Discutirá ponencia que pide no excluirlas de listado de actos de crueldad contra animales.
La decisión también afectará a las peleas de gallos y las novilladas.
La Corte abordará la polémica en torno a la constitucionalidad del adendo que excluyó a las corridas de toros y las peleas de gallos del listado de actos considerados como crueles, previstos en el Estatuto de Protección Animal (artículos 7 y 8 de la ley 84 de 1989).
La excepción fue demandada por un particular que alega que, jurídicamente, la norma vulnera el derecho a un ambiente social y cultural sano. Entre otros argumentos, el demandante manifiesta que ambas actividades atentan contra la paz y la convivencia y viola el libre desarrollo de la personalidad de aquellos colombianos que se avergüenzan en su condición humana, por no estar de acuerdo con los espectáculos crueles con animales.
La ponencia
Fuentes de la propia Corte le confirmaron a EL TIEMPO que el ponente de la decisión, el magistrado Jorge Iván Palacio, presentará ponencia favorable a la demanda.
También, que aunque el tema aparece de séptimo en el orden del día de la sala plena, hay algo de premura para que se defina la constitucionalidad o no de la excepción, debido a que el 10 de noviembre próximo vencen los términos legales para que el alto tribunal defina la demanda.
En este polémico expediente reza un concepto del procurador general Alejandro Ordóñez, revelado por este diario, que calificó las corridas de toros, las novilladas, el rejoneo, el coleo, las corralejas, las becerradas, las tientas y las peleas de gallos como "expresiones culturales y artísticas que nos identifican como colombianos (...) lo que hace tolerable el sufrimiento a que son sometidos".
Su concepto es compartido y apoyado por varias asociaciones de tauromaquia que además argumentan que esta actividad genera más de 2.000 empleos directos.
Pero, al parecer, el concepto no fue tenido en cuenta por el magistrado Palacio, quien defenderá su ponencia esta o, a más tardar, la próxima semana.
El Congreso ha intentado,sin suerte, reformar el Estatuto de Protección al Animal, por contemplar multas y sanciones bajas para el maltrato y el abuso.