El ex presidente colombiano Andrés Pastrana denunció el jueves falta de garantías en la carrera por la presidencia, señalando que el mandatario Alvaro Uribe lleva a cabo una campaña soterrada para ser reelegido con todos los recursos del Estado a su disposición.
"Tenemos ya un candidato presidente, lo que plantea un problema de garantías para el resto" de los aspirantes, dijo Pastrana a radio Caracol, cuestionando además la decisión del Senado, el martes, de aprobar en último debate la convocatoria a un referendo que habilitaría a Uribe para postular en 2010.
El jefe de Estado, en el poder desde 2002, se niega sistemáticamente a confirmar si será candidato a un tercer período de cuatro años, mientras mantiene su apoyo al referendo con el que el oficialismo busca reformar la Constitución, como ya se lo hizo en 2005 para que pudiera ser reelegido.
"¿Cómo puede haber equilibrio cuando el presidente tiene los medios de comunicación a su disposición hasta doce horas al día, todos los fines de semana para exponer su programa de gobierno, y los candidatos simplemente 30 segundos, un minuto", cuestionó Pastrana, que gobernó entre 1998 y 2002.
El ex mandatario observó también que algunos de los aspirantes fueron víctimas de escuchas ilegales por parte del servicio de inteligencia (DAS), adscrito a la presidencia.
"Precisamente fue en la pasada campaña electoral cuando se presentaron las 'chuzadas'. Fue a los candidatos presidenciales" a los que se afectó con el espionaje telefónico, sostuvo.
Pastrana es uno de los mayores críticos de Uribe, pese a que su partido, el Conservador, integra la coalición de gobierno.
Tras su aprobación en el Senado, la convocatoria a referendo tiene pendiente su conciliación con la Cámara de Representes, que la avaló previamente pero con un texto que sólo le permitiría a Uribe volver a postular a partir de 2014.
Asimismo, el proyecto desde ser sometido a consideración de la Corte Constitucional, pero Pastrana anticipó que, pese a los vicios de ilegalidad de la iniciativa, esto no será problema pues el 90% de los magistrados está vinculado al presidente.