Carlos Arturo Fernández Trujillo tenía una compleja estructura criminal integrada por abogados o ex servidores de la justicia
A 48 meses de prisión y una multa de $16 millones fue condenado Carlos Arturo Fernández Trujillo, el señalado cerebro de una compleja estructura criminal integrada por abogados o ex servidores de la justicia dedicada a manipular procesos en el Consejo de Estado.
La sentencia, proferida el 30 de noviembre por un juzgado de Bogotá, causó roncha en la Fiscalía, que consideró el fallo como demasiado benigno para quien se convirtió en un enlace de una red de servidores del Consejo de Estado o la Procuraduría, que aparentemente con apoyo de ex funcionarios, congresistas, diputados, gobernadores, alcaldes o concejales, manipulaba expedientes, arreglaba sentencias o retardaba notificaciones a cambio de dinero.
Centenares de conversaciones interceptadas por la justicia daban cuenta de cómo se movía esta ilícita red, quiénes la componían y a cuántos procesos se les metió la mano. Por este caso la Procuraduría abrió investigación contra cuatro funcionarios del Consejo de Estado y una asesora del Ministerio Público que mantenía estrechas relaciones con esta red. Asimismo, ordenó la suspensión de todos ellos al considerar que incurrieron en 10 delitos graves, como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.