ESCRITO POR PLINIO APULEYO MENDOZA
VIERNES 01 DE MAYO DE 2009 13:04
¿Injusticias? Prefiero llamarlas aberraciones. Son flagrantes, escandalosas, encubren falsedades si se examinan de cerca. Afectan a personajes como Álvaro Araújo Castro y a su padre, al coronel Mejía Gutiérrez, al almirante Arango Bacci y a no sé cuantos más detenidos, víctimas también de falsos testigos y de una Fiscalía compulsiva y también infiltrada que les concede crédito. Hoy me detengo sólo en el caso del coronel Alfonso Plazas Vega.

Oficial honesto, se ganó el odio de la extrema izquierda -los ex M-19, las Farc y sus amigos- por su heroica actuación en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Pero también como Director Nacional de Estupefacientes, en el 2002, se hizo acreedor a la venganza de los narcotraficantes por haberles arrebatado numerosas propiedades. Y para completar este cuadro de hostilidades, tiene en su contra a los abogados mamertos del Colectivo Restrepo Alvear, interesados hoy en convertir a los funcionarios que murieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia, devorados por las llamas, en "desapariciones forzadas" con el fin de arrancarle al Estado cuantiosas indemnizaciones.

¿De quiénes se valen para inculparlo? De hombres que se verían en apuros para obtener un limpio pasado judicial: un ex policía llamado Ricardo Gámez Mazera, llevado por el padre Javier Giraldo (hoy incriminado por el comandante guerrillero Samir de trabajar en contacto con las Farc) a una notaría para dejar allí sus falsos cargos horas antes de salir del país. (Los reiteraría muchos años más tarde en la revista Semana, desde Bruselas, sin jamás comparecer ante una autoridad judicial). Otro testigo, el ex cabo Villamizar o Villarreal, dijo haber sido traído aquel día de Villavicencio a Bogotá en helicóptero, cuando entonces no había helicópteros en la base militar de aquella ciudad; y, finalmente, un tal Tirso Saénz, preso en Cómbita por delitos de falsedad y homicidio que le sumarían 102 años de cárcel. Todos declaran hasta 20 años después de los sucesos sin poder demostrar ni que estuvieron allí ni que sirvieron a órdenes de Plazas.

A esa clase de testigos se suman arbitrariedades judiciales y amenazas. El primer abogado de Plazas, Andrés Garzón Roa, quedó inhabilitado por supuesta dilación del proceso debido a su alegato de que este caso debía quedar en manos de la Justicia Penal Militar, como lo disponía la Constitución de 1886 entonces vigente. El segundo defensor, el respetable ex magistrado Miguel Antonio Roa, retiró su propuesta de asumir la defensa de Plazas Vega por amenazas contra su vida. Una noche de fines de marzo, minutos después de dejar a su colega y asistente Pedro Capacho en la calle 127, a este se le acercaron dos hombres bien vestidos. "Es mejor que no se ocupen de la defensa de Plazas" -le dijeron-. "Somos mensajeros". Mafia de la droga, claro está.

Pese a ello, muy valeroso, Capacho tomó el relevo. Pero sólo 24 horas después de haberse acreditado como defensor y cuando no había podido leer un expediente de cientos o miles de páginas, la jueza María Stella Jara abrió la audiencia en ausencia suya y del acusado. Micrófonos, prensa, petición de la fiscala Ángela María Buitrago y de los mamertos de la Álvear Restrepo de que Plazas sea trasladado a una cárcel común (donde podría ser asesinado con relativa facilidad), y amenaza de la jueza de dar el caso a un defensor de oficio. ¿Por qué? "Porque tengo órdenes de terminar el juicio en el mes de mayo", le dijo a Capacho.

¿Querrá el fiscal Mario Iguarán -antes de dejar su cargo- lucir como trofeo la condena al coronel Plazas? Todo es posible con una Fiscalía infiltrada donde ciertos detenidos, al revés del famoso principio universal de la Justicia, son culpables aunque se demuestre lo contrario.

Plinio Apuleyo Mendoza