3. Posicionamiento de los paramilitares durante los últimos cinco años
A partir de entonces, en la Comuna 13 se contó con la presencia de integrantes del Bloque Metro, del Bloque de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y del Bloque Cacique Nutibara, a quienes se les imputa toda una multitud de crímenes adelantados con el propósito de generar el terror necesario para lograr ejercer un dominio absoluto sobre la zona. Para lograr su propósito, adelantaron una serie de actos criminales dirigidos en un principio a desestructurar los diferentes procesos organizativos, sometieron a la desaparición forzada a unas 70 personas, dieron inicio a una serie de asesinatos selectivos contra habitantes y líderes reconocidos de la zona de los cuales hemos alcanzado a documentar 30, encontrándose entre ellos los cometidos contra TERESA YARCE (octubre 6 de 2004), HAIDER RAMIREZ (agosto 23 de 2006), JUDITH ADRIANA VERGARA (abril 23 de 2007) y VICTOR HUGO GALLEGO (diciembre 31 de 2007). Modificaron algunos patrones de conducta criminal con el propósito de generar en la opinión pública la percepción de condiciones de tranquilidad y paz, la persecución de personas consideradas como enemigas o indeseables se adelantó por fuera de la Comuna 13, los homicidios con arma de fuego disminuyeron y aumentaron los ocasionados con arma blanca para disminuir el impacto social que conlleva la utilización de las armas de fuego. Algunas de las personas por ellos retenidas y sacadas de sus domicilios habitualmente han sido entregadas a miembros de la fuerza pública quienes los asesinan para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate, tal y como sucedió con WILSON DARIO PEÑA (diciembre 30 de 2004) y JOHN FERNANDO AGUDELO (mayo 21 de 2005).
En estas condiciones procedieron a tomar posesión de los diferentes procesos organizativos, colocaron al frente de las organizaciones sociales de la zona a personas de su confianza y sometieron a la intimidación a muchas otras que continuaron gestionando procesos organizativos populares. Luego del proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara al mando de alias Berna, de manera ahora sí abierta procedieron a tomar posiciones en las diferentes estructuras sociales como juntas de acción comunal y juntas administradoras locales, continuaron manejando las extorsiones a comerciantes y a habitantes, reclutaron masivamente a menores de edad para involucrarlos en el tráfico de estupefacientes y para componer las tropas de otros frentes y bloques que pretendían mostrar en proceso de desmovilización.
En reciente informe de riesgo presentado por el sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se denunció que los habitantes de la Comuna 13 se encuentran sometidos al inclemente accionar de los grupos paramilitares desmovilizados y no desmovilizados, quienes adelantan agresivas campañas de reclutamiento forzado de menores a sus filas, son responsables de numerosos casos de desplazamiento forzado intraurbano y de diferentes modalidades de criminalidad (expendio de estupefacientes, extorsiones, etc.), sin que los integrantes de la fuerza pública tomen las medidas de protección del caso.
Se señala en este informe que: “En la actualidad, al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales articulado a las facciones que no se desmovilizaron y a los desmovilizados que continúan delinquiendo, se le adicionan el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, el constreñimiento a líderes barriales comunitarios y el desplazamiento intraurbano”.
4. Conclusiones
– Como consecuencia de la política oficial de persecución y exterminio de los diferentes procesos organizativos comunitarios se ha logrado la destrucción del tejido social.
– Las víctimas de los crímenes cometidos durante los últimos 5 o 6 años por paramilitares, en asocio con fuerzas oficiales, continúan en situación de absoluta impunidad y el pretendido proceso de desmovilizaciones de las fuerzas paramilitares presentes en la zona no satisface los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
– En la zona han sido halladas fosas comunes con 11 cadáveres de algunas de las personas desaparecidas por la fuerza pública y por los paramilitares, de los cuales hasta el momento sólo 6 de ellos han sido identificados.
– La aplicación del marco jurídico contenido en la denominada Ley de Justicia y Paz no garantiza efectivamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
– Consideramos propuestas de tipo civil como la Comisión Ética Internacional, organismo conformado por 20 personalidades internacionales de reconocida trayectoria que se encargue de apoyar y acompañar los procesos de las víctimas y de documentar y conservar la información de cara a la realización del derecho a la verdad, para que cuando se presente la oportunidad en Colombia se conforme la Comisión de la Verdad.
– Consideramos también la realización del inventario de daños que busca documentar la multiplicidad de daños generados con ocasión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13. Con este inventario no sólo se busca hacer conciencia sobre el derecho violado, sino que se abarque un concepto amplio de daño y víctima; hasta ahora en la Comuna 13 se tiene un proceso con 100 familias con las que se han documentado los casos y los daños ocasionados, daños de tipo colectivo (tejido social desarticulado, procesos organizativos aniquilados) e individual en su acepción jurídica amplia.