al grupo guerrillero.
La Comisión cita el testimonio del lugarteniente de Pablo Escobar, ‘Popeye’, quien aseguró que el capo pagó dos millones de dólares al M-19 por la toma del Palacio. “Él [Pablo Escobar] le entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, pero esa plata fue perdida porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron”, dijo a la Comisión.
Por otro lado, la Comisión cita el libro 'Mi confesión' del líder paramilitar Carlos Castaño, según el cual en mayo de 1985 Carlos Pizarro y el Cartel de Medellín acordaron la toma del Palacio, a iniciativa de Pablo Escobar. Según Castaño, Pizarro ‘cobró’ un millón de dólares por eliminar al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, y un millón de dólares por destruir todos los archivos.
Para la Comisión, la contradicción entre los testimonios no refuta “otras deducciones”, como la humareda que salía del Palacio de Justicia antes de la primera hora de la toma, cuando el Ejército no había llegado. Lo que indicaría – al parecer, ya que no lo afirma el informe – que en ese momento se incendiaron los expedientes.
Ese día, además, se estaba discutiendo la constitucionalidad del tratado de extradición en la sala constitucional. Un tema que hacía parte de las proclamas que hizo el M-19 cuando se tomó el Palacio.
La Comisión hace referencia también al testimonio de los ex guerrilleros Otty Patiño y Rosemberg Pabón, que afirmaron que sí había algún tipo de relación con los narcotraficantes, limitada a temas como apoyo de transporte o suministros. Pero, aclaran, no había un sometimiento del M-19 a la voluntad de los carteles.
Para ese grupo, la motivación de la toma era hacerle un “juicio” al presidente Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de tregua suscritos en 1984.
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