La prensa del mundo dio a conocer el pasado 7 de mayo, el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que manifestó su gran preocupación por el “deterioro de la situación y la calidad de la democracia” en Venezuela que, a su juicio, se encuentra en “grave riesgo de colapso” por la “concentración de poder y el autoritarismo creciente” del presidente del país, Hugo Chávez. Europa Press, informa que, para el Europarlamento las acusaciones contra el jefe de la oposición “tienen una clara motivación política” en un país en el que el Ejecutivo “controla en gran medida el poder judicial”. Circunstancia agravada por las nuevas medidas que prepara el Gobierno de Chávez y que “contribuirán a reducir la independencia del poder judicial, por lo que apenas puede esperarse un juicio equitativo en Venezuela” (www.europapress.es, 07.05.09)

El Parlamento criticó específicamente al presidente Chávez sus medidas frente al dirigente opositor alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien se vio obligado, como todos sabemos, a pedir asilo político en Perú. Acusado de corrupción, narcotráfico y paramilitarismo y emplazado a presentarse ante un tribunal para la realización de una audiencia preliminar. Rosales argumentó que era un perseguido político, víctima de la venganza de Chávez, a quien ha derrotado repetidamente en el estado de Zulia, del que también fue gobernador.

Es la segunda vez, en menos de siete meses, que dicho Parlamento condena actitudes de Chávez. El 23 de Octubre del año pasado había rechazado el asesinato de un dirigente estudiantil opositor, la expulsión del representante de Human Rights Watch y la promulgación de una lista de casi trescientos posibles candidatos, la mayoría de ellos, opositores que fueron inhabilitados, por la Contralor General, ficha directa del presidente venezolano.

Adicionalmente, Antonio Ledezma, opositor titular de la alcaldía metropolitana de Caracas, a la que llegó por voto popular, ha visto disminuidos sus poderes -entre otros, el manejo del presupuesto, y de la infraestructura de gobierno, así como el control de la policía, que pasará a manos del ministerio del interior- los cuales se trasladan, según ley aprobada por la Asamblea Nacional, a un jefe de gobierno, que coordinará los cinco municipios que constituyen el área metropolitana de Caracas, cuatro de los cuales tienen alcaldes de oposición. Es de anotar que un proyecto igual fue sometido a consideración y explícitamente negado en el referendo de reforma constitucional efectuado en diciembre de 2007.

La andanada contra la oposición, con el fin de cerrarle todo espacio político hasta llegar a suprimirla, se ha venido intensificando desde que Chávez ganó en Febrero de este año el referendo que permite la reelección indefinida, contando para ello con el control del poder electoral y el ******o de propaganda e intimidación con el que cuenta, pues es bien sabido que existen bandas de milicias exaltadas que amedrentan y acosan a la oposición.

No hay libertad de prensa: cerraron Globovisión y Radio Caracas Televisión. La SIP en su última Asamblea del 2008 piensa que “la censura y la sumisión pretende imponérseles a los medios de comunicación, la educación, las instituciones culturales y gremios de la sociedad civil, trabajadores y sindicatos, así como al sector productivo independiente; aspecto que también se extiende sobre la voluntad de ciudadanos que tienen la retaliación gubernamental”. En su reunión de medio año de 2009, la SIP condena la violencia, crímenes y hostigamiento contra periodistas y medios, la criminalización de la oposición (http://www.sipiapa.org).

Es importante comparar este estado de cosas con el que vive Colombia, porque aquí se ha argumentado que una posible reelección convertiría a Colombia de un estado democrático de derecho a una dictadura. La posibilidad de que haya una oposición que pueda gobernar y la existencia de la libertad de prensa, como parte de la libertad de opinión, son condiciones irrenunciables de un tal estado, que aquí se respetan rigurosamente: la oposición gobierna en los lugares en los que ganó electoralmente sin que se les restrinja sus competencias y con la debida colaboración de las autoridades nacionales. Hay un gobierno rigurosamente respetuoso de la libertad de expresión y quienes persiguen y asesinan periodistas en Colombia son los grupos armados ilegales y las bandas de delincuentes. No hay comparación posible entre nuestros dos países.