El juez español Baltazar Garzón advirtió el lunes en Bogotá sobre una posible intervención en Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI), si la Justicia no logra que los jefes paramilitares de extrema derecha paguen por los delitos cometidos.
"Podría considerarse, si no se arbitran los medios necesarios para evitarlo, que las extradiciones de los principales responsables de las Autodefensas Unidas (de Colombia, AUC), pueden ser un obstáculo insalvable para la aplicación de (la ley de) justicia y paz y eso haría necesaria la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", dijo.
Agregó que ello podría ocurrir "mediante la aplicación del principio de justicia penal universal de otros sistemas judiciales".
La advertencia de Garzón, realizada durante un acto público con el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, apunta a la reciente extradición de 13 ex jefes de las AUC a Estados Unidos, ordenada por el presidente Alvaro Uribe.
Según el mandatario, los paramilitares fueron extraditados porque estaban delinquiendo desde la cárcel y no cumplieron con el compromiso de confesar todos los delitos y reparar a las víctimas.
El grueso de las AUC se desmovilizó tras una negociación con el Gobierno que para ello promulgó una controvertida ley denominada 'de justicia y paz', que les garantizó penas máximas de ocho años de cárcel aún por delitos de lesa humanidad, siempre y cuando confesaran sus delitos y repararan a sus víctimas.
Los familiares de las víctimas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y voceros de la oposición, acusaron al Gobierno de evitar que los paramilitares revelaran sus vínculos con la clase política, que investiga la Corte Suprema de Justicia.
El juez español se pronunció además sobre el enfrentamiento de Uribe con la Corte, y dijo que "hay una responsabilidad institucional entre los altos organismos de la Nación en la que se deben respeto mutuo, y específicamente cuando se trata del ámbito de la independencia judicial".
En el marco de ese enfrentamiento, este lunes el presidente del máximo tribunal, Francisco Ricaurte, acusó a un "un sector del gobierno" de tramar un "complot en alianza con los paramilitares para desacreditar a la Corte".