Una buena tajada de los 174.000 millones de pesos que desde 2007 ha entregado el Gobierno mediante el programa Agro Ingreso Seguro, ha ido a parar a los bolsillos de miembros de las castas políticas del litoral Caribe y hasta de reinas de belleza. La Contraloría, rezagada en la misión de recuperar más de 1,5 billones de pesos del erario que se han embolsillado funcionarios venales, destina parte importante de su presupuesto para alimentar una nómina paralela que, en promedio, cuesta 12.000 millones de pesos el semestre. En el Inco, hace solo unos días, rodaron las cabezas del director y tres funcionarios por cuenta de una grabación revelada por la Casa de Nariño en la cual había evidencia de negociaciones de coimas en el proceso de adjudicación de la línea férrea del Centro, un negocio que terminará costando 1,3 billones de pesos. Las continuas denuncias de corrupción, que cada año le significan al Estado más de cuatro billones de pesos, llevaron al procurador Alejandro Ordóñez a diseñar una estrategia que ha llamado "de choque", para revivir grandes casos de corrupción que duermen desde hace años en los anaqueles del Ministerio Público. Se trata de asaltos al erario por no menos de 11,5 billones, el 95 por ciento de los cuales afecta a municipios y departamentos.
En 750 entidades regionales y municipales, funcionarios corruptos han saqueado cuatro billones por concepto de regalías (Cesar se destaca por el mal uso de las regalías del carbón). Los procesos comprometen a 48.000 funcionarios, entre ellos 800 alcaldes y 30 gobernadores y, según la Procuraduría, esta es solo la punta del iceberg de la corrupción.
Una encuesta que la Universidad Externado de Colombia adelantó entre un grupo representativo de empresarios sobre cuál es el monto de las comisiones que tienen que pagar para hacerse a un contrato o ganarse una licitación, indica que es del 13 por ciento en promedio. Basados en esta cifra, el zar anticorrupción Óscar Ortiz y un equipo de colaboradores calcularon que si el presupuesto general de la Nación es de 30 billones de pesos -presupuesto de este año-, por el solo concepto de coimas el Estado perdería 3,9 billones de pesos, cifra similar a la calculada por la Procuraduría.
Según esto, la corrupción en materia de contratación pública duplicaría el costo anual de seguridad democrática -dos billones de pesos, en promedio, según el PNUD-, y superaría en 700.000 millones de pesos las reservas por 3,2 billones de pesos para contingencias: reparación a víctimas de la violencia, reliquidación de pensiones, pago de deudas por bonos pensionales y pago de sentencias judiciales. Con la misma suma podrían darse 152.113 subsidios de vivienda para personas marginadas, a razón de un poco más de 11,5 millones de pesos cada uno.
Transparencia Internacional Colombia, que aún no tiene una medición general confiable del fenómeno porque sus múltiples expresiones impiden establecer indicadores claros, considera, sin embargo, que los cálculos hechos por el Zar anticorrupción son relevantes.
CAMBIO investigó sobre lo que ocurre en el país en materia de corrupción e hizo un muestreo que ilustra la magnitud del fenómeno. Nunca los inspectores de Policía que atienden en el sector comprendido entre las avenidas Circunvalar y La Cordialidad, en Barranquilla, habían trabajado en forma tan febril. A sus despachos todos los días llegan personas que dicen ser dueñas de los predios aledaños al Metroparque donde será construida una nueva zona franca y quienes, escrituras en mano, alegan que sus propiedades están ocupadas en forma ilegal. Los funcionarios inician querellas por "perturbación a la posesión", que son resueltas con inusitada rapidez a favor de los reclamantes, quienes curiosamente son en su mayoría parientes o amigos de funcionarios de la administración distrital que saben cuánto se han valorizado los terrenos.
Los que han denunciado las anomalías aran en el desierto. Nadie se da por enterado de que la mayoría de las escrituras presentadas son falsas. Tampoco surten efecto las denuncias contra el jefe de la Oficina de Inspecciones y Comisarías por el traslado al sector de funcionarios que saben que los predios avaluados en 400 millones de pesos el año pasado, hoy pueden costar 1.500 millones. Facilitar esos negocios podría significarles jugosas comisiones a inspectores venales.
La corrupción se extiende como mancha de aceite a lo largo y ancho del país. De muy poco o nada han servido las campañas educativas y de actualización de los procesos de contratación pública promovidas por los órganos de control en un documento llamado a propósito "Manual de la Tramparencia" para la prevención de 40 modalidades de fraude preparado por la oficina del Zar anticorrupción.
Por ejemplo, en Catangallo, un municipio del sur de Bolívar de 9.500 habitantes, el Alcalde adjudica contratos a dedo pese a que la cuantía de algunos de ellos obliga a hacerlo mediante licitación, como lo establece la Ley 80 de contratación. Pero con el argumento de "urgencia manifiesta", el Alcalde contrata en forma directa, sin motivación específica y sin autorización previa. "Aquí estamos viviendo como animales -dice una de las consideraciones de un decreto para la contratación directa de unas obras públicas-. El innegable estado constitucional de las cosas es un hecho supernotorio".