Denunciante Novato
 |  Consejo de Estado ordenó reconteo de votos en Senado
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 Judicial. Las ciudades con más anomalías, según el Consejo de Estado, fueron Bogotá (213 mesas), Antioquia (189 mesas), Córdoba (129 mesas) y Magdalena (123 mesas).
El alto tribunal anuló la elección del 2006 y retiró la curul de la ex ministra Marta Lucía Ramírez.
Las irregularidades presentadas en por lo menos 34.000 votos depositados en las pasadas elecciones al Congreso fueron el sustento de la nulidad decretada por el Consejo de Estado de los elecciones a Senado en el 2006.
Durante un año los magistrados de la Sección Quinta, acompañados de 30 asesores, analizaron los argumentos consignados en 19 demandas de nulidad que finalmente decidieron unificar.
Uno de los demandantes fue el ex procurador Edgardo Maya, quien pidió excluir 6.500 mesas por considerar que se había configurado, entre otras faltas, inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios y fraude electoral.
“El Proceso Contencioso Electoral 4056 y otros (19 en total) culminó con la sentencia que anula el acto de elección de los senadores en el periodo constitucional 2006–2010”, dijo el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau.
Según la decisión, a los argumentos del ex procurador se sumaron las 60.000 irregularidades que se consignaban en el resto de los procesos y que hacían referencia, tal como lo señaló Ostau, a cuestionamientos “a votos irregulares presentes en dicho certamen electoral”.
El tamaño de la decisión que obliga un nuevo escrutinio por parte del Consejo de Estado, según los cálculos del Contencioso Administrativo, obligó el estudio de más de 500 cuadernos y 300 discos compactos en los que se consignaban una a una las pruebas que terminaron anulando la elección de los 102 senadores que hoy están en el Congreso.
A lo largo del proceso, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago, el tribunal comprobó que hubo irregularidades en 33.683 votos, entre ellos por cédulas que no habían sido entregadas a sus dueños. Es decir, estaban en poder de la Registraduría, que hubo suplantación de electores, además de comprobarse que hubo ciudadanos fallecidos que aparecían votando y diferencias entre los formularios E-11 y E-24.
Fue precisamente el elevado número de votos los que obligaron a dar la orden para adelantar un nuevo escrutinio, el mismo que deberá adelantar en los dos meses siguientes el Consejo de Estado.
“Esta posición jurisprudencial, mediante la cual se toma esta decisión, pretende dar eficiencia y prevalencia a la voluntad libre y mayoritaria de los ciudadanos expresada en las urnas, a la vez que sanciona el fraude con la supresión de los votos irregulares mediante su distribución porcentual”, indicó Ostau al explicar los alcances de la decisión.
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, dio un parte de tranquilidad frente a la decisión del Consejo de Estado.
“Obviamente, respeto y acato las decisiones del honorable Consejo de Estado, lo que hay que explicar es esto, el actual Senado sigue funcionando, no es que haya quedado anulada la elección de los senadores, sino que al ordenar un reconteo de los votos, podría cambiar la composición”, explicó el Ministro.
Pese a que se anula la elección del Senado, esto no implica una remezón en el Legislativo, pues tal como sucedió con las elecciones del 2002, en las que se presentó el mismo caso, sólo fueron anuladas las credenciales de cuatro parlamentarios. De la misma manera, los senadores podrán continuar en el ejercicio de sus cargos hasta que termine el escrutinio y se precise quién fue afectado.
El trámite a seguir
Una vez adoptada la decisión y notificadas las partes, el Consejo de Estado ordenará el escrutinio correspondiente en el que se analizarán uno a uno los votos que se depositaron durante el proceso electoral de 2006.
Ya con las cifras finales, el Consejo de Estado las enviará al Consejo Nacional Electoral para que con los votos irregulares decantados, se pueda determinar quiénes son los congresistas afectados y, en su defecto, quiénes los favorecidos.
“El nuevo escrutinio debe realizarse en el menor tiempo posible para que haya una absoluta claridad”, dijo el jurista.
“Este es el primer examen judicial de legalidad que se da bajo el nuevo sistema electoral, desarrollado con el sistema electoral implementado en el acto legislativo del 2003, como lo es: el umbral, la cifra repartidora y el voto preferente”, dijo el Presidente del Consejo de Estado.
Ya ocurrió en el 2005
Esta sentencia del Consejo de Estado de anular las elecciones del Senado en el 2006 no es una situación nueva.
En julio del 2005, ese mismo tribunal profirió una sentencia en la que recibieron trece demandas distintas contra la elección del Senado del 2002.
Entonces se cuestionaron los resultados de más de 20.000 mesas en todo el país y por eso se ordenó un nuevo escrutinio, el cual, como sucederá en esta oportunidad, fue realizado por el Consejo de Estado.
Las demandas se sustentaban en la suplantación de electores, lo que supuso los delitos de falsedad en muchas personas, cargos penales de los cuales se dio traslado a la Fiscalía.
Los afectados fueron: Piedad Córdoba (perdió 4.381 votos), José Renán Trujillo (perdió 5.990) y Gabriel Acosta (perdió 4.957 votos), quienes fueron reemplazados por Tito Rueda, Miguel Pinedo Vidal y Miguel Ángel Pérez.
“Era evidente el fraude”
Juan Carlos Galindo, el entonces procurador delegado para asuntos electorales y quien denunció las irregularidades en las elecciones al Senado en el 2006, dijo que fue evidente el fraude en algunos municipios y lamentó que hasta ahora se resolviera el tema.
Explicó que fue evidente la equivocación de los jurados de votación al contabilizar los formularios (E-14), por lo que se sumaron dos veces los votos y se infló el resultado.
Según Galindo, “en su momento la Procuraduría pidió a las comisiones escrutadoras hacer el conteo de votos para evitar los problemas y en unas lo hicieron y en otras no”.
El ex delegado de la Procuraduría también dijo que el otro problema que se presentó fue la suplantación de votantes en municipios como González (Cesar); Mompox y Magangué (Bolívar), además de un fraude masivo en el municipio de Remolino (Magdalena), en donde el registrador de ese lugar pidió que le entregaran los formularios (E-14) en blanco, que él los llenaba.
Para Galindo el pronunciamiento fue tarde, pues la norma establece que esos procesos deben fallarse en tres meses. “En la práctica, es dispendioso, pues esto se convierte en un expediente grande y se tienen que confrontar todos los formularios. Es algo que requiere mucha gente y no se avanza rápido”.
“Esto puede afectar mi imagen”
Visiblemente dolida se manifestó la ex senadora y candidata independiente a la Presidencia de la República Martha Lucía Ramírez con el fallo emitido ayer por el Consejo de Estado.
La aspirante al Primer Cargo aseguró que aunque esta decisión del alto tribunal no tiene ninguna implicación para terciar en la disputa por la Presidencia, sí podría tener un efecto negativo sobre su imagen.
“Esto no tiene implicación alguna en mis aspiraciones por ocupar la Presidencia, pero obviamente que resulta muy jarto y doloroso verse envuelto en este tipo de cosas”, dijo la ex senadora Ramírez, quien aseguró que está estudiando con sus abogados los recursos jurídicos que caben.
“Lamentablemente la gente muchas veces no entiende o analiza lo que significa una cosa de estas y termina pensando que uno es igual a todos los demás”, indicó la candidata.
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