El presidente Uribe ha divulgado sus principios a través de sus consejos comunitarios, la prensa y la televisión colombianas. Lo que ha hecho eco en un 90% de la población colombiana.

El presidente Uribe se ha aprovechado del hecho que los colombianos adolecen de una identidad formada alrededor de la legalidad y que en su ausencia usan las armas y la violencia para asegurarse de que sus ideas y su poder se mantengan.

El surgimiento del narcotráfico floreció en Colombia por la mentalidad generalizada de que no importan los medio sino los fines, y si hay alguna forma rápida de hacerse rico o mitigar la pobreza no hay ninguna razón para desecharla.

De esta manera la corrupción no atrapa la atención de los colombianos y menos aún de la política colombiana, por lo que la impunidad es la regla de la violencia y el crimen en Colombia, especialmente para toda la criminalidad a alto nivel. Y esa es la explicación fundamental del teflón del Dr. Alvaro Uribe y del que él se jacta con arrogancia.

El paramilitarismo fue creado por el gobierno colombiano, se estableció durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria y recibió el impulso y el desarrollo inmediato del hoy presidente Uribe. El paramilitarismo recibió el entrenamiento militar del mismo ejército colombiano al tiempo que de peritos israelíes y estadounidenses y la amplia y generosa financiación de la empresa privada agro-pecuaria e industrial colombiana y de algunas multinacionales, principalmente estadounidenses. También recibió el apoyo de la Iglesia Católica que promulga el dogma de la extinción del comunismo aún contra la violación del quinto mandamiento, el cual no es aplicable a quienes descuarticen o desaparezcan a miembros de las FARC a quienes los apoyen e incluso a quienes simpaticen con ellos. El ampliamente conocido jesuita Alfonso Llano Escobar ha sido un vocero incansable de este objetivo de la Iglesia. No sorprende a nadie que muchos clérigos bendijeran las motosierras, los puñales, las ametralladoras y a los mismos paramilitares para que Dios los iluminara y les diera valor en sus acciones de exterminio humano.

Es importante recordar que las Convivir, justificación del paramilitarismo legalizado por el gobierno, no fueron creadas para la construcción de escuelas, puentes, carreteras y hospitales, sino exclusivamente para combatir al campesinado que apoyara o simpatizara con las FARC. Diezmar la base social de las FARC y su apoyo logístico fue la misión gubernamental del paramilitarismo. El Plan Patriota se encargaría de enfrentar directamente a las FARC, mientras el paramilitarismo enfrentaba a la población en una guerra civil maquinada desde el gobierno e impulsada desde sus principios por el hoy presidente Uribe.

La filosofía del paramilitarismo y la del presidente Uribe se compaginan perfectamente no por coincidencia, sino por el liderazgo que de estas ideas ha distinguido al Dr. Álvaro Uribe y que ha guiado a todos los paramilitares. El odio a las FARC es el elemento primario que une los corazones del presidente Uribe y de los paramilitares.

Apoyar la violencia armada ciudadana, como abiertamente lo hizo el dr. Álvaro Uribe, lo obligaba a hacerse responsable de sus abusos y consecuencias, no solo de sus éxitos. Impulsar una guerra civil es una gran responsabilidad frente a los derechos humanos y la paz de una nación.

El gobierno cuenta con instituciones para enfrentar problemas bélicos internos de los que se debe alejar completamente a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas, es una de ellas. Una acción errada produce otras reacciones erradas como en una línea de dominós. Promover masacres de campesinos que apoyaran o simpatizaran con las FARC provocó la misma reacción de las FARC contra la población civil que apoyara al gobierno o simpatizara con él. Daños colaterales de lado y lado agudizarían la situación y la empujarían a un grado mucho peor.

Causar ese escenario es una responsabilidad muy seria por las vidas que implica no importa de qué bando sean. Los problemas bélicos deben dejarse en las manos profesionales del ejército y no en ninguna otra. Era predecible que ciudadanos armados y con objetivos no humanitarios estuvieran disponibles para asimilarse al crimen de una manera fácil e inmediata. No pensar en las consecuencias de las decisiones y solo vivir obsesionados de la desesperación por resultados inmediatos puede destruir estrategias contra un enemigo y agregar situaciones peores de las que se tenían originalmente.

Si la población civil se hubiera sublevado en armas era deber inmediato del gobierno, y del hoy presidente de la república, impedir una guerra civil y el escalamiento del conflicto armado. Esos civiles debieron desarmarse ipso-facto y ser invitados a formar parte del Ejército Nacional, creado para defender con las armas los derechos de todos los ciudadanos.

Fue inconcebiblemente grave que el gobierno colombiano y el dr. Álvaro Uribe no hubieran actuado de acuerdo a los principios de la democracia y el sentido común.

Ese estilo de desdén y desconocimiento de los principios del bien humano y de la democracia han caracterizado siempre al presidente Uribe. Su reciente violación de la soberanía del Ecuador, censurada unánimemente por todos los países latinoamericanos, es otra prueba más de la convicción del dr. Álvaro Uribe de que el respeto por la vida humana y la democracia no sirven. Los mismos Estados Unidos y los países europeos ven con preocupación y desconfianza la conducta criminal, desde el punto de vista democrático y humano, que el dr. Álvaro Uribe despliega en Colombia y por la cual ha logrado un 90% del apoyo de la población que vive en las ciudades principales y que se prestan a las encuestas.

Enderezar el país torcido que ha creado el dr. Álvaro Uribe es una tarea meticulosa, dura, pero necesaria y urgente.

La Corte Suprema de Justicia está desarrollando una labor heroica y encomiable en Colombia, que llena el vacío de principios morales y legal de los colombianos. Gracias a esta excepcional circunstancia y con las denuncias civiles que han sido oídas por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por miembros del Congreso Colombiano que buscan la transparencia y el rendimiento de cuentas de las acciones del gobierno, Colombia tuvo la oportunidad de conocer y ha ido desenmascarando lentamente la red de relaciones entre el narcotráfico, el terrorismo paramilitar, la empresa privada y las ramas del poder en Colombia, principalmente el legislativo y ejecutivo a todos los niveles y el judicial a niveles municipales.

La estructura criminal en las instituciones de Colombia comienza a vislumbrarse y los defensores del crimen comienzan a culpar su colapso, y el de un gobierno colombiano impregnado hasta el tuétano de criminalidad, en la acciones de justicia y orden que ha iniciado la Corte Suprema de Justicia de Colombia.