Hoy cursan 849 procesos penales y más de 900 disciplinarios, al tiempo que comienzan las audiencias públicas de juzgamiento.



El mayor Óscar Alberto Acuña Arroyo, oficial de Inteligencia, sugirió que la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez en su finca cordobesa de 'El Ubérrimo' le daría especial relevancia a una acción de contraguerrillas en algún paraje vecino y acordó entonces con el comandante de un destacamento del Gaula militar y un grupo de soldados profesionales la manera de ejecutarla.
"Misión táctica Fénix", fue el nombre asignado a la operación que, sin embargo, no sería genuina ni legal. Según el expediente 5265, radicado en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el mayor Acuña y el capitán Álvaro Camargo, comandante del Gaula, se apoyarían en un informante a sueldo para conseguir a las víctimas del que sería un combate simulado. Ambos estaban convencidos que se anotarían así un éxito adicional en sus folios de vida.
Daladier Herrera Osorio y Ómar Alfredo Osorio Almanza, dos jóvenes interesados en conseguir trabajo, se convertirían ese 5 de abril de 2006 en el objetivo de la celada criminal. Jonathan Andrés Barrios, designado por los militares para 'reclutarlos', los convenció de que en una finca próxima a Montería había una excelente opción laboral y consiguió llevarlos rumbo a la muerte.
En un descampado próximo a la carretera que va de Montería a Sincelejito, un grupo de soldados los esperaba para 'legalizarlos'. Mientras uno de los soldados les disparaba a quemarropa, sus compañeros hicieron varias ráfagas al aire con el propósito de crear artificialmente un falso combate.
De ahí en adelante, el montaje resultaría cada vez más burdo. La orden de la operación militar, basada en la supuesta presencia de una avanzada terrorista en Córdoba, fue redactada sobre un formato utilizado por una unidad militar del Caquetá, y el nombre de este departamento ni siquiera fue modificado por el de Córdoba. Un dictamen de balística obtenido por el juez penal militar, que asumió inicialmente la investigación del caso, señalaba que las armas que aparecieron junto a los cuerpos de los supuestos guerrilleros no funcionaban. Pero cuando el expediente fue asumido por la Justicia ordinaria, el dictamen fue adulterado y su sentido era diametralmente opuesto.
El mayor Acuña, el capitán Camargo y un grupo de soldados profesionales que actuaban bajo sus órdenes, ocupaban hoy sus lugares en el banquillo de los acusados de uno de los primeros juicios iniciados por los llamados 'falsos positivos'.
El 1º de noviembre de 2007, Fabio Alberto Sandoval Feria y Elonais Manuel González Correa, obreros de la construcción, aparecieron muertos en predios de la finca 'El Paraíso', en Galeras (Sucre). Yacían enfundados en ropas de campaña y el destacamento militar que los abatió proclamó el éxito de la operación Excalibur, desplegada a partir de la misión táctica Orión 85 y lanzada contra milicias de la guerrilla.
Las bases endebles sobre las que fue edificada esta historia oficial se desmoronaron cuando los investigadores de la Fiscalía hicieron un examen racional de los hechos. La responsabilidad penal se encuentra hoy en hombros de José Dionisio Ramos Castillo, un informante de profesión que había convertido los 'falsos positivos' en una ominosa forma de vida.
Estas dos historias hacen parte de las 849 investigaciones penales abiertas durante los últimos tres años por fiscales especializados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo con cifras del fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, los expedientes han desembocado hasta la fecha en 300 decisiones de fondo contra miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que los apoyaban en una de las prácticas más lesivas y repudiadas actualmente en el país. Se trata de decisiones que han pasado prácticamente inadvertidas en medio de los escándalos periódicos desatados cada vez que se conocen nuevos episodios en varias regiones del país. Carlos Camargo, jefe encargado de la Unidad, destaca que los resultados obtenidos hasta hoy en la cruzada estatal contra crímenes cometidos por agentes oficiales ha sido posible gracias a las acciones articuladas por los fiscales y por los propios mandos militares, dispuestos a cambiar la vieja cultura del espíritu de cuerpo que servía como capa de blindaje y amparo a la impunidad.


sigue...... es un articulo y muy largo pero bueno!

fuente:
http://www.cambio.com.co/informeespe...O-4780136.html