La Corte Suprema de Justicia autorizó ayer el envío a Estados Unidos del cerebro de DMG.
Lo hizo al considerar que no existe ningún impedimento legal para negar la solicitud de la justicia estadounidense, que lo acusa de conspiración para lavado de dinero.
La Sala Penal de ese tribunal justificó la decisión en que Murcia no ha recibido sentencia definitiva en el proceso penal que se adelanta en su contra en Colombia.
"El Presidente de la República tiene la opción de diferir la entrega hasta cuando se juzgue o cumpla la pena, en caso de condena", señaló la Corte.
Sin embargo, una fuente oficial le dijo a EL TIEMPO que en una semana el presidente Uribe se pronunciará sobre la decisión de enviar a E.U. a Murcia y que lo más probable es que lo haga.
Murcia es procesado por el Juez Cuarto Especializado de Bogotá, que lo declaró culpable de captación ilegal de dinero y lavado de activos.
La Corte no aceptó la petición de la defensa de Murcia de frenar la extradición, con el argumento de que él iba a reparar a las miles de personas que resultaron afectadas por DMG.
"No cabe predicar una reparación integral, en tanto la entidad de los delitos no lo amerita, máxime cuando el Gobierno Nacional ha adoptado medidas tendientes a buscar la reparación económica del daño derivado de la comisión de las conductas punibles atribuidas en Colombia al requerido en extradición", concluyó la Corte.
Aydé Trujillo, abogada de Murcia, aseguró que a su cliente se le violaron los derechos fundamentales con la decisión de la Corte. Según Trujillo, el hecho de que no se haya podido dictar sentencia es culpa del Gobierno.
En la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Murcia es señalado de ser jefe de una red multinacional que entre octubre del 2007 y noviembre del 2008 ocultó y distribuyó en el sistema financiero de Estados Unidos y México las utilidades obtenidas por varios narcotraficantes colombianos con la venta ilegal de narcóticos.
En la acusación son incluidos como socios Daniel Ángel Rueda, Luis Fernando Cediel, su cuñado William Suárez y Margarita Pabón, considerada asesora legal del grupo.
Reparación no avanza
Por cuenta de los alegatos de uno de los 21 abogados que representan a los 2.085 afectados de DMG, que se matricularon en el proceso penal contra David Murcia, no hubo acuerdo para dejar lista el acta para presentar, en el primer incidente de reparación de Murcia, a los perjudicados.
El abogado manifestó que hay saldos en rojo porque en algunas bases de datos aparecían devoluciones de dinero que, sin embargo, no se hicieron efectivas.
La reparación se ha estimado en 18.332 millones de pesos y el 21 de octubre es el último plazo para definir las condiciones. Los representantes de las víctimas temen que los embargos sobre los bienes recaudados por la agente interventora de DMG no se hayan tramitado y que esos recursos no estén. El segundo incidente de reparación a favor de las víctimas, que se inscribieron en el último mes, empieza hoy. En este hay muy pocos reclamantes.