A medida que pasan los días surgen nuevas evidencias que ponen en tela de juicio la transparencia con la que, según el ex ministro Andrés Felipe Arias y el actual ministro de Agricultura Andrés Fernández, ha sido manejado el programa Agro Ingreso Seguro y la adjudicación de millonarios subsidios.
La dupla de los 'Andreses' no ha perdido oportunidad para insistir, como lo hizo también el sábado pasado con la bendición del presidente Uribe durante un consejo comunitario, en que el Gobierno no ha metido la mano ni ha tenido injerencia en la asignación de los recursos. Aseguran que fueron adjudicados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, bajo criterios estrictamente técnicos.
Sin embargo, la realidad es otra. No solo ha habido concentración de subsidios en unas pocas manos gracias a fraccionamientos fraudulentos de terrenos, como lo denunció CAMBIO, sino que proyectos declarados no viables por técnicos del IICA, finalmente terminaron aprobados nadie sabe ni cómo ni por qué. Así lo reconocen funcionarios y contratistas del Ministerio de Agricultura y del IICA consultados por esta Revista. "Nosotros dimos los conceptos técnicos que descalificaron algunas propuestas y después, sin razón alguna, esos proyectos terminaron beneficiados con recursos y con el beneplácito del Ministerio -dijo uno de ellos que pidió reserva de su nombre-. Eso nadie lo entiende".
En el acta de evaluación No. 27, del 2 de mayo de 2008, firmada por los evaluadores técnicos y avalada por la Secretaría Técnica de la Unidad Ejecutoria del IICA, aparecen tres proyectos que inicialmente fueron declarados "no viables" y luego aprobados por un comité administrativo del que hizo parte el Viceministro de Agricultura, lo que confirmaría el "cambiazo".

Proyectos calcados
Por ejemplo, aparece uno a nombre de Juan Manuel Dávila Jimeno, propietario de la finca Campo Grande en Algarrobo, Magdalena, el mismo que fraccionó sus predios y logró concentrar en su familia subsidios no reembolsables por más de 2.200 millones en 2008. Según los evaluadores, el proyecto de Dávila Jimeno no era viable por varias razones: el caudal seleccionado para el riego era muy alto para la conducción por tubería de ocho pulgadas, las especificaciones técnicas del suministro de energía del predio no concordaban con el presupuesto y no había claridad sobre la concesión de aguas, entre otros problemas. "A juicio nuestro esos problemas técnicos no eran subsanables y por lo tanto ese proyecto, como quedó consignado, debió ser rechazado", explicó un ingeniero conocedor del proyecto. Aun así, el proyecto acabó beneficiado con un subsidio no reembolsable de 445 millones de pesos.
El proyecto de Dávila Jimeno no fue el único de la familia que fue rechazado por los evaluadores técnicos del IICA. También fue declarado no viable otro a nombre de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, hijo de Dávila Jimeno, "arrendatario" de 98,5 hectáreas de la finca paterna por un millón de pesos mensuales, y también beneficiario de un subsidio de 435 millones de pesos.
El proyecto de Dávila Fernández de Soto fue declarado "no viable" porque fue presentado sin los soportes jurídicos de la propiedad del predio, por falta de claridad sobre la concesión de aguas, porque las especificaciones técnicas para el suministro de energía del predio no concordaban con el presupuesto y porque el caudal seleccionado para el módulo de riego era muy alto para la conducción por tubería de ocho pulgadas, entre otros motivos. Las mismas razones por las que fue rechazado el de su padre. Los proyectos eran calcados.

Conocedores del tema consultados por CAMBIO dicen que ni el Ministerio de Agricultura ni el IICA tuvieron en cuenta el concepto negativo de los evaluadores técnicos sobre este y otros proyectos y que, además, las entidades tampoco advirtieron sobre algo que parecía evidente: el fraccionamiento de predios por parte de la familia Dávila para acceder a más subsidios. "Nadie llamó la atención sobre esto porque las políticas del Ministerio no lo prohibían", dice un funcionario. Otro proyecto negado en la misma acta de evaluación No. 27 de mayo de 2008, corresponde a Inversiones Agrícolas y Comerciales, Inagro S.A., de los Solano Tribín, un conocido grupo de empresarios con vínculos comerciales con los Vives Lacouture y Lacouture Dangond, otras dos familias samarias favorecidas con millonarios subsidios. Fue declarado no viable por falta de soportes técnicos y fallas en las especificaciones en el uso de energía, pero aun así apareció en el listado final de beneficiarios con un subsidio por 408 millones de pesos. En 2008, los Solano Tribín también fraccionaron predios para asegurar subsidios por cerca de 1.300 millones de pesos.