Dos de los miembros de una comisión civil que el pasado domingo fueron garantes de la liberación de cuatro secuestrados de la guerrilla de las FARC, coincidieron este domingo en denunciar que el gobierno colombiano violó un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para tal fin.
El periodista Daniel Samper y la activista social Olga Sánchez, integrantes de un grupo de la sociedad civil, 'Colombianos por la paz', que logró que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaran la semana pasada a seis rehenes, concordaron por separado en esa denuncia.
Samper, en una crónica publicada este domingo por el diario El Tiempo de Bogotá, afirmó que el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció el domingo que hubo vuelos de aviones militares sobre la zona donde se debía producir la liberación de los tres policías y el soldado, lo que estuvo a punto de fracasar por esa razón.
Según Samper, en una conversación telefónica que sostuvo el jefe de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruza Roja (CICR), Beney Christophe, con Santos, el ministro "reconoció que se trataba de aviones militares de la Base de Tres Esquinas".
El CICR fue el encargado de recibir a los rehenes, junto con la senadora opositora Piedad Córdoba -pedida expresamente por las FARC-, en un operativo que se realizó en uno de los dos helicópteros que el gobierno de Brasil prestó para garantizar la neutralidad de la operación.
Por su parte, Sánchez narró al diario El Espectador de Bogotá, que los guerrilleros estaban "molestos y nerviosos por los sobrevuelos".
"Se sentían que volaban en círculo. El uno daba vueltas en un sentido y el otro en el sentido contrario, con intervalos de 3 a 5 minutos", agregó Sánchez, directora de la Casa de la Mujer y que hace parte de 'Colombianos por la paz'.
Debido a esos sobrevuelos, las FARC cambiaron el lugar inicial en el que se iba a cumplir la liberación por lo que la misión humanitaria debió trasladarse en el helicóptero a otro paraje cercano del selvático departamento de Caquetá (sur).
Según un comunicado expedido el viernes pasado por el ministerio de Defensa, "se trató de un error de buena fe" del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, y argumentó que fue "producto de la falta de definición de lo que podría ocurrir por encima del límite (de altitud para vuelos en el área de la entrega) aprobado".
El CICR reaccionó posteriormente y en un comunicado puntualizó que "la referencia de los 20.000 pies fue una indicación del límite sobre el cual podrían mantenerse vuelos comerciales".