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Estos nuevos grupos armados han logrado consolidar un corredor de narcotráfico que va de Urabá hacia la frontera con Venezuela, agrega el organismo. Las conclusiones están en el último informe de la Misión de Observación de la OEA (que también lo será de Sergio Caramagna como jefe de la delegación en Colombia).
El texto advierte que "la presencia de facciones armadas al servicio del narcotráfico constituye una amenaza que no sólo afecta a las comunidades sino también impacta el proceso de reintegración de los ex combatientes, así como la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas".
Cinco años después de su llegada al país, Caramagna y su equipo consideran que el paramilitarismo como tal "ya no es lo que era" en Colombia.
Pero los buenos efectos del desarme 'para' ya no se sienten o nunca se sintieron en 28 zonas en las que la presencia de cultivos, rutas y laboratorios sigue generando violencia, a pesar de que los golpes de la Policía y el Ejército han disminuido en un 52 por ciento el número de bandas en comparación con el 2006.
La OEA dice que en esas regiones hay una presión concreta sobre los desmovilizados para que vuelvan a la vida delictiva, "lo que ha provocado en algunos casos la reincidencia, así como también la muerte y el desplazamiento de estas personas".
Según el informe, hay unos 7 mil ex 'paras', de un grupo base de 32 mil, que están desconectados del Programa de Reinserción. Y dice que en regiones como el Bajo Cauca, Córdoba, Santander y Norte de Santander hay casos de desmovilizados que "continúan delinquiendo mientras siguen en el Programa".
En el 2008, fueron capturados 257 ex Auc que formaban parte de las llamadas 'bandas emergentes'. La alerta de la OEA es mayor porque 183 de ellos había tenido algún tipo de contacto con Reinserción durante el mes inmediatamente anterior a la captura.
La Misión y las autoridades creen también que la mayoría de los 1.658 ex 'paras' que han sido asesinados desde el 2003, cuando arrancaron las desmovilizaciones, tenía algún tipo de contacto o amenaza de los grupos que surgieron tras los desarmes.
El Estado tampoco ha logrado quebrar la atracción que ejercen las nuevas bandas sobre poblaciones jóvenes en las zonas más deprimidas. Ocho de cada diez miembros de estos grupos capturados aseguraron que su ingreso no fue forzado.
La presencia de las nuevas bandas se refleja también en la escasa participación de víctimas en los procesos de Justicia y Paz. La OEA asegura que eso se está viviendo en el Darién chocoano, "donde los habitantes que fueron afectados por el accionar de las autodefensas no se están presentando al proceso" porque muchos de los antiguos victimarios están con los nuevos grupos o tienen nexos con ellos.
Y señala la Misión que hay departamentos como Caquetá, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, donde la Ley que protege a las Víctimas es una ilustre desconocida.
Según la OEA, el corredor estratégico que se proyecta desde Urabá hacia Venezuela, que ha sido objeto de disputa en los últimos 30 años, sigue activo.
"Es un corredor crítico que parte desde el Urabá, en dirección hacia el oriente, pasando por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el sur del Bolívar, Barrancabermeja y algunos municipios aledaños, el sur del Cesar, llegando hasta la provincia de Ocaña", dice el documento, que resalta cómo los indicadores de violencia han vuelto a deteriorarse en esas regiones.
¿Una instantánea de lo que pasa en ese corredor? "Mientras que la facción al mando de 'Don Mario' pretende extender su influencia desde Urabá hacia el oriente, incursionando en la capital de Antioquia, la 'Oficina de Envigado' y su brazo armado, 'Los Paisas', pretenden ampliar su presencia desde Medellín, llegando al sur de Córdoba y extendiendo su influencia hacia Barrancabermeja (Santander)".
En Cesar, al otro lado del país, allegados a jefes 'paras' siguen manejando importantes cuotas de poder. La OEA menciona en concreto el caso de San Martín (Cesar), donde "las víctimas relatan que en el momento de diligenciar los formatos de reparación, los funcionarios municipales se rehúsan a escribir los nombres de posibles perpetradores". Las denuncias eran directamente contra 'Juancho Prada'.
Allí, dice el informe, "una gran mayoría de la administración municipal tiene vínculos de afinidad o consanguinidad con la familia de Juan Francisco Prada, miembro representante del desmovilizado frente 'Héctor Julio Peinado'. El nuevo alcalde es pariente de los Prada, a la vez que fue el administrador de la finca donde se desmovilizó el frente. El secretario de gobierno es cuñado de Prada y la personera es sobrina".