Así lo afirmó Felipe Muñoz, director del organismo, durante un debate que sobre el tema de las 'chuzadas' realizó la Comisión II de la Cámara de Representantes. Esa actividad podría "tener la complicidad de algunas personas de las policías judiciales" o de empleados de "los operadores móviles telefónicos".
En el país hay empresas, según dijo Muñoz, que se prestan "incluso para temas de espionaje industrial" y que cobran "10 millones de pesos el mes" por entregar 4 cd correspondientes a grabaciones ilegales de 4 semanas.
Esta situación se conoce en momentos en que la Superintendencia de Vigilancia inició una investigación sobre presuntas interceptaciones ilegales realizadas por compañías privadas de seguridad.
"Hemos iniciado las investigaciones, tenemos identificadas ya las 17 compañías", dijo Juan Carlos Portilla, superintendente de Vigilancia, quien rehusó dar nombres concretos.
Muñoz evitó ahondar en el caso de las agencias de detectives privados y, luego de participar en una sesión reservada con los miembros de la Comisión II, se limitó a decir que "se está indagando a algunas empresas que importan equipos tácticos móviles de interceptación telefónica, para ver si están cumpliendo todos los protocolos de ley".
En el debate de ayer también participó el vicefiscal (e) Fernando Pareja, quien manifestó que la Fiscalía no ha encontrado indicios que den cuenta de una política "sistemática" del Estado en el tema de las 'chuzadas'.
Pareja dijo que actualmente operan 24 salas de interceptación en el país que son operadas por miembros del CTI.