La ex fiscal que armó escándalo por su retiro es apenas la punta del 'iceberg' de una compleja operación para torpedear la investigación de las 'chuzadas' del DAS. Incluye amenazas, seguimientos, investigaciones a escondidas y pruebas falsas.

Si el escándalo por las 'chuzadas' ilegales del DAS sacudió al país, lo que ha venido ocurriendo en los dos últimos meses podría llegar a ser aún más grave y escandaloso. No se sabe si hay alguien detrás moviendo los hilos de toda una estrategia o no. Pero lo cierto es que el caso se ha convertido en blanco de todo tipo de trabas para evitar que la Fiscalía logre desentrañar la verdad sobre el tamaño del escándalo.


El episodio más reciente se dio la semana pasada. Una ex fiscal, Claudia Esther Pérez, luego de ser retirada de su cargo porque no pasó el concurso de méritos que la ley obliga, se despachó en los medios de comunicación. Nadie entendió muy bien los pormenores de lo que estaba denunciando. Pero lo único que ella quería dejar muy claro es que tras dos meses de investigar el caso había logrado descubrir que las 'chuzadas' no se habían hecho en el DAS y que todo había sido un montaje contra esa institución.

"Lo que se quería era generar un mayor choque de trenes entre el Presidente de la República y el presidente de la Corte", dijo la ex fiscal a La W. Es decir, que las 'chuzadas' y los seguimientos ilegales de magistrados de la Corte que se le atribuyen al DAS eran sólo un montaje para poner a pelear a los dos poderes.

Pero dos días después, cuando los medios decidieron contrastar la versión y entrevistaron al fiscal general Guillermo Mendoza y al vicefiscal Fernando Pareja, todas las acusaciones de la indignada ex fiscal se empezaron a desintegrar. Sus declaraciones estaban salpicadas de mentiras y verdades a medias (ver recuadro). La realidad es que sin permiso de la cúpula de la Fiscalía, a escondidas, ella decidió montar una investigación paralela sobre el caso de las 'chuzadas'.

La fiscal Pérez nunca explicó quién le dio la orden de hacer una investigación irregular y dejó ver que su propósito era, de cierta manera, tratar de sacar al DAS de este tierrero. "Lo que a mí me encargaron se lograría si llega (...) a establecer plenamente que las interceptaciones no se hicieron desde el DAS".

¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién le dio instrucciones para que hiciera una investigación paralela que torpedeaba la investigación oficial? ¿Por qué el interés en decir que desde el DAS no se hicieron interceptaciones cuando ya lo demostró la misma investigación y existen documentos que así lo corroboran? ¿Acaso hay un interés de desprestigiar a todos los relacionados?

Este, el episodio de la extraña fiscal, es apenas el más reciente de los intentos por torpedear la investigación de la Fiscalía sobre este caso que comenzó en febrero de este año. En ese momento SEMANA publicó documentos que demostraban que desde el DAS se estaban 'chuzando' y haciendo seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema, a políticos de oposición y a defensores de derechos humanos.

Lo que el país no sabe es que en estos nueve meses el caso se ha convertido en lo más parecido a una película de espionaje: amenazas a los investigadores, micrófonos ocultos para seguirlos, fiscales destituidos por el fiscal Guillermo Mendoza y gran desconfianza con los detectives encargados de recopilar las pruebas.

Cuándo empezó
Todo comenzó cuando el fiscal general Mario Iguarán terminó su período el 31 de julio pasado y el primero de agosto, en vista de que todavía la Corte Suprema no había elegido su sucesor,quedó encargado el entonces vicefiscal, Guillermo Mendoza.

Lo primero que hizo fue destituir a los dos fiscales delegados ante la Corte que habían llevado el caso de las 'chuzadas' durante cinco meses, y nombrar como vicefiscal a Fernando Pareja. Éste pidió licencia en el Tribunal Superior de Bogotá, donde es magistrado con las más altas calificaciones del país, para asumir este cargo de manera temporal.

Así mismo, Mendoza trajo otras dos destacadas magistradas del Tribunal, en calidad de préstamo, para que asumieran la investigación de las 'chuzadas' del DAS. Una de ellas, María Consuelo Rincón, es conocida porque fue la única juez que resistió hasta el final la andanada de Pablo Escobar contra quienes lo investigaban en Antioquia. La otra es Patricia Rodríguez, quien cuando fue fiscal seccional de Meta, era conocida como la 'dama de hierro'.

La primera sorpresa que se llevaron las fiscales fue comprobar que si bien en teoría los investigadores llevaban siete meses de pesquisas, en la práctica la que podría ser la prueba reina del escándalo estaba prácticamente intacta, sin siquiera destapar. Se trata de cerca de 1.000 gigas recogidas de las salas de interceptación 'Vino' y 'Plata', de las que tanto se ha hablado en este caso.

Allí reposa un verdadero tesoro de la investigación, pero tiene un problema mayúsculo pues toda la información está encriptada. Y para desencriptarla se necesitan verdaderos expertos en la materia. "Hemos encontrado el mayor apoyo en esta investigación en la Dijín que en la propia Fiscalía", le dijo el Fiscal General a SEMANA.

De hecho, la Policía es la que está tratando de hallar los códigos secretos para abrir los archivos. En casi dos meses es poco lo que han logrado descifrar, pero ya se han detectado indicios comprometedores.

Las dos fiscales llevaban pocas semanas al frente de la investigación y se encontraron con un segundo tropiezo. De repente les empezaron a llover denuncias de 'chuzadas' ilegales nuevas y a entregarles equipos tácticos de interceptación de cuanta entidad del Estado existe. Con cierta socarronería, una persona cercana al caso decía, "sólo falta que llegue el Icbf diciendo que también tenía un equipo táctico para chuzar".

Aparecieron equipos con los que nadie contaba, de la Procuraduría, el Ejército, del Inpec y hasta uno del Ministerio de Defensa que supuestamente figuraba como extraviado en el trayecto de Europa a Colombia.

Y sobre todo, se empezaron a filtrar en los medios, por cuentagotas, todo tipo de noticias sobre cómo en Colombia empresas privadas 'chuzaban'. Algo que, cabe anotar, nunca denunció el hoy director del DAS, Felipe Muñoz, cuando era superintendente de vigilancia.

El asunto llegó a tal extremo, que incluso hace tres semanas un medio de comunicación afirmó que en 2005 la Embajada de Estados Unidos había rematado electrodomésticos y entre ellos se encontraban 32 equipos de interceptación telefónica que se encuentran en las calles.

Esa táctica de salpicar a todo el mundo es algo que han denominado "democratizar el problema". Es una estrategia de control de crisis que básicamente consiste en sindicar a todo el mundo, con lo cual nadie resulta culpable. Y como si fuera poco, inunda a la Fiscalía de denuncias, lo cual termina por desviar y desbordar su capacidad hasta paralizar el proceso. Tiene cierto parecido con la que trataron de aplicar los jefes paramilitares desmovilizados cuando intentaron salpicar a todo el mundo con sus fechorías.

En este chaparrón de 'mea culpa' por 'chuzadas', cayeron también la Fiscalía y la Policía. Extrañamente aparecieron dos interceptaciones este año al magistrado Iván Velásquez, que han sido el motivo para que se diga que el DAS no 'chuza' pues se hicieron en salas del CTI-Ejército y Gaula-Policía.

Pero eso es un mero elemento de distracción que busca confundir a la opinión pública. Las pruebas de las 'chuzadas' y los seguimientos ilegales que hizo el DAS entre 2005 y 2008 a magistrados, periodistas y políticos opositores no han sido desvirtuadas.

Refiriéndose al tema, el Fiscal General dijo: "¡Cómo van a salir a decir ahora que el DAS no interceptó! Esas interceptaciones ilegales son tan evidentes, que hay personas con medida de aseguramiento por esos hechos. Ahí están las evidencias físicas de las órdenes de interceptación ilegal".