Han pasado exactamente 12 meses desde cuando, en la húmeda madrugada del primero de marzo del 2008, una operación de las Fuerzas Armadas de Colombia en territorio ecuatoriano desembocó en la muerte de Luis Édgar Devia, alias 'Raúl Reyes', el llamado canciller de las Farc, quien también cumplía papeles de portavoz, cerebro político y administrador de recursos de dicho grupo. El episodio generó conmoción no solo dentro del país, sino internacionalmente, con consecuencias que se sienten hasta el día de hoy. La demostración más clara es que las relaciones entre Bogotá y Quito, cortadas por decisión del presidente Rafael Correa pocas horas después del ataque, continúan rotas y sin posibilidades de arreglo a corto plazo.
Pero, sin desconocer la trascendencia de dicha determinación, lo sucedido al otro lado del río San Miguel tuvo efectos múltiples, que merecen un análisis. En primer lugar, es indudable que lo ocurrido representó un rotundo éxito militar, pues la maniobra fue ejecutada con precisión casi quirúrgica, concentrada únicamente en el campamento guerrillero, ubicado en la provincia de Sucumbíos. Con su accionar, las Fuerzas Militares se anotaron el que hasta ese momento fue el golpe más importante de su historia en la lucha contra la subversión, por lo menos hasta la ejecución de la 'Operación Jaque'.
Capítulo aparte merece el hallazgo de los computadores y memorias electrónicas que contenían, literalmente, miles de documentos. Parte de ellos se referían a los manejos internos de las Farc, mientras que otra porción reveló el impresionante entramado que la organización ilegal había logrado construir, tanto dentro como fuera de Colombia. Aunque los diferentes involucrados han querido cuestionar la veracidad de la información divulgada, lo cierto es que, hasta la fecha, todo lo dicho en los archivos de 'Reyes' ha probado ser cierto. De tal manera, el impacto por cuenta de esa incautación es equiparable al del operativo en sí mismo.
La caída del número dos del secretariado de las Farc constituyó un punto de inflexión en el conflicto. No solo demostró la superioridad en el terreno del Estado colombiano, sino que representó una inmensa derrota militar y sicológica para la guerrilla, que en las semanas y meses siguientes vería llegar nuevos reveses, al igual que la muerte de su líder histórico, Pedro Antonio Marín, alias 'Tirofijo'. Aunque las declaraciones triunfalistas de ese entonces sobre la inminente desaparición de los grupos ilegales no se han cumplido, es indudable que la correlación de fuerzas cambió, probablemente para siempre. Si el país no cae en los errores del pasado y continúa con el apoyo y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, el desenlace inevitable, tarde o temprano, será el fin de las Farc, ojalá en una mesa de negociación.
En contraste con el apabullante triunfo militar, lo hecho representó un inmenso costo internacional. Por primera vez en su historia, Colombia se constituyó en agresor, violando la frontera de una nación hermana y yendo en contravía de pactos y tratados que habían sido piedra angular de la diplomacia nacional. Debido a ello, la censura no se hizo esperar, tanto en el seno de la Organización de los Estados Americanos, como del Grupo de Río. Aunque el propio Álvaro Uribe ofreció disculpas e hizo un acto de contrición, las repercusiones de lo hecho seguramente se seguirán sintiendo durante décadas.
En su defensa, Colombia alegó que haber informado a las autoridades ecuatorianas de la existencia del campamento de 'Reyes' posiblemente habría desembocado en la huida del jefe guerrillero. Si bien Quito rechazó de plano esa tesis y ha fortalecido desde entonces su presencia militar en la frontera, lo cierto es que revelaciones recientes, como la del ex viceministro del Interior del vecino país José Ignacio Chauvín, muestran que los tentáculos de las Farc y del narcotráfico se han extendido mucho más de lo que el Palacio de Carondelet se atreve a reconocer.
Esa negativa a aceptar que Ecuador no puede ser indiferente a la evolución del conflicto interno colombiano es uno de los muchos obstáculos que atentan contra el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Adicionalmente, la violación de soberanía y la sensación de haber sido traicionado se han enquistado en Rafael Correa, quien ha dicho que jamás podrá perdonar a su homólogo colombiano por lo sucedido. Así las cosas, no se ve fácil el regreso de los embajadores respectivos a Quito y Bogotá, por lo menos mientras en cada uno de los palacios presidenciales sigan los mismos inquilinos.
A la luz de lo ocurrido en ese frente, y de la censura hemisférica, vale la pena preguntarse si la operación de hace un año era justificable. Aunque no es fácil aceptar la violación de ciertos principios fundamentales para la coexistencia pacífica, la respuesta es afirmativa. Puesto de otra manera, los costos de la operación en Angostura son ampliamente superados por los beneficios que constituyó el golpe contra las Farc, que, por cuenta de lo sucedido y por más irónico que suene, vio aparecer al otro lado de la frontera el germen de su propia destrucción.