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Colombia: 1.686 desaparecidos en dos años Marzo 20th, 2009
Por : Sergio de Castro Sánchez / Diagonal
El 6 de marzo, una gran manifestación denunció la desaparición de miles de personas a manos del Estado. Sólo entre 2007 y 2008 fueron 1.686 los ‘falsos positivos’ ejecutados por el Ejército.
El mayor escándalo asociado a la doctrina de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe comenzó en septiembre pasado cuando se conocía que 19 jóvenes de barrios marginales de Bogotá habían sido ultimados por el Ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate, a cambio de lo cual los militares recibían las recompensas y permisos promovidos por el Gobierno de Uribe para estos casos. A partir de ese momento, las cifras de los casos relacionados con los llamados “falsos positivos” no hicieron más que crecer. Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sólo entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se habría dado un total de 1.686 desapariciones forzadas, la mayor parte de ellas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales.
La respuesta del Gobierno no se hacía esperar y una treintena de mandos militares eran destituidos. Mario Montoya, comandante en jefe del Ejército, dejaba su puesto y a cambio era nombrado recientemente embajador en la República Dominicana. Posibles vínculos de Montoya con paramilitares cuando ejercía de comandante en Medellín (refrendados por informes de la CIA) y su pertenencia a la Alianza Anticomunista Americana, encargada en los años ‘70 de actuar contra opositores, abogados y periodistas, son algunos de los antecedentes de Montoya.
Ley de Víctimas
Casi de manera paralela al escándalo de los “falsos positivos”, la mayoría parlamentaria del grupo liderado por Uribe aprobaba una nueva Ley de Víctimas que daba la espalda a las propuestas emanadas de las propias víctimas, varios congresistas y miembros de la sociedad civil. La nueva ley, entre otras cosas, obliga a las víctimas de crímenes de Estado –a diferencia de lo que ocurre con las de grupos ilegales– a contar con una sentencia ejecutoria de un organismo judicial para poder acceder a las reparaciones. Unas reparaciones que serán otorgadas por el Estado por “solidaridad” y no basadas en posibles responsabilidades del mismo.
La Ley, que aún debe pasar por el Senado, “pretende consolidar la usurpación ilegal de las tierras”, ya que “las víctimas de desplazamiento forzado ya no serán propietarios (…) de las tierras usurpadas porque tendrían que ceder sus derechos al Estado, que a través de su estrategia militar y paramilitar los obligó a desplazarse”, según denunciaba a través de un comunicado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Lo que conviene a Uribe
“Pareciera que al presidente Uribe le convenga la situación de guerra que se vive en el país y que a las FARC les gusta que esté en el poder”, declaró Alan Jara, ex gobernador del Departamento del Meta, después de ser liberado de manera unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras más de siete años de cautiverio. Su llamada, así como la del también liberado Sigifredo López –ex diputado del departamento del Cauca–, a la solución negociada al conflicto armado que vive Colombia desde hace cinco décadas fue objetada con rotundidad por el presidente colombiano: “El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados”. Así respondía no sólo a los recién liberados y al grupo Colombianos/as por la Paz, sino también a la propuesta de las FARC de poner en libertad a 22 policías en su poder a cambio de la de 500 presos guerrilleros.
Fuente: chilepress
periodico diagonal
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