La norma condicionaba a tan solo un concepto previo de la Corte Suprema cuando se afectaban "en forma grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía de la población".


Sin embargo, por seis votos contra tres, la Corte Constitucional tumbó un aparte de la Ley que facultaba al Gobierno a ponerles fin a las huelgas de trabajadores públicos y privados.

Según el fallo, la norma viola no solo la Constitución sino los tratados internacionales sobre los derechos de los trabajadores firmados por Colombia, pues no se especifica cuáles son los servicios públicos esenciales que podrían afectar a la comunidad.

"Lo que encontramos es que ese artículo estaba limitando un derecho que es constitucional", aseguró el magistrado Nilson Pinilla, presidente de la Corte.

La norma que quedaría vigente está contenida en la misma ley demandada y señala que son los jueces los deberán declarar ilegal la huelga cuando se afecten derechos básicos.

La decisión fue apoyada por seis de los nueve magistrados. Humberto Sierra Porto, Mauricio González Cuervo y Gabriel Eduardo Mendoza se apartaron de la mayoría y salvaron su voto.